La administración del presidente Donald Trump estudia la implementación de una orden ejecutiva para que los bancos en Estados Unidos verifiquen obligatoriamente el estatus de ciudadanía de sus clientes.
¿Los bancos pedirán prueba de ciudadanía a sus clientes? Esta es la nueva propuesta de la administración Trump
La propuesta busca que las entidades financieras recopilen datos de ciudadanía junto con la información de identificación que ya solicitan habitualmente.
Video Administración Trump busca que bancos verifiquen el estatus de ciudadanía de sus cuentahabientes
Según un reporte publicado este martes por The Wall Street Journal, la propuesta busca que las entidades financieras recopilen datos de ciudadanía junto con la información de identificación que ya solicitan habitualmente.
De concretarse, esta medida no solo aplicaría para quienes deseen abrir una cuenta nueva, sino que tendría un carácter retroactivo, obligando a los bancos a solicitar pruebas documentales a sus actuales cuentahabientes.
Un cambio radical en las normativas actuales
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Actualmente, las leyes federales de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo exigen que los bancos identifiquen a sus clientes, pero no existe una prohibición legal para que las personas sin ciudadanía estadounidense o sin estatus legal abran cuentas bancarias.
Muchas instituciones aceptan hoy en día identificaciones como el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) o pasaportes extranjeros.
Sin embargo, fuentes cercanas a las discusiones citadas por el Journal y Semafor indican que, bajo esta nueva directriz, documentos como el "REAL ID" —que no certifica ciudadanía— podrían no ser suficientes. Se requerirían pruebas fehacientes como pasaportes estadounidenses o certificados de naturalización.
Impacto en la comunidad inmigrante
El anuncio ha encendido las alarmas entre organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes. Expertos legales señalan que esta medida busca, en la práctica, dificultar la vida cotidiana de los indocumentados en el país, limitando su acceso a servicios básicos como el ahorro, el pago de facturas y el cobro de salarios.
La propuesta no solo enfrenta críticas sociales, sino también una fuerte resistencia logística por parte del sector financiero. Representantes de la industria han calificado la idea como una "pesadilla operativa".
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