Una jueza federal dio un nuevo revés a la orden emitida en julio por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que otorgaba a los policías de ese estado fronterizo la autoridad para detener vehículos si tenían la sospecha de que transportaban a inmigrantes indocumentados.
Jueza bloquea orden que autorizó a policías de Texas detener autos con indocumentados
La magistrada Kathleen Cardone concluyó este jueves que la iniciativa del gobernador Abbott “crea un obstáculo” para la aplicación de las leyes migratorias porque les exige a los agentes estatales que tomen determinaciones que no les corresponden.
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“La orden parece hacer poco para proteger la salud pública a pesar de sus supuestas motivaciones”, concluyó este jueves la magistrada Kathleen Cardone en un documento que termina por darle la razón al gobierno federal, el cual se opuso a la disposición de Abbott.
“Texas no presenta evidencia de que los no ciudadanos que ingresan a Estados Unidos por la frontera representen un riesgo particular para la salud, que restringir su transporte mejoraría la salud y la seguridad”, mencionó la jueza, quien resalta el estado no confirmó que los casos positivos de inmigrantes detenidos en la frontera representen un riesgo para la salud pública.
El gobierno de Texas destacó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó en junio pasado sobre un aumento del 900% en el número de inmigrantes arrestados en la frontera que dieron positivos de Covid-19. Pero la jueza Cardone dijo que “no hay evidencia de que esta tasa sea mayor que entre los ciudadanos estadounidenses”.
La magistrada ya había emitido a principios de mes una orden de restricción temporal para la orden de Abbott que vencía este viernes. En ese entonces la magistrada advirtió que dicha norma causaba “un daño irreparable” al país, además de que “entra en conflicto y representa un obstáculo a la ley federal de inmigración”.
Abbott presentó su orden ejecutiva el pasado 28 de julio señalando que era para evitar la propagación del Covid-19 debido a una crisis que se vive en la frontera con la llegada de miles de inmigrantes que vienen en busca de asilo y que el gobierno de Joe Biden no ha logrado frenar.
Tras la celebración de una cumbre fronteriza, el gobernador advirtió que tomaría “medidas enérgicas” contra los cruces fronterizos ilegales por su estado. Su plan, recalcó, era en respuesta a "las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden que han llevado una crisis humanitaria en nuestra frontera sur".
Sin aportar cifras, indicó que la crisis registra niveles récord de inmigrantes ilegales, drogas y contrabando que llegaban a Texas. Su objetivo, insistió, era “arrestar a criminales, proteger a los dueños de propiedades, liberar a nuestras comunidades de drogas peligrosas y proporcionar a los texanos el apoyo que necesitan y merecen en esta crisis sin precedentes”.
Específicamente, su orden les exigía a los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detener a cualquier vehículo ante la mera “sospecha” de que transportaba indocumentados, desviar ese auto hacia su punto de origen o garita fronteriza, y, si lo consideraban razonable, decomisar la unidad.
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“Podrán vivir libres de amenazas”
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), interpuso una demanda independiente porque en su querella menciona los daños causados a los solicitantes de asilo por parte de la administración Biden, aplaudió la decisión de la jueza Carbone.
“Este es el primer paso para garantizar que este último asalto a los derechos civiles de los texanos y el esfuerzo del gobernador por convertir a los inmigrantes en un chivo expiatorio no tenga éxito”, dijo Kate Huddleston, abogada de ACLU de Texas, en un comunicado.
“Con la orden judicial del tribunal, nuestros demandantes, incluidos los proveedores de refugio, los trabajadores humanitarios y los inmigrantes que viven en Texas, podrán vivir sus vidas y brindar refugio a los solicitantes de asilo libres de la amenaza de que sus vehículos sean incautados o se vean obligados a conducir hasta la frontera”, agregó Huddleston.
La ACLU presentó su denuncia penal en nombre de Annunciation House, uno de los mayores proveedores de refugios con sede en El Paso, Texas; Angry Tías & Abuelas of the Rio Grande Valley, un grupo de voluntarios que ayuda a los inmigrantes; y la activista Jennifer Harbury.
Citando el argumento del Departamento de Justicia, la jueza Cardone señaló este jueves que la iniciativa de Abbott “crea un obstáculo” para la aplicación de las leyes migratorias porque les exige a los agentes estatales que tomen determinaciones que no les corresponden; al tiempo que “perturba” la capacidad de las autoridades federales de transportar a no ciudadanos.
Todo indica que este pleito legal será llevado a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito.
El Departamento de Justicia había advertido a finales de julio que el hecho de que Abbott emitiera una orden que permite detener cualquier vehículo “bajo sospecha razonable" de que transportar migrantes, es una clara violación a la Cláusula de Supremacía de la Constitución, la cual precisa que la legislatura estatal prevalece por sobre las estatales.
