El aluvión de demandas de ciudadanos y personas con estatus migratorio por la violencia de ICE

La violencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) en sus redadas podría terminar costando millones de dólares al gobierno de Donald Trump a raíz de una ola de demandas interpuestas en contra de las autoridades por ciudadanos estadounidenses que la padecieron.

Conforme la agencia federal migratoria avanza en su despliegue en todo el país para cumplir con las exigencias de deportaciones masivas de Trump, ciudadanos estadounidenses e inmigrantes con estatus han recurrido a las cortes para exigir reparaciones tras presuntamente ser víctimas de ICE.

Algunas demandas han surgido en estados como California, Massachusetts, Illinois y Alabama a raíz de las violentas acciones de ICE. Videos que muestan cómo fueron arrestados se han hecho virales por la forma en la que fueron tirados al suelo, sujetados y puestos bajo detención.

Abogados sostienen que estas demandas son sólo el comienzo de un aluvión de quejas que podrían venir a consecuencia del uso indiscriminado de la fuerza en los operativos contra inmigrantes.

Allen Orr, abogado migratorio en Washington DC, dijo a Univision Noticias que las demandas son el principal recurso que pueden utilizar las personas para hacer que el gobierno rinda cuentas sobre las consecuencias de sus operativos.

“Tienes que demandar”, dijo el abogado. “Tienes que demandarlos a nivel penal, y si fallas a nivel penal, entonces tienes que demandarlos a nivel civil”.

A diferencia de otros casos que han sido presentados en el pasado, muchas de las nuevas demandas vienen acompañadas de más evidencia, particularmente de videos que muestran la forma en la que fueron detenidos por ICE.

"Por lo general, no había muchos abogados capacitados para este tipo de presentación de casos", dijo Orr. "Pero ahora sí, porque existen ambas opciones, ya sabes, bajo la demanda regular del gobierno, y luego existe una demanda civil si no logras ganar el caso".

Orr agregó: "Pero todo depende del estado, de qué agente se trate y de cómo opere, y de cuáles sean exactamente los hechos. Y la única manera de que los hechos se aclaren es con un video".

Ciudadanos exigen millones al gobierno como reparación

Una de las demandas más notorias hasta ahora ha sido la interpuesta por Rafie Ollah Shouhed, un ciudadano estadounidense de 79 años de origen iraní y dueño de un negocio de lavado de autos en Los Ángeles.

Shouhed demandó por 50 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), luego de que acabó con las costillas rotas, traumatismo torácico y lesiones en el codo tras una redada en su negocio.

En su denuncia, Shouhed dijo que los agentes violaron sus derechos civiles cuando llegaron el 9 de septiembre para arrestar a sus trabajadores.

Videos de cámaras de seguridad muestran cómo un agente entra a su negocio y lo tira al suelo cuando trata de hablar con él. Luego, las imágenes muestran cómo al menos tres agentes lo tiran al suelo en la calle de forma violenta.

Según el DHS, las autoridades arrestaron a cinco personas de México y Guatemala. Sobre Shouhed, la agencia dijo que “obstaculizó la operación y fue arrestado por agredir y obstaculizar a un oficial federal”.

Pero el ciudadano y su representación legal niegan que él haya tratado de obstaculizar las acciones.

"¿En qué puedo ayudarles? ¿Puedo ayudarlos?", Shouhed dijo en una rueda de prensa recordando lo que les preguntó a los agentes cuando llegaron a su negocio. El hombre fue detenido durante 12 horas por ICE pese a que mostró su identificación a los agentes.

“Sólo quiero trabajar en paz”

En Alabama, un ciudadano estadounidense que dice que sufrió agresiones de ICE también exige reparaciones económicas por las acciones de ICE que, según su denuncia, violaron la Cuarta Enmienda que protege contra búsquedas oficiales sin una causa probable.

El ciudadano, Leonardo García Venegas, un trabajador del sector de la construcción, fue arrestado en dos ocasiones por agentes enmascarados de ICE pese a ser estadounidense.

El hombre fue capturado por ICE en mayo y junio en sitios donde estaba trabajando, pese a que mostró sus identificaciones oficiales, es decir su licencia de conducir de Alabama que cumple con los criterios de Real ID.

“Siento que no puedo hacer nada para evitar que los agentes de inmigración me arresten cuando quieran”, dijo García en un boletín difundido por Institute for Justice (IJ), la organización que presentó la demanda en su nombre contra el gobierno. “Solo quiero trabajar en paz. La Constitución me protege para hacerlo”.

En la primera detención, dijo García, mostró su licencia de conducir a uno de los agentes, pero la descartaron considerando -sin evidencia- que era falsa. Luego lo soltaron cuando por fin verificaron que su número de seguro social era real, de acuerdo con el comunicado.

La organización IJ , con sede en Arlington Virginia, dijo que el arresto de García violó sus derechos constitucionales porque en ambas ocasiones en las que fue arrestado los agentes migratorios entraron a sitios de construcción sin una orden judicial.

“DHS ha autorizado a los agentes de inmigración a ignorar estos requisitos legales”, dijo el organismo. “Según la política del gobierno, los agentes de inmigración pueden allanar obras de construcción sin orden judicial y sin motivo alguno”.

“Los agentes de inmigración no están por encima de la ley”, dijo el abogado de IJ, Jaba Tsitsuashvili, en el boletín sobre el caso. “Leo es un ciudadano estadounidense trabajador que defiende el derecho de todos a trabajar sin ser detenidos sólo por su apariencia o el trabajo que desempeñan”.

“Un agente me roció gas pimienta”

El mismo organismo que representa a García lleva la demanda interpuesta por el ciudadano George Retes, quien fue arrestado el 10 de julio durante las intensas redadas de ICE en granjas de cannabis en California. Un inmigrante indocumentado de origen mexicano murió tras sufrir una caída mientras trataba de huir de los agentes durante esos operativos.

Retes, un veterano de guerra de 25 años que fue desplegado a Irak, estuvo detenido por tres días por ICE pese a que insistió a las autoridades en que nació en Estados Unidos y que podía probarlo.

“Soy ciudadano estadounidense de 25 años, padre de dos hijos y veterano del Ejército que sirvió en Irak y no se me ocurrió que estuviera en peligro”, narró en un artículo del San Francisco Chronicle a mediados de septiembre. “

“De repente, un agente me rompió la ventanilla y me roció gas pimienta. Me sacaron del automóvil y un agente se arrodilló sobre mi cuello y otro sobre mi espalda”.

“Mi cartera con mi identificación estaba en el auto, pero los agentes se negaron a revisar y confirmar que era ciudadano”.

“Mis hijos vieron a su padre siendo atacado”

En Boston, Massachusetts, la familia de un inmigrante arrestado violentamente por agentes de ICE también presentó una queja contra el gobierno exigiendo reparaciones a través de la figura legal llamada Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA en inglés)

En un comunicado emitido por la organización Lawyers for Civil Rights, con sede en Boston, Kenia Guerrero, ciudadana estadounidense y esposa del inmigrante detenido, Daniel Flores Martínez, con quien tiene tres hijos de 3, 12 y 14 años -todos ciudadanos- denunció las acciones de ICE.

“Mis hijos vieron a su padre siendo atacado físicamente, lo trataron como un animal y lo alejaron de nosotros”, dijo Guerrero en el comunicado. “Tienen tantas preguntas, pero yo no tengo las respuestas. ¿Por qué el gobierno destrozaría a nuestra familia de esta manera?”

El caso de Flores también acaparó la atención de los medios por la forma en la que los agentes de ICE rompieron un cristal del vehículo en el que se desplazada el 11 de mayo con su familia. Tras romper el cristal, los agentes lo extrajeron violentamente y lo tiraron al suelo para esposarlo.

Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de la organización que representa a la familia, dijo que la forma en la que actuaron los agentes viola la Constitución.

“Los agentes del orden público no pueden abrir la puerta del vehículo sin justificación. El interior de un vehículo, en su conjunto, está protegido por la Cuarta Enmienda contra intrusiones irrazonables. Ninguna familia debería experimentar este nivel de miedo, intimidación y violencia, especialmente frente a niños pequeños”, dijo el abogado en el boletín.

