Caso Kilmar Ábrego García: el gobierno pide a un juez que le permita deportarlo a Liberia

Los abogados del gobierno de Estados Unidos aseguran que ya han superado todos los obstáculos necesarios para deportar a Kilmar Ábrego García a Liberia y están pidiendo a un juez federal que anule la orden que bloquea su expulsión.

La deportación errónea de Abrego García a su país natal, El Salvador, a principios de este año, ha contribuido a movilizar la oposición a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Sus abogados afirman que la administración ahora está manipulando el sistema migratorio para castigarlo por haber impugnado con éxito aquella deportación.

Una moción del gobierno presentada el viernes por la noche ante un tribunal federal en Maryland señala que las autoridades han recibido garantías de Liberia de que Ábrego García no enfrentará persecución ni tortura allí. Además, indica que un funcionario de inmigración escuchó las afirmaciones de Ábrego García de que temía ser deportado a la nación africana, pero falló en su contra.

Sus abogados argumentan, en otro documento presentado el mismo viernes, que el salvadoreño ya había designado a Costa Rica como país al que está dispuesto a ser deportado. Aseguran que el gobierno ahora está obligado a enviarlo allí. El hecho de que las autoridades sigan intentando deportarlo a otros países, sostienen, demuestra que el caso es represivo y viola las garantías del debido proceso.

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El caso de Kilmar Ábrego García

Ábrego García tiene esposa e hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero llegó de forma irregular desde El Salvador cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración le concedió protección contra su deportación a su país natal al considerar que corría peligro allí. Sin embargo, a pesar de ello, en marzo fue deportado a El Salvador, en lo que un abogado del gobierno calificó después como un “error administrativo”. Presionada por los tribunales, la administración lo trajo de vuelta a Estados Unidos en junio, pero desde entonces ha intentado deportarlo a un tercer país.

Gran parte del argumento de Ábrego García contra su deportación a Liberia se basa en sus reclamos de violación del debido proceso. El gobierno intenta desmantelar esas alegaciones, sosteniendo que sus derechos procesales no son los mismos que los de un ciudadano estadounidense. Dado que entró al país de manera ilegal, argumentan, debe ser tratado igual que alguien que acaba de cruzar la frontera.

Mientras tanto, sus abogados sostienen que “los extranjeros que han establecido vínculos en este país tienen más derechos de debido proceso que un extranjero en el umbral de su entrada inicial”, citando un fallo de la Corte Suprema de 2020.

Como parte de esos derechos, sus defensores afirman también que Ábrego García tiene derecho a que un juez de inmigración revise la determinación del funcionario que concluyó que no corría riesgo de persecución o tortura en Liberia. Argumentan que el funcionario debió considerar que Liberia podría volver a deportarlo a El Salvador, y señalan además que el gobierno liberiano solo ha aceptado recibirlo de manera temporal.

Los abogados del gobierno aseguran tener garantías de Liberia que el Departamento de Estado considera suficientes. Añaden que el tribunal no puede cuestionar esa conclusión, ya que hacerlo implicaría intervenir en asuntos de diplomacia exterior, que competen al poder ejecutivo.

“Por lo tanto, este tribunal debería disolver su medida cautelar preliminar y permitir que el peticionario sea trasladado a Liberia”, declaran.

De forma paralela, Ábrego García enfrenta cargos por tráfico de personas en un tribunal federal de Tennessee. Se ha declarado no culpable y ha pedido al juez que desestime el caso, alegando que los cargos son resultado de una “acusación selectiva o vengativa”. La audiencia sobre esa moción está programada para el 8 de diciembre.

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