Las nuevas políticas de seguridad que viene implementando el servicio de inmigración desde el último trimestre del 2025 no solo causan ansiedad en miles de residentes legales permanentes que califican para solicitar y convertirse en ciudadanos estadounidenses por naturalización, sino que muchos de ellos tenían planes de juramentar a tiempo para registrarse como electores y votar en los comicios del primer martes de noviembre.
¿USCIS ha suspendido las entrevistas de ciudadanía hasta después de las elecciones de noviembre? Esto es lo que sabemos
La agencia ha indicado que esto “sencillamente, no es cierto" y que "las entrevistas de naturalización continúan y se llevan a cabo de manera ininterrumpida". Sin embargo, abogados y organizaciones reportan que sus clientes han visto demorados los trámites. Te explicamos qué está pasando.
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El secretismo con el que se maneja la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), al igual que la totalidad de agencias que operan bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no permite conocer detalles del tipo de políticas que se están implementando. Tampoco da lugar a la verificación independiente por parte del Congreso.
En agosto del año pasado, USCIS publicó una nueva política ( PM-602-0188 ) donde anunció que había restablecido un riguroso estándar “integral y completo de evaluación de la buena conducta moral para extranjeros que solicitan la naturalización”.
La norma detalla que el nuevo proceso “implica una evaluación integral del comportamiento del extranjero, su adhesión a las normas sociales y sus contribuciones positivas que demuestran afirmativamente una buena conducta moral”. Pero no explica cómo se miden los conceptos ‘evaluación integral’, ‘adhesión a las normas sociales’ o ‘buen carácter moral’ (este último vigente desde hace décadas) para aprobar o desestimar una solicitud de naturalización N-400.
Abogados dicen que la ley vigente estipula claramente quién no califica para recibir la nacionalidad estadounidense por naturalización, entre ellos quienes han cometido, por ejemplo, asesinato, un delito grave, tortura y/o genocidio, por lo que no se explican por qué la nueva medida de verificación de la agencia se basa en las mismas prohibiciones al tiempo que anunció un mayor nivel de verificación.
A ese momento, cuando se emitió la nueva política, la herramienta que mide los tiempos de procesamiento indicaba que la demora en solicitar la ciudadanía, incluyendo procesamiento, entrevista y juramentación, era de aproximadamente un promedio de entre 7.5 y 11.5 meses. Pero después de agosto las demoras comenzaron a crecer sin explicaciones.
Al 30 de septiembre de 2025, un mes después de la implementación de la nueva regla, USCIS tenía acumuladas 534,458 solicitudes de naturalización N-400. De ellas, 9,486 correspondían a peticiones de militares en alta en las Fuerzas Armadas estadounidenses.
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Incertidumbre por las demoras
En la red social Instagram hay decenas de mensajes similares. “Miles de personas en todo Estados Unidos han recibido en 2026 un mensaje que causa ansiedad inmediata. Su entrevista N-400 ha sido cancelada sin explicación, sin una nueva fecha, sin claridad. No es un error técnico, sino una serie de cambios técnicos que afectan entrevistas, revisiones de antecedentes y juramentos en todo el país”, dijo el abogado Antonio Delgado quien ejerce en Los Ángeles, California.
Mensajes similares se encuentran en la red social TikTok donde no solo advierten demoras, sino también detenciones por parte de agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de residentes permanentes a quienes les desestiman sus solicitudes de naturalización por haber cometido crímenes que los convierten en deportables.
“Según una fuente confiable, las entrevistas para la ciudadanía en USCIS Houston estarán pausadas”, escribió el abogado Jesús Suday.
Un informe de la organización Hope Immigration en Atlanta, Georgia, indica que pedir la ciudadanía estadounidense es un paso emocionante, pero que “desafortunadamente, informes recientes sobre la orientación interna de USCIS sugieren que algunos casos de naturalización podrían enfrentar tiempos de espera más largos de lo habitual”.
¿De cuánto tiempo? ¿A quiénes afecta? “Hasta finales del año pasado, los solicitantes tenían una cita para una entrevista de entre tres y cuatro meses” después de presentar su solicitud N-400, dice la publicación. Sin embargo, desde enero, “solo hemos tenido un cliente programado para una entrevista”, mientras que, en 2025 “teníamos un promedio de dos entrevistas al mes”, señala la organización.
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El memorando de enero de USCIS
El 1 de enero USCIS publicó que con efecto inmediato entraba en vigor una nueva política de “suspensión y revisión de solicitudes de beneficios presentadas por extranjeros de países adicionales de alto riesgo”, entre ellas los formularios N-400 de naturalización.
