Los chavistas niegan la comida a quienes protestan en los barrios del oeste de Caracas

CARACAS, Venezuela. Yaritza Peña, Dayana Alonso y María Daniela Coronado bajaron desde Carapita, una barriada popular del oeste de Caracas, para unirse a la protesta opositora que este lunes partió desde ese extremo de la ciudad, bastión del chavismo. Desde que iniciaron las últimas manifestaciones hace poco más de un mes, han salido de su barrio, juntas, a exigir un cambio de gobierno. Y no piensan dejar de hacerlo, como sí han hecho algunos de sus vecinos.

Cuentan que los seguidores del presidente venezolano, Nicolás Maduro, han amenazado a los habitantes de esa zona con dejar de venderles la comida subsidiada del gobierno si asisten a las protestas de la oposición, si golpean sus cacerolas cada noche como reclamo o incluso si comparten vía Whatsapp alguna cadena de mensajes críticos al mandatario.

"Después de esa amenaza, se dejaron de escuchar los cacerolazos y la gente del barrio anda como si nada pasara en el país", comenta Coronado, una estudiante de Comunicación Social de 23 años, a Univision Noticias.

"Y (los chavistas) le venden esa comida a otras personas para no dársela a quienes son identificados como opositores", agrega Alonso, también de 23 años, estudiante de administración de empresas. Pero para ellas, es más importante salir a exigir un cambio. "Quiero un país libre", dice Peña.

En los barrios populares de Venezuela existen los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (conocidos como CLAP). Son organizaciones creadas por el gobierno de Maduro para contrarrestar la escasez y el sobreprecio que imponen los llamados 'bachaqueros', personas que contrabandean casi cualquier producto de primera necesidad –desde comida hasta medicinas esenciales– y los venden en la calle al triple –o más– de su precio original.

Los CLAP están operados por dirigentes comunitarios que venden los alimentos subsidiados en una bolsa o una caja que puede incluir leche, bolsas de harina para las arepas, arroz, azúcar, aceite, atún en lata y caraotas para una familia. Y tienen además la potestad de decidir a quién entregarla y a quién no.

Por eso, la gente en Carapita ha decidido callar sus cacerolas y dejar de marchar, cuentan estas jóvenes, porque el alimento subsidiado es la única forma de garantizar algo de comida en la mesa, en medio de una inflación de tres dígitos y la severa escasez de comida y medicinas que afecta a este país petrolero.

"Muchos, aunque sean opositores, no marchan porque no quieren perder la bolsa. Son unos conformistas", critica Yaritza Peña, de 37 años.

Pero ellas no temen a esos castigos. "Nos toca comprar cara la comida en los supermercados", dice María Daniela, al asumir la responsabilidad de ser opositora en un barrio controlado por el chavismo. "Igual ya estoy cansada de que no puedo comprar absolutamente nada, de que mis amigos se vayan del país... el bolívar está por el suelo".

En los últimos 18 años de gobierno chavista, este lado de la ciudad había sido un territorio impenetrable para la oposición. Pero en estos casi 40 días de protestas, han aumentado en sus calles las consignas con las que las barriadas y los habitantes de las zonas residenciales exigen "libertad" y "elecciones ya".

Castigados por cacerolear

La presión con los alimentos no se siente solo en Carapita. Mirleny Palacios, una mujer desempleada de 42 años, asegura que por ser opositora no puede comprar alimentos subsidiados. Ella también vive en una zona popular del oeste de la capital, el Guarataro, y decidió marchar este lunes sin importar las consecuencias.

Pero recuerda cómo cuatro de sus vecinos perdieron el acceso al CLAP por haberla acompañado en un cacerolazo hace una semana y pararon sus reclamos al gobierno.

"Por eso es que otras personas se van a protestar en otros puntos para que no los vean". A ella no le da miedo: "Yo marcho porque considero que en Venezuela las condiciones para una democracia plena no existen", dice mientras avanza la caminata opositora.

La mayoría de las manifestaciones antigubernamentales del último mes en Caracas no han logrado llegar a su destino. Son frenadas por los militares con balines de goma, bombas lacrimógenas y chorros de agua.

Las marchas iniciaron tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que despojaba de su inmunidad y funciones a los diputados de la Asamblea Nacional, una medida que fue catalogada de inconstitucional por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, y de autogolpe por el mismo Parlamento. Pero con el paso de los días, el descontento ha aumentado. La marcha además sirvió para condenar la convocatoria de una Asamblea Constituyente que ha sido solicitada por Maduro para hacer una Constitución a la medida.

Pero este lunes, la protesta de Montalbán, el primer punto de concentración en el oeste, logró unirse con el segundo, en la urbanización El Paraíso. Y desde allí, se sumaron a otras 500 personas, algunas temerosas, pues los rumores de que serían reprimidos corrían de boca en boca y se potenciaban con la presencia de grupos de policías y militares a lo largo de la ruta.

Listas para la batalla

Dayana, María Daniela y Yaritza enlazaron sus brazos y comenzaron la caminata opositora. Las dos primeras dicen no temer a la represión de los militares. Afirman que cuando empiezan a caer las bombas, intentan colaborar con los jóvenes que se enfrentan a las autoridades. Se cubren el rostro con sus pañoletas y ayudan a colocar las lacrimógenas en baldes de agua para que cese un poco el efecto de los gases.

"Quizás hoy también me toque tragar bomba", dice Dayana. "Pero cuando salga este gobierno yo voy a poder decir que luché por mi país", agrega y continúa.

Y como es costumbre, el camino está bloqueado por los militares con rejillas metálicas, una cadena de guardias con escudos y tanquetas. Entonces se detienen, se colocan las pañoletas en el cuello.

Antes de que las lacrimógenas comiencen a caer, las tres amigas reflexionan. "Teníamos la esperanza de que nos dejaran pasar", dice una. "Siempre tenemos la esperanza", agrega otra.

Ni por los CLAP ni por la Guardia Nacional estas jóvenes se apartarán de la protesta. "Quiero que se acabe esto para volver a clases", dice María Daniela. "Me hace falta estudiar, los profesores. Estoy cansada de presentar exámenes online y recibir clases por correo".

"Dame un yesquero", dice un joven con la cara tapada antes de encender una bomba casera: una botella de vidrio llena de gasolina con una mecha de franela rasgada. "Las calles son del pueblo, no de la dictadura", se escucha una consigna.

De un momento al otro, la Guardia Nacional rocía con gas pimienta el rostro de dos diputados opositores que intentan negociar el paso de la marcha encaramados sobre la rejilla metálica. Ambos caen desde arriba. Se escuchan los insultos de los manifestantes que lanzan piedras y botellas hacia los militares. Comienzan a volar las bombas lacrimógenas y las tres amigas corren juntas a refugiarse.

Mira también: