El servicio de inmigración publica nuevas tarifas: costo de trámite de ciudadanía aumenta 81%
El servicio de inmigración anunció este viernes la publicación en el registro federal de las nuevas tarifas que entrarán en vigor a partir de octubre.
De acuerdo con la lista, el mayor incremento se registra en el formulario I-881 (Suspensión de deportación) que aumenta de $285 a $1,525 (un alza del 535%).
Sin embargo, la agencia señala que en promedio las nuevas tarifas solo afectan un aumento general promedio del 20%.
En el caso de las aplicaciones para un permiso de trabajo (formulario I-765) habrá un aumento de 34%, de $410 a $550. Pero los dreamers amparados bajo el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) seguirán pagando la misma tarifa.
El trámite de ciudadanía (formulario N-400), en cambio, registrará un aumento en la tarifa de $640 a $1,170 (81%).
“Esta regla final ajusta ciertos beneficios de inmigración y naturalización que cobra la USCIS”, dice la agencia en el anuncio oficial.
“También elimina ciertas exenciones de tarifas, cambia los requisitos de exención de tarifas, altera la prima límite de tiempo de procesamiento y modifica el procesamiento de adopción internacional”, indicó.
En cuanto al formulario I-589, utilizado para pedir asilo, que hasta ahora no tenía cobro, tendrá una tarifa de $50.
La USCIS dijo que la publicación en el Registro Federal se hará efectivo el 3 de agosto y los nuevos precios entrarán en vigor “60 días” después.
Estos son las principales tarifas:
Critican el alza
“Este incremento es parte de un esquema metódico diseñado por el gobierno para causar el máximo daño posible a todos quienes busquen un beneficio de inmigración legalmente disponible”, dijo a Univision Noticias Juan José Gutiérrez, director la Coalición por los Derechos Plenos para los Inmigrantes, en Los Ángeles (California).
“Es otro golpe para millones de extranjeros que están dentro del sistema tratando de legalizar sus permanencias. Esto forma parte de una campaña sistemática, cruel e incontenible que sigue avanzando”, agregó.
Para Gustavo Torres, director de CASA de Maryland, el aumento de tarifas de USCIS “es parte de toda la estrategia del gobierno para reducir la inmigración legal y evitar que la gente oficialice su estatus y se haga ciudadano”.
“Ellos (el gobierno) sabe que no todos tienen los recursos disponibles para costear los trámites. Esto es una estrategia para atacar a los inmigrantes, no solo indocumentados, sino también a quienes viven legalmente en Estados Unidos”, apuntó.
Amenaza de despidos
En mayo la USCIS le pidió al Congreso una partida presupuestaria de emergencia reembolsable por $1,200 millones para costear su funcionamiento hasta finales del año fiscal 2020 (30 de septiembre). De no hacerlo, advirtió, se verá en la necesidad de despedir a 13,400 empleados de un total de 18,700 (70%).
El préstamo sería cubierto, entre otras medidas, con el aumento de tarifas.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) dijo la semana pasada que, a pesar de un acuerdo de última hora alcanzado entre la agencia y el Congreso para postergar la suspensión de labores de miles de empleados y agentes, “se debe continuar presionando” para garantizar que el legislativo exija a la USCIS “un manejo responsable de su presupuesto”.
La semana pasada los senadores Leahy y Jon Tester (demócrata por Montana), enviaron una carta al secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, y al subdirector del USCIS, Joseph Edlow, indicándoles que de acuerdo con la información en manos del Congreso la agencia “proyecta terminar el año fiscal 2020 con un superávit y un saldo suficiente para pagar a sus empleados por el resto del año fiscal”.
La USCIS dijo a Univision que la respuesta dada por el legislativo fue fríamente recibida. “Las recientes garantías del Congreso, y un aumento en los recibos de solicitudes y peticiones, han permitido a los altos cargos de USCIS la flexibilidad de retrasar responsablemente la fecha de inicio del permiso administrativo de aproximadamente 13,400 empleados hasta el 30 de agosto”, dijo a Univision Noticias Jessica Collins, portavoz de la agencia.
Agregó que el objetivo del aplazamiento de la decisión “es darle al Congreso el tiempo suficiente para actuar y proporcionar al USCIS los fondos necesarios para evitar el permiso administrativo por completo”.
Collins indicó además que “la solicitud $1,200 millones permanece sin cambios y la agencia depende del Congreso para proporcionar fondos de emergencia para garantizar que las operaciones de la agencia continúen sin interrupciones".
