Indocumentados sumidos en una doble amenaza: “Le tengo miedo a la migra, pero el coronavirus mata”
La amenaza del coronavirus es real. Estados Unidos se encuentra bajo estado de emergencia nacional, las ciudades están pidiendo a sus habitantes que restrinjan las salidas y permanezcan en sus casas, los supermercados están vaciándose, los espectáculos públicos fueron cancelados, escuelas suspenden clases en varios estados y las principales tiendas del país anunciaron el fin de semana que cerrarán sus puertas por dos semanas.
Los temores crecen. Pero no es el único miedo que viven los indocumentados. También están las redadas de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que desde mediados de febrero lanzó un operativo nacional en busca, asegura la agencia, de extranjeros con antecedentes criminales y orden de deportación de Estados Unidos.
“Uno sale con doble miedo a la calle”, dice Alejandro Ortiz Bernal, un inmigrante mexicano indocumentado que lleva 24 años en Estados Unidos. Su esposa y sus tres hijas son ciudadanas estadounidenses, de 10, 12 y 14 años.
Ortiz cuenta que “no hemos tenido recursos para hacer los papeles. Desgraciadamente estamos viviendo al día. Yo trabajo en una bodega. Ahí recibimos mercancías de China, ropa. Pero ahora no está llegando por esto del virus. Sólo estamos trabajando lo que había en las bodegas. Hace un mes que no llega nada”.
Tampoco hay seguridad hasta cuándo habrá trabajo. Si los embarques no arriban debido a la cuarentena decretada por el coronavirus, la empresa donde labora Ortiz se verá obligada a reducir la nómina. El fantasma de la pobreza, que le ha rondado desde que llegó a Estados Unidos en 1996, aparecerá nuevamente.
“Entré caminando”
Originario Sonora, México, Ortiz cuenta que entró a Estados Unidos “caminando por la frontera” y se instaló en Los Ángeles. “Ahora que reunimos un poco de dinero estamos en proceso de legalizar mi permanencia por medio de mi esposa”, cuenta.
“Es demasiado caro, por eso no habíamos podido hacerlo antes”, agrega. “Y ahora que lo estamos haciendo llega esto, el virus. Da miedo, sabe, pero hay que seguir adelante”.
El primer caso de coronavirus en Estados Unidos fue detectado en California, a finales de febrero. El estado permanece ahora bajo Estado de emergencia y los movimientos de la población han sido restringidos para controlar la propagación del virus.
“Igual tengo que ir a trabajar todos los días”, dice Ortiz. “¿Qué si me da miedo la migra, que me vaya a arrestar y deportar? Pues fíjese que si, pero me da más miedo lo otro. Sí le tengo miedo a la migra, pero en coronavirus mata. Y si me deportan, pues me regreso, pero si me agarra el virus, ya no podré ver a mis hijas nunca más”.
A la pregunta si tiene un plan B en caso lo arreste ICE, el inmigrante dijo que “en realidad trato de evitar hablar de eso en casa, para no atemorizar a mi esposa. No podemos vivir con miedo. Pero yo creo que, las autoridades van a encontrar algo para detener todo esto del virus. Tengo fe que habrá cura y volveremos a la normalidad, a las redadas. Pero ahora estamos con una doble preocupación”.
Abandonados a su suerte
Para Juan José Gutiérrez, director ejecutivo del Movimiento Latino USA, en Los Ángeles, California, los inmigrantes indocumentados “están abandonados a su suerte en esta emergencia nacional de salud pública decretada por el presidente Donald Trump a causa del coronavirus”.
“Ellos son una tremenda tragedia humana. El gobierno tiene a miles hacinados en los centros de detención de ICE y del CBP (Patrulla Fronteriza). No se dan cuenta que se trata de seres humanos que también tienen miedo del virus, pero los tratan como lo peor de la sociedad, como criminales”, agregó.
Gutiérrez dice que el gobierno debería decretar una moratoria de redadas y abrir las puertas de los centros de detención de inmigrantes para ponerlos a salvo del coronavirus.
“Uno solo se llegue portando el virus es suficiente para desencadenar una tragedia”, advierte el activista. “Ojalá la declaratoria de emergencia decretada incluyera a los indocumentados detenidos. Ellos tienen miedo, pero también necesidad de que se respeten sus derechos humanos”.
Gutiérrez señaló además que “los indocumentados privados de libertad reciben un trato cruel y, segundo, se les da el peor trato medico posible a menos que estén con síntomas horribles que causen temor de que puedan morir, y solo en esos casos son llevados a la emergencia para curarlos”.
El viernes Trump decretó un estado de emergencia nacional para enfrentar y contener la propagación del coronavirus, enfermedad que tiene en cuarentena al mundo entero.
“No sé que qué haremos”
En el sur de Florida Francisca Ajtú comparte los miedos de Ortiz. Pero no logra, todavía, deteminar si el miedo a la migra supera al miedo que siente por el coronavirus.
