La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) que agrupa a más de 16,000 miembros y profesores de derecho a nivel nacional, urgieron a los miembros de la Comisión de Judicatura de la Cámara de Representantes que apruebe un proyecto de ley que crea una nueva Corte de Inmigración independiente, reclamo que los propios jueces respaldan para no depender de las políticas migratorias del gobierno de turno.
Miles de abogados y profesores de derecho piden al Congreso crear una corte de inmigración independiente
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) que agrupa a más de 16,000 miembros y profesores de derecho a nivel nacional, urgieron a los miembros de la Comisión de Judicatura de la Cámara de Representantes que apruebe un proyecto de ley que crea una nueva Corte de Inmigración independiente que no dependa del Departamento de Justicia.
Por:Jorge Cancino
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AILA pide al Congreso que apruebe cuanto antes la denominada ‘Ley de Tribunales Reales, Estado de Derecho de 2022’ (H.R.6577), entregada en febrero al Comité Judicial, entre otros, por la representante Zoe Lofgren (demócrata por California).
La iniciativa indica que “crearía un sistema judicial de inmigración independiente bajo el Artículo I de la Constitución”, tal como opera el resto del sistema de justicia estadounidense.
La Corte de Inmigración (Oficina de Revisión de Casos de Inmigración -EOIR-), a diferencia del sistema de justicia ordinario, opera bajo el mando del Departamento de Justicia (DOJ) y el fiscal general ejerce autoridad sobre sus operaciones, personal y decisiones legales.
“Durante la mayor parte de los últimos 100 años, el poder Ejecutivo ha controlado los tribunales de inmigración, una estructura que los hace vulnerables a influencias indebidas y presiones políticas”, afirman los abogados.
La inherente falla en el sistema “ha socavado la credibilidad, la integridad y la capacidad de los tribunales para dictar sentencias justas”, agrega.
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Por qué el cambio
Al explicar las razones por la cuales debería aprobarse el proyecto de ley y cambiar el sistema de justicia migratorio, los abogados y profesores de derecho argumentan que un nuevo sistema bajo del Artículo I “no solo garantizará el debido proceso para aquellos que comparecen ante los tribunales, sino que también facultará a los tribunales para que funcionen de manera eficiente”.
“El sistema de tribunales de inmigración ha sufrido durante mucho tiempo profundos problemas estructurales que han erosionado gravemente su capacidad para dictar decisiones justas de manera oportuna, así como confianza en sus resultados”, señala el documento elaborado por los miembros de AILA.
Explican que la causa fundamental de esta disfunción “es un conflicto de intereses dentro del mismo sistema mismo” al haber sido creado en 1983, al igual que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) “dentro del DOJ”.
“Esta estructura colocó al fiscal general en la posición de controlar tanto el sistema judicial de inmigración, incluidos los jueces de inmigración y los miembros de la Junta Apelaciones de Inmigración, como a los abogados dentro de la Oficina de Litigios de Inmigración (OIL) que representan el gobierno contra los inmigrantes demandados en las cortes de circuito de apelaciones”, indica.
En pocas palabras, puntualiza el análisis, “el fiscal jefe supervisa a los jueces que escuchan los casos”.
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Momento de actuar
El apoyo al proyecto de ley asoma en momentos que el gobierno anuncia una serie de medidas ejecutivas para recuperar el debido proceso migratorio en la frontera una vez finalice la vigencia del Título 42 del Código de Estados Unidos, una política que data de 1944 y que ha permitido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en los últimos dos años deportar de forma acelerada por razones de salud publica a unos 2 millones de extranjeros.
Entre los cambios se encuentra otorgar poderes extraordinarios a los oficiales de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) para que aprueben asilos en la frontera y solo aquellos casos que desestimen enviarlos a los jueces de inmigración.
Hasta ahora la totalidad de los casos de asilo son vistos por los jueces de inmigración quienes deciden la permanencia de un solicitante en Estados Unidos.
Una segunda medida otorga poderes discrecionales a los fiscales de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para desestimar casos de deportación de baja prioridad, un poder que hasta ahora solo lo ejercen los tribunales de inmigración.