La lista de países de alto riesgo incluye a: Afganistán, Angola, Antigua y Barbuda, Burma, Burkina Faso, Burundi, Chad, Costa de Marfil, Cuba, Dominica, Eritrea, Gabón, Gambia, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Laos, Libya, Malawi, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, República del Congo, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Venezuela, Yemen, Zambia y Zimbabwe.
La regla ordenó llevar a cabo “una revisión exhaustiva de todas las políticas, procedimientos y procesos de evaluación y verificación para las solicitudes de beneficios de extranjeros provenientes de los países enumerados en la PP 10998”, además de “llevar a cabo una nueva revisión exhaustiva de las solicitudes de beneficios aprobadas que estén comprendidas en la PP 10998
y que hayan sido aprobadas el 20 de enero de 2021 o posteriormente”, es decir, todos los casos aprobados durante la administración del expresidente Joe Biden.
Entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de enero de 2025, USCIS aprobó entre 10 y 11 millones de solicitudes de beneficios diversos. La agencia, por su parte, tenía acumulados al 30 de septiembre del año pasado 11.6 millones de solicitudes de beneficios, entre ellos:
- 2,357,348 formularios I-130 (peticiones familiares)
- 263,655 formularios I-751 (peticiones de retiro de condiciones de residencia)
- 1,726,897 formularios I-765 (peticiones de empleo)
- 1,435,560 formularios I-589 (peticiones de asilo afirmativo)
- 1,173,699 formulariosI-821 (peticiones de TPS)
- 130,064 formularios I-821D (peticiones de DACA)
- 421,782 formularios I-918 (peticiones de visa U)
- 1,243,867 formularios I-485 (peticiones de ajuste)
- 534,458 formularios N-400 (peticiones de ciudadanía).
“Se instruye al personal de USCIS a priorizar las preocupaciones de seguridad nacional y seguridad pública, y a garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables durante el proceso de adjudicación”, precisa la norma sin detallar ni prever las afectaciones a los tiempos de procesamiento.
Golpe a la inmigración legal
El 21 de abril, casi cuatro meses después de la publicación de la política de USCIS, el Instituto CATO (de tendencia conservadora) denunció que el gobierno redujo “a la mitad las aprobaciones de tarjetas de residencia para ayudar a ICE a arrestar a inmigrantes legales”.
El informe precisa que la administración “ha reducido drásticamente la inmigración legal proveniente del extranjero, pero simultáneamente ha recortado de manera tajante la concesión de la residencia permanente legal a personas que ya se encuentran en Estados Unidos”. Y que la estrategia se lleva a cabo mediante “suspensiones” ordenadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) basadas en seguridad nacional, pero con daños colaterales premeditados, por ejemplo, para impedir la entrega de nuevas tarjetas de residencia permanente (green card) o juramentaciones de nuevos ciudadanos estadounidenses.
La implementación del memorando del 1 de enero “permitió a ICE arrestar a inmigrantes legales, incluidos refugiados, personas bajo libertad condicional humanitaria (parol) y cónyuges de ciudadanos estadounidenses”, precisa el informe.
Y añade: “La suspensión de la tramitación no solo les impide obtener la residencia permanente legal, sino que, en algunos casos, provoca que pierdan su estatus legal previo. También les impide acceder a un estatus más seguro que podría evitar su arresto, detención y expulsión. Se trata de un esfuerzo deliberado para aumentar el número de arrestos por parte del ICE, obstaculizando los esfuerzos de las personas por mantenerse dentro del marco de la ley”.
El Instituto CATO denunció además que USCIS “ha colaborado con ICE para dejar a estos inmigrantes legales expuestos a ser arrestados, al no tramitar sus solicitudes”. Y precisa que los inmigrantes pueden solicitar la tarjeta de residencia —o residencia permanente legal— “desde dentro de los Estados Unidos; por lo general, lo hacen mediante un cambio de estatus desde otra categoría legal temporal, o bien desde el estatus de refugiado o asilado. Al obstaculizar su capacidad para obtener la tarjeta de residencia, el USCIS menoscaba los derechos de estos solicitantes e incluso puede provocar que pierdan su estatus subyacente”.