“Asusta, pues, por lo que está pasando”, dice la inmigrante de origen guatemalteco madre de tres hijos y cuyo esposo fue deportado en 2015, tras una redada de ICE en la localidad campesina de Homestead.
“Por ahora no estamos pensando en nada. “Y cuando llegue la hora, no sé qué haremos, no sé qué vamos a hacer. Porque no tenemos seguro médico tampoco”, agrega.
Las trabajadoras agrícolas de Homestead ganan el salario mínimo que apenas cubre las necesidades de la familia. Y las mujeres no siempre pueden trabajar 40 horas a la semana, porque tienen hijos que criar, como Francisca, cuyo marido se encuentra deportado en Guatemala.
“La última vez trató de venir, no pudo porque lo agarraron en la frontera y lo volvieron a deportar. Yo solita saco adelante a mis hijos, tres, la mayor de 12 años y la menor de 5. Estaba embarazada de ella cuando a él lo arrestaron y lo deportaron”, dice, con voz triste.
De acuerdo con la ley de inmigración, cuando un indocumentado es deportado, le cae encima la denominada Ley de los 10 años (si estuvo más de 365 días indocumentado en el país). Si regresa antes de ese tiempo sin permiso y es arrestado (crimen que se conoce como re-entry), el inmigrante es deportado de por vida.
Como una viuda
Ajtú entró a Estados Unidos en 2004 por la frontera entre México y Texas. Huyó de la violencia y la pobreza que asolan el campo en Guatemala, con la ilusión de alcanzar el sueño americano.
“No pensé que vivir sin papeles iba a ser tan difícil”, me contó en el 2015. “Pero ha valido la pena aunque ahora no tengo a mi esposo a mi lado. A él lo deportaron el año pasado, unas semanas antes del anuncio”, contó.
El anuncio citado por Ajtú ocurrió el 20 de noviembre de 2014, cuando el presidente Barack Obama comunicó que había tomado una Acción Ejecutiva para amparar de la deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes permanentes (DAPA, por su sigla en inglés), y dreamers protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés).
El plan protegería a indocumentados que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales. También permitiría el regreso de deportados que cumplían con estos requisitos.
Pero el plan fue detenido por las cortes y los 5 millones de indocumentados, como Francisca y su esposo, se quedaron sumidos en las sombras y en la distancia, viviendo el día a día sumiros en el miedo a ser descubiertos, arrestados y deportados.
“Fue difícil la noticia”, dijo Ajtú ese año. “Tenemos tiempo aquí y también la esperanza de que, quizás un día, vaya a pasar. Solo tenemos que esperar”.
El esposo de Francisca fue deportado tras una larga batalla en la Corte de Inmigración, hasta que se agotó el debido proceso y un juez emitió una orden de deportación.
El marido de Ajtú entró a Estados Unidos siendo menor de edad. Tenía 17 años cuando lo agarraron en la frontera. Lo llevaron a la corte sin tener antecedentes criminales. “Nosotros no somos delincuentes, somos padres de ciudadanos americanos. Pero eso no le sirvió porque igual lo echaron”, dice Francisca.
La única opción que le queda a Francisca para regularizar su permanencia, por ahora, es esperar que el mayor de sus hijos cumpla 21 años para que le pida la resicencia. "Para eso faltan como nueve años", dice.
Las redadas continúan
A pesar de los llamados hechos por organizaciones, legisladores, abogados y activistas para que ICE frene las redadas, los operativos continúan. “Las agencias de aplicación de la ley en todo el país, incluyendo ICE, están prestando mucha atención a esta pandemia”, dijo la agencia en un comunicado la noche del viernes
“Si bien nuestros agentes continúan las operaciones de cumplimiento diario para realizar arrestos criminales y civiles, priorizando en las personas que amenazan nuestra seguridad nacional y la seguridad pública, seguimos comprometidos con la salud y la seguridad de nuestros empleados y el público en general”, agregó.
Advirtió, sin embargo, “que el público debe saber que ICE no realiza operaciones en instalaciones médicas, excepto en circunstancias extraordinarias”. Y que la política de ICE “ordena a nuestros agentes que eviten realizar arrestos en lugares sensibles, que incluyen escuelas, lugares de culto e instalaciones de atención médica, como hospitales, consultorios médicos, clínicas de salud acreditadas e instalaciones de atención de emergencia o urgente, sin aprobación previa o en circunstancias exigentes”.
La agencia federal también dijo que entre las medidas importantes adoptadas ñara enfrentar la emergencia y como medida de precaución, “estamos suspendiendo temporalmente las visitas sociales en todos los centros de detención” del país.
En cuando a las medidas de prevención en las cárceles de inmigrantes, ICE dijo que sus epidemiólogos “están rastreando el brote, actualizando periódicamente los protocolos de prevención y control de infecciones, y emitiendo orientación al personal para el examen y la gestión de posibles exposiciones entre los detenidos”.
“Actualmente no hay detenidos bajo custodia de ICE con covid-19 confirmado”, reiteró la agencia que encabeza la fuerza nacional de deportaciones de Trump.