Ambas medidas ayudarán a descongestionar el sistema.
El DHS planea retirar el Título 42 el 23 de mayo. El ministerio ha dicho que se prepara para varios escenarios, entre ellos la atención en un solo día de hasta 18,000 casos de asilo, esto en base a estadísticas de detenciones y expulsiones llevadas a cabo por la Patrulla Fronteriza en los últimos dos años.
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Jueces independientes
El planteamiento de AILA se resume en que el Congreso debe crear una Corte de Inmigración con jueces independientes que actúen en base a derecho y no por órdenes del fiscal general en turno.
“Este conflicto se agudiza por el hecho de que los jueces son considerados procuradores del Estado, categoría que no reconoce la importancia de sus deberes judiciales y los deja
particularmente vulnerables a las presiones e interferencias políticas”, indican.
Señalan además que a diferencia de los jueces federales del Artículo III, “a los jueces de inmigración no se les garantiza la titularidad ni muchas de las otras protecciones que los aísla de influencias externas”.
Y que por capricho del Poder Ejecutivo y del fiscal general, “los jueces de inmigración han estado sujetos a políticas y procedimientos políticos que ponen en peligro la calidad y coherencia de sus decisiones, así como su capacidad para producir resultados justos”, puntualizan.
El documento arguye además que “durante años hemos visto los efectos perjudiciales de un sistema judicial de inmigración politizado” y que los gobiernos de turno “han tomado repetidamente decisiones políticas no porque sean eficientes o suenan legalmente, sino porque son políticamente convenientes”.
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Atasco insostenible
Los abogados advierten que el fallo estructural de la Corte de Inmigración ha dejado a los jueces con las manos atadas y que el problema, además, ilustra un problema mayúsculo con la acumulación de más de 1.7 millones de casos. Y en muchos de los casos los afectados deben esperar “más de cinco años para que sus casos sean escuchados”.
“Irónicamente, el retraso excesivo es en parte atribuible a los enfoques contradictorios adoptados por administraciones anteriores, que han intentado reducir el atraso al tiempo que avanzaban en sus prioridades políticas”, indicaron.
Recordaron que durante la Administración Obama (2009-2017), el gobierno “priorizó la adjudicación de casos de ‘unidad familiar’, un enfoque que la Corte más tarde
dijo que ‘coincidió con algunos de los niveles más bajos de productividad de finalización de casos en la historia de la EOIR”.
Por su parte, la Administración Trump ordenó el despliegue de jueces de inmigración en centros de detención ubicados en la frontera “pero fueron mal utilizados debido a la falta de casos en la región”.
“La oleada de jueces a la frontera obligó a los tribunales de inmigración a reprogramar más de 20,000 otros casos que habían estado en espera de resolución”, política que en vez de resolver el atasco lo incrementó.
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La solución
Los miles de abogados y profesores de derecho asociados a AILA coinciden en que la propuesta de Ley de Tribunales Reales, Estado de Derecho de 2022 “es la solución” al problema y permitirá “arreglar un sistema de justicia que se encuentra profundamente defectuoso”.
“Lo que es más importante, esta legislación movería a los tribunales fuera del Departamento de Justicia DOJ para que funcione como un tribunal de inmigración independiente consistente con el Artículo I de la Constitución”, agrega.
El cambio propuesto, “liberaría a los jueces de los caprichos políticos de los fiscales generales, aseguraría que el sistema judicial tenga los recursos y el apoyo adecuados para operar de manera eficiente y de manera eficaz, y mejoraría la transparencia y la rendición de cuentas en los procedimientos judiciales”, expresa el documento.
AILA también señala que la iniciativa de ley “ofrecería a los jueces de inmigración mayor protección contra influencias indebidas, lo que ayuda a garantizar que las decisiones sean justas y coherentes”. A su vez, la judicatura “tendría mayor prestigio y probablemente atraería a personas más calificadas,
fortalecería aún más la reputación y la integridad del sistema”.
La entidad hizo un llamado a ambos partidos para que, con apoyo bipartidista, el proyecto de ley avance en ambas cámaras y sea enviado al escritorio del presidente para que sea promulgado cuando antes.