Si bien no existe una política basada en la seguridad nacional para dejar en el limbo, por ejemplo, a inmigrantes tramitando un beneficio migratorio legalmente disponible, como refugiados o asilados gestionando la green card o titulares del Programa de Acción Diferida para los Recién Llegados en la Infancia (DACA) gestionando la tramitación de sus permisos de trabajo, USCIS rechaza la implementación de reglas basadas en la deportación y argumenta que sus políticas solo cumplen nuevos estándares de seguridad nacional estipulados por el presidente Donald Trump.
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Orden ejecutiva del 6 de febrero
A finales de abril USCIS anunció nuevos controles de verificación que afectan a amplias categorías de inmigrantes que solicitan beneficios, entre ellos la ciudadanía por naturalización, ajuste de estatus y visas, entre otros.
Un memorando interno de USCIS incluyó instrucciones para que los agentes encargados de adjudicaciones pendientes de diversos beneficios —incluyendo asilo, tarjetas de residencia permanente (green cards) y ciudadanía— someterlas a controles de antecedentes reforzados del FBI (Oficina Federal de Investigaciones). Apuntó que se había instruido a los funcionarios a abstenerse de aprobar cualquier caso pendiente que no haya pasado por estos controles de antecedentes modificados y ampliados.
En una declaración por escrito enviada a la redacción de N+ Univision, Zach Kahler, portavoz de USCIS, dijo que la agencia había implementado “nuevos controles de seguridad para reforzar la verificación y evaluación de los solicitantes mediante un acceso ampliado a las bases de datos penales federales”.
Explicó que el procesamiento “continúa mientras aplicamos estos requisitos mejorados de verificación de antecedentes” y que cualquier retraso en la emisión de decisiones “debería ser breve y resolverse en poco tiempo”.
Pero la respuesta de la agencia dejó dudas e interrogantes. Entre ellas: ¿qué nuevos controles fueron implementados por USCIS? ¿Cómo impactarán los nuevos controles en la adjudicación de casos? ¿Qué nuevos sistemas de verificación están siendo utilizados?
La orden de Trump del 6 de febrero ordena incluir en las nuevas verificaciones de seguridad “a ciudadanos extranjeros con antecedentes penales que hayan ingresado o permanecido en los Estados Unidos en violación de las leyes de inmigración de los Estados Unidos, o que de otro modo busquen violar las leyes penales de los Estados Unidos”. Y añade que el fiscal general “proporcionará al DHS acceso -con fines relacionados con las misiones de evaluación y verificación de antecedentes del DHS, y en la máxima medida permitida por la ley- a la información de registros de antecedentes penales (CHRI) que se encuentre disponible para el Departamento de Justicia o que este mantenga bajo su custodia”.
El alcance de estas verificaciones no tiene límites. “Una fuente de USCIS me dijo que han suspendido las entrevistas para ciudadanía hasta después de las elecciones de noviembre”, dijo Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.
N+ Univision preguntó a USCIS si “había suspendido entrevistas de ciudadanía hasta después de las elecciones de noviembre”, de acuerdo con denuncias de abogados. Horas después la agencia respondió: “Sencillamente, no es cierto. Las entrevistas de naturalización continúan y se llevan a cabo de manera ininterrumpida. Las elecciones no constituyen un factor a considerar en su programación”.
El 16 de abril la revista digital Sahan Jornal reportó que las citas y ceremonias de naturalización en todo el país “se suspendieron abruptamente el pasado mes de septiembre, provocando un efecto en cadena para muchos inmigrantes, quienes tuvieron que cancelar planes de viaje, retrasar la asistencia a sus familiares con su estatus migratorio y volver a solicitar las tarjetas de residencia que habían caducado”.
Agregó que “funcionarios federales comenzaron a reprogramar las citas lentamente a mediados de marzo; sin embargo, los abogados locales afirman que la mayoría de sus clientes siguen a la espera de saber si se les asignará una cita, y les preocupa cuánto tiempo tomará procesar la acumulación de casos pendientes”.
USCIS no ha proporcionado datos respecto al costo de la implementación de las nuevas reglas de seguridad en los nuevos procesos de revisión ordenados por Trump el 6 de febrero. Tampoco se conoce cómo resolverá USCIS el atasco de 11.3 millones de solicitudes de beneficios existentes al 30 de septiembre de 2025.
Durante el gobierno de Biden USCIS otorgó entre 10 y 11 millones de beneficios migratorios que, si se suman a la revisión ordenada por la Casa Blanca, más los 12 millones de expedientes demorados, generarán un atasco nunca visto en el servicio de inmigración estadounidense. Entre los afectados, más de medio millón de residentes legales permanentes esperando por sus entrevistas de ciudadanía.