Una coalición integrada por una treintena de organizaciones pro-inmigrantes y abogados solicitaron al Departamento de Justicia (DOJ) que “garantice el acceso oportuno” a los registros de procedimientos de la Corte de Inmigración (EOIR) y las grabaciones de audio digital para garantizar el respeto al debido proceso, en especial aquellos que no tienen representación legal (pro se).
Abogados y organizaciones exigen acceso a registros de la Corte de Inmigración
Una trentena de organizaciones encabezada por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) pidió cumplir con el compromiso de dar transparencia a los procesos de deportación para que todos los extranjeros, con o sin abogados, tengan las mismas oportunidades de pelear legalmente por sus derechos de permanencia en EEUU.
Por:Jorge Cancino
Inmnigrantes indocumentados detenidos en el Centro de Detención Adelanto de ICE en California.
Imagen John Moore/Getty Images
El grupo solicitó además que, en un plazo de 45 días, el tribunal convoque a una reunión “para discutir los problemas” que afectan sobre todo a inmigrantes que acuden solos a sus audiencias de deportación con resultados nefastos.
La petición fue hecha en una carta dirigida a David Neal, director de la EOIR y forma parte de los esfuerzos para transparentar el debido proceso migratorio, severamente restringido durante el gobierno anterior.
“Le escribimos en nombre de 30 organizaciones cuyo personal y miembros brindan servicios legales, incluida la representación directa y asistencia pro-se, tanto para inmigrantes detenidos como no detenidos en procedimientos de deportación en todo el país”, se lee en la misiva.
Notas Relacionadas
Ya lo habían pedido
En la carta recuerdan al director Neal que el 9 de diciembre del año pasado el grupo envió a la EOIR, a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) “una petición en la que solicitamos que la Corte revise sus políticas y procedimientos para proporcionar acceso a los registros de procedimientos (ROP) y grabaciones de audio digital (DAR) en los tribunales de inmigración de todo el país y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA)”.
Las organizaciones agradecieron a la EOIR los cambios a nivel nacional anunciados a principios de marzo que permite a los no ciudadanos y su abogado “solicitar estos registros en persona, por correo y por correo electrónico”, autorización que “mejora el acceso a los registros y responde a muchas de las preocupaciones de nuestra petición”.
Pero urgen a la Corte que en esa misma línea “se aplique a todos los tribunales de inmigración y la BIA y que benefician a todos los extranjeros en proceso de deportación”.
La carta explica que desde el lanzamiento de la nueva política hace dos meses y medio, “nos hemos encontrado serios problemas con su implementación, incluido el personal de la EOIR que se niega a cumplir con la nueva norma y, en cambio, empuja a los no ciudadanos y a sus abogados para que soliciten sus registros a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA) o programar una revisión en persona de los registros”.
Ante este fallo, la coalición “insta a la EOIR ordenar que todos los tribunales de inmigración y la Corte de Apelaciones (BIA) cumplan la nueva política”.
Notas Relacionadas
Qué solicitan
Además de solicitar la implementación de los nuevos protocolos en los tribunales a nivel nacional y la BIA, el grupo, encabezado por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), solicitó además a la Corte que implemente procedimientos estandarizados que garanticen:
- Acceso significativo para personas pro se y detenidas, así como para quienes las ayudan; y
- Divulgación oportuna de registros dentro de los 20 días hábiles posteriores a las solicitudes, el mismo plazo que para solicitudes FOIA, las cuales actualmente están ausentes del Manual de Políticas de EOIR.
La coalición espera que en un plazo de 45 días la Corte de Inmigración programe un encuentro para “discutir las políticas de acceso a registros con un grupo selecto de proveedores de servicios legales que pueden proporcionar aportes de su experiencia en el terreno con respecto a la implementación de la política para extranjeros son representación legal ( pro se) y personas detenidas”.
Qué esperan
En la carta enviada al director de la EOIR las organizaciones firmantes confían en que la efectividad de la nueva política de registros “debe medirse por su beneficio para las personas más vulnerables en el sistema judicial de inmigración, no solo aquellos que están representados por un abogado y libre de detención”.
“Seguimos siendo optimistas de que EOIR abordará estos problemas integralmente y continuará construyendo sobre su compromiso de ampliar el acceso a los registros en
procedimientos de deportación”, indica.
También reiteran que “estamos completamente listos y dispuestos a ayudar a garantizar que esta nueva política se implemente de manera significativa” para garantizar un acceso justo a la justicia de todos los extranjeros en proceso de deportación de Estados Unidos.
Te puede interesar:
Video En tumbas enumeradas y sin nombre: así sepultan en México los cuerpos de migrantes ahogados en el río Bravo
Resultados adversos
En el tiempo de vigencia de la nueva política (desde marzo), la coalición señala que de las 22 organizaciones firmantes de la carta han solicitado registros de los procesos de deportación y 17 de ellas “no han podido obtener un solo ROP o DAR”.
“Otras seis organizaciones recibieron respuestas negativas directas del personal de la EOIR para procesar solicitudes de registros”, denuncia la carta.
Al menos 14 otras organizaciones “han recibido instrucciones de solicitud de la EOIR que “entran en conflicto con la nueva política de registros, así como instrucciones de otros miembros del personal de la misma corte de inmigración”, precisa el documento.
La coalición reitera que la nueva política de registros marcará una diferencia significativa “si se aplica universalmente en todos los tribunales de inmigración y en la Corte de Apelaciones (BIA)”, y señala que el acceso a los registros de los casos de deportación ayudará a los procesados a defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos.
A su vez, advierten que los problemas con el acceso a los registros “son particularmente graves para los no ciudadanos que están detenidos, dado que la gran mayoría de los inmigrantes privados de libertad se ven obligados a proceder pro se (sin asistencia legal de un abogado) durante su proceso de deportación”.
Al término de la misiva, la coalición dijo que las personas sin representación legal en proceso de deportación “deben hacer valer sus derechos y beneficiarse de la nueva política de expedientes, así como promover la eficiencia judicial” para garantizar el respeto y cumplimiento del debido proceso migratorio.
Relacionados:
