Suspensión parcial de la ley SB 4 en Texas: qué implica para los inmigrantes este fallo de todo el país

Este jueves en la tarde, justo un día antes de que entrara en vigor, David Alan Ezra, juez de distrito, decidió bloquear partes de la ley SB 4. Este fallo tiene un gran impacto en la comunidad inmigrante.

La decisión del juez Ezra implica:

- La suspensión de momento de la autorización a todos los policías de Texas para realizar detenciones por la simple sospecha del estatus migratorio de cualquier persona.
- La imposibilidad para que magistrados puedan expulsar o deportar a los detenidos.
- No se podrá generar un delito por reingreso al país, incluso en casos donde una persona obtenga en un futuro una residencia legal o permiso migratorio.

También frenó las sanciones por incumplir órdenes de remoción emitidas por magistrados y los procesos penales abiertos mientras existan casos migratorios pendientes por resolver a nivel federal, entre otros.

Pese a que la SB 4 es una ley de Texas, este fallo tiene implicaciones nacionales, ya que marca el camino para impedir que otros estados aprueben legislaciones de este tipo que, según el juez, se arrogan facultades en materia migratoria que corresponden al gobierno federal.

¿Por qué este fallo en la SB 4 de Texas?

Los principales argumentos del juez para suspender parcialmente la ley mientras sigue el juicio son la inminente invasión de facultades conferidas exclusivamente al gobierno federal en temas migratorios, así como la posibilidad para que los estados puedan legislar en esos temas, obstaculizando las labores de instancias federales.

"Podría abrir la puerta a que cada estado apruebe su propia versión de las leyes de inmigración. "El efecto haría que la regulación uniforme de la inmigración en todo el país fuera irrelevante y obligaría al gobierno federal a navegar por un mosaico de regulaciones inconsistentes", mencionó el juez.

Otro de los motivos es que la legislación aprobada por el Congreso de Texas permite la expulsión de territorio nacional de personas no nacidas en Estados Unidos, e interfiere en los procesos de asilo o suspensión solicitados por mujeres y hombres.

La demanda que frena parcialmente la SB 4

En noviembre de 2023, el Congreso de Texas aprobó la legislación de la ley SB 4. Un mes después, el gobernador republicano Greg Abbott la firmó. La norma estaba programada para aplicarse en el estado a partir del 5 de marzo de 2024.

Al comenzar enero de 2024, el Departamento de Justicia, durante el gobierno de Joe Biden, presentó una demanda al considerar que la norma transgrede la Constitución. Casi al mismo tiempo, organizaciones no gubernamentales, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, hicieron lo mismo.

Seis días antes de la entrada en vigor de la SB 4, el juez David Alan Ezra suspendió temporalmente la ley a partir de los argumentos presentados por el gobierno. En respuesta, el 2 de marzo Texas se inconforma con el fallo en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, pausando momentáneamente la decisión del juez de distrito.

El litigio llegó a la Corte Suprema a través de una petición del Departamento de Justicia. La Corte decidió no intervenir, por lo que la ley comenzó a aplicarse por unas horas. En las primeras horas de la entrada en vigor de la norma, el caso fue retomado de último momento por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en una sesión extraordinaria donde se determinó suspender la aplicación de la ley momentáneamente. En julio, el Quinto Circuito la declara inconstitucional.

Texas volvió a inconformarse por la decisión, lo que alargó el juicio hasta el mes de abril de 2026, cuando la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito levantó el bloqueo de la norma al considerar que las organizaciones demandantes no tenían legitimidad legal para presentar la demanda. El fallo autorizó la entrada en vigor de la ley el 15 de mayo.

En respuesta, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas presentan una nueva demanda colectiva en nombre de personas individuales, como medida para evitar cualquier vacío legal en la legitimidad anterior. El caso llegó de nuevo al David Alan Ezra, quien determinó, ayer, frenar parcialmente la SB 4.

Un revés para el estado de Texas

Si la ley hubiera entrado en vigor este 15 de mayo como estaba previsto, los policías estatales, locales o de condado podían detener a cualquier persona solo por sospechar bajo su propio criterio que ingresó ilegalmente a Estados Unidos.

Por el momento, esto sigue siendo una facultad exclusiva del gobierno federal, en este caso del I CE, CBP y el HSI. Las autoridades estatales o locales solo podían ayudar a las agencias federales. La norma aprobada en el Congreso en 2023 también incluye sanciones para los infractores. Todas fueron frenadas. Si el juez no hubiera suspendido la ley, cualquier persona que hubiera sido detenida a partir de hoy tendría las siguientes sanciones:

Arrestos por entrada ilegal: Cualquier oficial de Texas puede detener a una persona bajo sospecha de haber cruzado el Río Bravo fuera de un puerto de entrada legal. La ley contempla dos tipos de sanciones.

La primera contempla 6 meses de cárcel y multas de hasta 2,000 dólares si es el primer arresto.

En el segundo caso, la pena escala a 2 a 10 años de prisión y una multa de 10,000 dólares, si la persona detenida fue expulsada anteriormente y tiene antecedentes.

Las sanciones más altas se contemplan para infractores que tienen antecedentes de una condena por un delito grave previo, o si se niegan a c umplir la orden de retorno a México dada por el juez. En este caso, l a pena es de 2 a 20 años de prisión.