Las primeras medidas de Trump en inmigración: el muro, más centros de detención y recorte de fondos a las ciudades santuario
El presidente Donald Trump firmó este miércoles dos órdenes ejecutivas sobre inmigración: una de seguridad fronteriza, que incluye la ampliación del muro y de los espacios de detención para inmigrantes indocumentados, y la segunda busca cumplir las leyes migratorias en Estados Unidos y despojar de fondos federales a las ciudades santuario. Lo confirmó este miércoles el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.
La orden, revisada por Univision Noticias, establece la contratación de 5,000 agentes fronterizos más que deben entrar en funciones "tan pronto como sea viable" y 10,000 más para el Servicio de Inmigración (ICE). También anuncia la construcción de nuevas instalaciones para detener inmigrantes indocumentados en la zona fronteriza, ya sea por parte de la administración federal o subcontratándolo a otras empresas.
El muro con México
Según Spicer, la primera orden establece la construcción del muro fronterizo con México, pagado por el país vecino. "Es la primera medida de sentido común para asegurar la frontera", dijo el vocero.
La orden plantea que el objetivo del muro es el de "prevenir la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y personas y los actos de terrorismo".
"Estamos en medio de una crisis en la frontera sur", dijo Trump desde el Departamento de Seguridad al referirse a la llegada de decenas de miles de indocumentados. "Una nación sin fronteras no es una nación", agregó.
Con las medidas, el presidente aseguró que "Estados Unidos vuelve a recuperar sus fronteras (...) va a salvar millones de vidas y millones y milones de dólares".
Actualmente hay unas 652 millas de separación física (1,049 km) entre Estados Unidos y México, en forma de muro, verja o valla, según datos federales. La mayoría del resto de la frontera es agua, el Río Grande, además de haber otras complicaciones geográficas, históricas y sociales para su construcción.
El documento firmado por Trump prevé pedir al Congreso fondos para la construcción y mantenimiento del muro, tanto para este año fiscal como para el próximo. Según el Migration Policy Institute, podría costar hasta 25,000 millones de dólares.
Más capacidad de detención
El presidente Trump insistió este miércoles, tal como lo hizo en campaña política, en que los criminales serán arrestados y devueltos a sus países de origen. "Vamos a sacar a los malos, a los pandilleros, los vamos a sacar y los vamos a sacar rápido", aseguró.
Además, anunció la creación de una oficina dentro del Departamento de Seguridad Nacional para investigar los crímenes cometidos por las personas indocumentadas. También decreta la asignación de oficiales para determinar casos de asilo y jueces de inmigración que puedan atender los casos en el propio centro de detención.
Spicer adelantó en un encuentro previo con la prensa algunos detalles de cómo implementarían la medida: "Crearemos más espacios de detención para los inmigrantes ilegales a lo largo de la frontera sur para hacer más sencillo y económicas sus detenciones y el regreso a sus países".
La Casa Blanca insistió en su foco en los indocumentados con antecedentes criminales, sin especificar qué delitos tendrán en cuenta:
"Vamos a priorizar la persecución y deportación de inmigrantes indocumentados que también han violado nuestras leyes. Luego de que estos criminales pasen tiempo en prisión por los crímenes que cometieron, serán devueltos a sus países con un boleto solo de ida, y sus gobiernos tendrán que recibirlos".
El final de 'catch and release'
Además, el portavoz de la Casa Blanca explicó que se eliminará la "peligrosa" 'catch and release', una política revivida por el presidente Barack Obama y que prohíbe que agentes fronterizos usen la discreción para detener y deportar inmediatamente a inmigrantes indocumentados.
La decisión se conoce en momentos en que en la frontera se registran cifras récord de inmigrantes centroamericanos, quienes huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza, y llegan a Estados Unidos en busca de asilo.
La práctica prohíbe sus deportaciones inmediatas y exige que sea un juez de inmigración quien decida sus futuros en el país, procesos que pueden demorar hasta cuatro años a causa del atasco en las cortes de inmigración. En diciembre había más de 530,000 expedientes acumulados.
Más gente en las prioridades de deportación
La segunda orden migratoria de Trump prioriza la deportación de inmigrantes criminales, al igual que lo hacía la lista de prioridades definida en 2014 por Obama y el exsecretario de DHS, Jeh Johnson.
Sin embargo, las directrices del presidente amplían las prioridades de deportación para incluir a personas que hayan sido acusadas de un crimen pero no han sido sentenciadas.
La Casa Blanca también aseguró que pretende lograr reforma del sistema migratorio: autoriza a las autoridades locales y estatales para actuar como funcionarios de inmigración en investigaciones y detenciones.
Represalia a las ciudades santuario
La segunda medida le pide entre otras cosas al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, que busque maneras para recortar los fondos federales que van a las llamadas ciudades santuario y a sus estados, que no colaboran con las autoridades de inmigración en el control de los indocumentados.
"Despojaremos a las ciudades santuarios que albergan a inmigrantes indocumentados de los fondos federales", dijo Spicer ante los periodistas.
La vuelta del programa que atemorizó a los indocumentados
El vocero también dijo que el gobierno republicano restaurará el polémico programa Comunidades Seguras, que establece un sistema de cooperación automática entre las autoridades locales de seguridad y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El programa funcionó entre 2008 y 2014 como una poderosa base de datos manejada por el DHS y que permitía a las policías locales establecer el estatus migratorio de cada persona al momento de su arresto. Si la prueba biométrica demostraba que no tenía estatus migratorio o antecedentes criminales era introducido en una lista de deportables. El presidente Obama la eliminó en 2014 por falta de transparencia y luego de años de duras críticas con un total de 375,031 deportados, la mayoría de ellos con faltas que no amenazaban la seguridad nacional.
Contribuyeron en este reporte Jorge Cancino, Patricia Clarembaux, Damià S. Bonmatí, Melvin Félix y Patricia Vélez.
En fotos: Encuentros en la frontera a través del muro que divide a Estados Unidos y México
