Crisis en Venezuela

Oposición en Venezuela califica de "golpe de Estado" la decisión de suspender el revocatorio de Maduro

El líder opositor Henrique Capriles llamó a sus seguidores a movilizarse el próximo miércoles para "restablecer el hilo constitucional", luego de que la autoridad electoral frenara los procesos para convocar a un referendo revocatorio contra el presidente.
21 Oct 2016 – 5:11 PM EDT

CARACAS, Venezuela.- El líder de opositor venezolano Henrique Capriles Radonski calificó como un "golpe de Estado" la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro y las medidas de prohibición de salida del país emitidas contra él y otros siete dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

"En Venezuela se dio un golpe de Estado, no se puede calificar de otra forma. Llegó la hora de defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos que restituir el hilo constitucional", declaró Capriles, en la primera reacción de la MUD, luego de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela suspendiera este jueves por la noche el proceso de recolección de firmas que permitiría activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

La decisión de la autoridad electoral fue adoptada luego de que cinco juzgados penales de distintos estados del país decretaron al unísono paralizar la jornada que se llevaría a cabo del 26 al 28 de octubre, tras admitir las denuncias de presunto “fraude” en el proceso, presentadas por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Para la oposición, este bloqueo hace casi imposible cumplir con la fecha límite para la realización del proceso revocatorio: 10 de enero de 2017. Si la elección revocatoria lograra llevarse a cabo antes de ese día, que marca el inicio del cuarto año del sexenio de Maduro, la derrota del mandatario conllevaría a realizar elecciones presidenciales para escoger a un sustituto en un plazo máximo de 30 días. Si se realizara después y el Jefe de Estado pierde en las urnas, los dos años restantes de su periodo los completará quien ocupe en ese momento la Vicepresidencia de la República. El chavismo, entonces, conservaría el poder.


Este mismo jueves, el juez tercero de primera instancia en lo penal del estado Carabobo prohibió la salida del país a ocho dirigentes de la oposición, entre los que resaltan el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, y el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski.

Capriles Radonski indicó que el Parlamento celebrará el domingo una sesión especial, donde analizará si el presidente Maduro incurrió en el supuesto abandono del cargo. El artículo 233 de la Constitución determina que entre los causales de “faltas absolutas” del Jefe de Estado está “el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional”.

El presidente Nicolás Maduro salió este jueves del país para realizar lo que denominó una “gira relámpago” de cuatro días que lo llevará a Azerbaiyán, Irán, Arabia Saudita y Qatar, con el objetivo de “estabilizar” los precios del petróleo. “Coordiné con la canciller (Delcy Rodríguez) esta gira relámpago de cuatro días, vamos a recorrer unos 16,000 kilómetros, pero necesarios para la batalla por la recuperación económica, pensando en el año 2017, pensando en el futuro de la patria”, declaró Maduro antes de partir.

“Ese señor está abandonando el cargo y le pedimos a la AN que evalúe la conducta del señor Maduro”, planteó el dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática, que también convocó a la “toma de Venezuela” para el próximo miércoles 26 de octubre.

“Nos vamos a movilizar hasta donde tengamos que movilizarnos”, expresó Capriles Radonski, quien no ofreció mayores detalles sobre la protesta.

El portavoz de la MUD envió un mensaje a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional (FAN). “Ojalá que la FAN haga también valer la Constitución”, expresó tras enfatizar que la oposición repudia cualquier tipo de salida violenta. “La Unidad no quiere un escenario distinto al que sea el pueblo el que decida, no queremos un golpe de Estado ni un estallido social”, enfatizó el gobernante regional.

El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, adelantó que tiene previsto reunirse en Washington con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, con la finalidad de solicitar “la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que es un documento suscrito por Venezuela”.


Para la consultora política Carmen Beatriz Fernández, este episodio sirve para ilustrar el control omnímodo que ejerce el PSUV sobre todos los órganos del Estado venezolano: “Que cinco tribunales hayan respondido de forma unánime a las peticiones de los gobernadores chavistas, es la más clara evidencia de la orquestación y la pérdida de independencia del Poder Judicial” .

“Los últimos acontecimientos ocurridos en el país demuestran que el oficialismo se puso al margen de la Carta Magna”, sostiene Fernández, quien opina que, “abortado el revocatorio de esta manera tan trucha e irregular, la oposición debería hacer acopio de sus fuerzas y de su liderazgo en la calle y en la esfera internacional para exigir la vuelta a la lógica constitucional”.

Fichas rojas

En materia de simpatía política suele decirse que todo funcionario “tiene su corazoncito” de algún color. Pero en el caso venezolano, los últimos acontecimientos parecen demostrar que muchos tienen o han tenido su carnet revolucionario.

La cúpula del Poder Judicial ha dictado al menos 28 sentencias contra la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, para limitar sus competencias y funciones constitucionales. Los magistrados convalidaron el decreto de emergencia económica dictado por Maduro y hasta se atrevieron a aprobar el Presupuesto de la Nación para 2017, pasando por encima del Parlamento.


Antes de ser la jefa del TSJ, Gladys Gutiérrez fue la abogada del gobierno de Chávez al frente de la Procuraduría General de la República. Su currículo incluye haber sido directora de la Oficina de Secretaría del Consejo de Ministros, diputada suplente del extinto Movimiento Quinta República (ahora PSUV) y embajadora de Venezuela en España.

Gutiérrez encabeza la Sala Constitucional, la más poderosa del máximo juzgado. De los siete magistrados que la conforman, cuatro han militado públicamente en el chavismo. Allí destacan el ex viceministro de Educación, Luis Damiani Bustillos y los antiguos legisladores Juan José Mendoza y Calixto Ortega. Este último fue designado por Maduro en abril de 2013 encargado de negocios en la legación de Washington, de donde fue expulsado por el Gobierno norteamericano en octubre de ese año, y posteriormente asumió el cargo de vicecanciller para Europa.

Tres de los cinco integrantes de la Sala Electoral, despacho que analizó las demandas contra el revocatorio, fueron activistas del proyecto bolivariano. Jhannett Madriz Sotillo, Malaquías Gil y Christian Tyrone Zerpa se desempeñaron como parlamentarios del oficialismo, al tiempo que la presidenta de esta instancia, Indira Alfonzo Izaguirre, fue asistente del gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, vicepresidente de Organización del PSUV.

Existen vínculos políticos controvertidos. El jefe de la Sala Penal, Maikel Moreno, figura relacionada con Maduro, enfrentó sendas acusaciones por homicidios perpetrados en 1987 y 1989, cuando actuaba como oficial de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip, policía política), según reseña el portal SupremaInjusticia.org de la ONG Transparencia Venezuela.

Los nexos partidistas conviven con los lazos familiares. La presidenta de la Sala Político-Administrativa, María Carolina Ameliach Villarroel, es prima del mismo gobernador Ameliach, y su colega de la Sala Social, Edgar Gavidia Rodríguez, es hermano de Walter Gavidia Rodríguez, exesposo de la primera dama de la República, Cilia Flores.


El chavismo también permeó el CNE. De los cinco rectores principales, cuatro apoyan al régimen. Tania D’Amelio pasó de diputada del PSUV a directiva del árbitro comicial, donde comparte con Socorro Hernández, exministra del gobierno de Chávez. El único vocero de la oposición en ese organismo es Luis Emilio Rondón, quien rechazó el aplazamiento de la recolección de firmas argumentando que “medidas cautelares penales no deben paralizar la expresión de la soberanía popular”.

La historia se repite en el llamado “poder moral”. Manuel Galindo, quien desde la Contraloría General de la República debe combatir la corrupción en el país, fue consultor jurídico de la AN durante la gestión Flores y procurador nombrado por Maduro. El exdiputado y gobernador del estado Anzoátegui, Tarek William Saab, administra la Defensoría del Pueblo, y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, es la pareja sentimental del parlamentario oficialista Germán Ferrer.

¿Y ahora?

En el marco de una estrategia que definió como “pacífica, democrática, constitucional y electoral”, la oposición ha jugado bajo las reglas y las instituciones que impone el chavismo.

¿Ingenuidad? “Por supuesto que no, pero a la MUD le era indispensable cumplir con los pasos de un cambio ‘pacífico, constitucional, electoral y democrático’ para demostrar ante el mundo que se estaba ‘portando bien’ y no podía ser acusada de ‘golpismo’, como habitualmente hace el Gobierno. Y a la vez, se trataba de ir empujando a las instituciones decisivas al dilema de seguir o no escondiéndose bajo la máscara de una supuesta autonomía e imparcialidad”, responde Luis Gómez Calcaño, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela.

Sin embargo, la noche del jueves 20 de octubre todo cambió. “Las medidas adoptadas por los jueces de varios estados, ‘acatadas’ por el CNE y obviamente coordinadas desde el poder central, no sólo impiden el revocatorio en 2016, sino que apuntan casi con certeza a su eliminación total. La base jurídica de esas medidas es tan frágil y carente de sentido que sirve para advertir a opositores y aliados vacilantes que el régimen puede hacer lo que quiera, que puede manipular las leyes a su antojo, lo que hace inútil intentar cualquier salida institucional”, considera Gómez Calcaño.

La profesora Fernández acota que “la sociedad venezolana está dividida en una proporción 80-20, en dos relaciones fatales: 80% cuestiona al gobierno y solo 20% lo apoya, pero ese 20% tiene el control del 80% de las instituciones del país”. En realidad, solo la AN escapa de la hegemonía oficialista, así como tres de las 23 gobernaciones y 77 de las 335 alcaldías de Venezuela.

“La primera relación de ese 80-20 en los afectos populares es muy importante cuando el análisis se hace en un entorno netamente democrático, pero este no es el caso. Dictaduras y dictadores hay muchos en el mundo, lo que no es frecuente es encontrar dictadores con 80% de rechazo ni dictaduras que violen sus propias constituciones”, estima la consultora política, que recomienda a la MUD “liderar un movimiento social que exija respetar la Carta Magna, en el entendido que el revocatorio no es un fin en sí mismo, sino simplemente un mecanismo para solucionar la agobiante crisis nacional”.

Por su parte, Gómez Calcaño subraya la incapacidad que ha mostrado la oposición para agitar a la población venezolana y advierte sobre el creciente protagonismo que puede asumir la Fuerza Armada en este escenario.

“El problema ahora para la MUD es qué decirle a sus seguidores, qué proponerles más allá de convocar a protestas que, lamentablemente, han demostrado ser poco eficaces en términos de cambiar la correlación de fuerzas entre los actores políticos. Mientras tanto, todos dirigen su mirada al tradicional árbitro de última instancia que, por controlar los medios de coerción, puede permitirse decir la última palabra”, alerta el experto en Sociología Política.

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