Un millón de dólares por maltratar a una mujer embarazada

Cary López Alvarado, ciudadana estadounidense, exige el pago de un millón de dólares al gobierno luego de que agentes de ICE la mantuvieron detenida por varias horas después de que ella les exigió presentar una orden judicial para detener a uno de sus trabajadores.

Según la denuncia presentada por la defensa de López, el 8 de junio agentes de ICE y CBP la “maltrataron” pese a que tenía nueve meses de embarazo al momento de los hechos.

“Los agentes maltrataron a la Sra. Alvarado agarrándola y tirando de sus brazos, torciéndole el brazo en la camioneta y empujando su cuerpo, incluyendo su vientre embarazado, hacia la camioneta”, escribieron los abogados del bufete Carrillo Law Firm en la queja.

Luis Carrillo, abogado de López, dijo a Univision Noticias que Alvarado y otros ocho ciudadanos que representa buscan que ICE pague por la forma abusiva en la que actuó en contra de ellos en sus redadas y despliegues violentos en Los Ángeles y otras ciudades de California, donde están radicados sus clientes.

A raíz de las acciones violentas de ICE, la mujer entró en trabajo de parto de forma prematura, de acuerdo con la queja presentada contra el gobierno.

Como lo apuntó Orr, Carrillo también dijo que en todos los casos han presentado videos ante las cortes que exhiben la manera violenta en la que fueron aprehendidos los ciudadanos estadounidenses.

Este caso en Los Ángeles se suma al de Andrea Vélez, una ciudadana estadounidense que estuvo arrestada el verano pasado por ICE pese a haber nacido en el país. La mujer también está demandando al gobierno por los daños causados tras permanecer detenida por dos días.

Este y otros casos, según especialistas, podrían multiplicarse luego de que la Suprema Corte en septiembre echó abajo una resolución inferior contra los operativos de ICE en el sur de California. La jueza de la minoría liberal, Sonia Sotomayor, dijo que esa decisión podría derivar en arrestos basados sólo en la apariencia y en el lugar de trabajo de las personas.

Pero este contexto de acciones violentas generalizadas, Orr, el abogado migratorio, de cualquier forma podría terminar en más demandas de ciudadanos agredidos por el gobierno.

“El problema es que nunca antes habíamos tenido un gobierno tan agresivo”, dijo a Univision Noticias. “Así que se avecinan muchas más demandas”.

El contexto legal de las detenciones por el fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema autorizó a agentes federales el mes pasado detener a cualquier persona sin necesidad de "sospecha razonable" si consideran factores como la raza, la apariencia, el idioma que hablen y el trabajo que desempeñen.

El fallo, aprobado por mayoría conservadora (6-3), suspende la orden de una jueza federal en Los Ángeles que había bloqueado estas prácticas por considerar que violaba la Cuarta Enmienda.

El Departamento de Justicia argumentó que el gobierno necesita un margen amplio de acción en regiones donde se estima que 1 de cada 10 residentes vive sin un estatus legal, lo que defensores de derechos humanos califican como prejuicio racial y discriminación.

Los jueces liberales criticaron duramente la decisión. Sonia Sotomayor advirtió que el fallo convierte a los latinos de bajos salarios, ciudadanos o no, en blancos fáciles para detenciones arbitrarias, lo que vulnera sus libertades constitucionales.

Sotomayor criticó que “incontables personas en el área de Los Ángeles han sido detenidas, arrojadas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, su acento y el hecho de ganarse la vida con trabajo manual”.

"No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que tenga apariencia latina, hable español y parezca ocupar un empleo de bajos salarios", escribió la jueza.

La magistrada añadió que al permitir al gobierno continuar con sus operaciones en Los Ángeles, la mayoría de la corte "somete innecesariamente a muchas más (personas) a esas mismas indignidades”.

Justo esa frase del disenso de Sotomayor "a muchas más" convierte a cualquiera en blanco de las redadas u operativos de ICE, sin importar si eres ciudadano estadounidense, inmigrante con algún estatus legal o indocumentado.

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