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El otro problema de la pobreza: quienes no pueden pagar la luz y la calefacción en EEUU

Se estima que 16 millones de hogares en Estados Unidos son incapaces de afrontar el precio de la electricidad o vivir con temperatura adecuada.
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27 Sep 2016 – 11:43 AM EDT

Robbin Taylor recogió una botella de aceite de maíz, cuyo contenido se había solidificado por completo. “Yo no sé a qué temperatura se solidifica el aceite vegetal”, dijo ella, en febrero de 2015, a un entrevistador de la estación de radio WBUR (la respuesta: a 12 grados Fahrenheit).“Y la recogí en la cocina, cerca de la estufa”. Este lugar debería haber sido el lugar más caluroso de su casa.

Para entonces, Taylor estaba viviendo con su hija y su nieta en Dorchester, el barrio de Boston con la mayor concentración de pobreza. Ella había estado desempleada por más de un año. Y, sin los medios necesarios para rellenar el depósito de petróleo del sótano, Taylor y su familia caminaban de un lado a otro de la casa para mantenerse calientes. El frío –la temperatura promedio en Boston, en febrero, es inferior a los 20 grados– la hacía delirar, sostuvo Taylor: “Uno se siente como perdido, como si se estuviera convirtiendo en un ser ermitaño. Justo así nos vimos las tres, tres mujeres pasándola muy mal”.

Robbin Taylor y su familia encajaban en el patrón de lo que la sociología llama 'inseguridad energética'. Un estimado de 16 millones de hogares en Estados Unidos tienen este problema: son incapaces de afrontar el precio de la electricidad o de mantener, dentro de su residencia, un clima lo suficientemente cálido o fresco, según corresponda. Los costos de la energía son conocidos por acarrear un enorme impacto económico entre los pobres: se ha estimado que el 20% inferior en la escala de los asalariados en Estados Unidos gasta, aproximadamente, un 10% de sus ingresos mensuales en electricidad, lo que representa más de 7 veces la parte del ingreso que paga el 20% superior.

Sin embargo, los efectos psicológicos, fisiológicos y conductuales de lo que implica no disponer de la suficiente electricidad en el hogar no son, de la misma manera, reconocidos por los estudiosos de la pobreza. “Este tipo de costo ha sido ignorado durante mucho tiempo, en detrimento de las familias que a diario viven esta crisis”, señala Diana Hernandez, profesora de ciencias socio-médicas de la Facultad de Salud Pública en la Universidad de Columbia.

Hernandez es de las pocas investigadoras que profundiza en las maneras en que los servicios domésticos pueden derivar en factores determinantes de amenazas a la salud. Publicado a inicios del presente mes en Social Science & Medicine, su último estudio se centra en 72 familias residentes precisamente en Dorchester. Ellas tenían dificultades para mantener sus hogares en buenas condiciones de iluminación y con la temperatura adecuada. Pertenecientes a centros de salud de la comunidad, la vasta mayoría estaba compuesta por madres solteras de color y todas decían vivir muy por debajo del nivel federal de pobreza, con un ingreso medio anual de 30,000 dólares. La mayoría, a su vez, recibía subsidios de alojamiento.

Por medio de entrevistas, Hernandez detalló los múltiples efectos de la inseguridad energética, especialmente cómo se relaciona con los ataques de asma, la ansiedad crónica y la depresión. “Estrés. Provoca estrés”, dijo un padre citado en el estudio. “Es tonto, pero a veces creo: ‘Dios, mis luces se van a apagar’. Y aunque sé que no lo harán, me preocupo cada vez que estoy atrasado unos días a la semana”.

Los crecientes costos de las utilidades domésticas pueden afectar, incluso, las estructuras familiares, forzando el desarraigo de hogar en hogar. Esto, ni qué decir, puede ser psicológicamente traumático para los niños y los padres. “Mis cuentas no hacían más que subir y subir… Así que envié a mis hijos a casa de su tía, pues no quería que estuvieran aquí sin que uno pudiera cocinar o bañarlos”, sostuvo una madre. “Pero no los quería allá tampoco. Fue ahí que comencé a deprimirme”.

Los arrendatarios, según Hernandez, estaban de algún modo en franca desventaja, dado que los arrendadores que no pagan impuestos de electricidad, a menudo se muestran reticentes a actualizar los viejos sistemas de calefacción o a proveer eficientes equipos electrodomésticos. Otra de las implicadas en el estudio expresó su frustración acerca de esa desigualdad de esta manera:

“Quiero que la compañía Boston Gas venga hasta aquí, de modo que pueda apreciar el calentador por sí misma, pues el primer inspector, cuando obtuve por primera vez mi factura energética, me dijo que era como si yo hubiera calentado todo Boston. Entonces conseguí la factura del segundo inspector y resultó ser tan mala como la del primero. ¿Qué es lo que no entienden? No me busquen a mí. Busquen al dueño, pues solo puedo darles 200 dólares al mes y solo eso”.

Incluso en el caso de las familias de bajos ingresos que no tienen que pagar directamente por la electricidad –ya sea porque viven en un alojamiento público o porque está incluido en su renta–, Hernandez halló que la inseguridad energética puede asumir otro rostro.

Acceder a la vivienda accesible muchas veces implica aceptar un hogar con problemas, como un anticuado sistema de aislamiento térmico, puertas y ventanas atravesadas por corrientes de aire –o bien con pobre ventilación–, agujeros y grietas en las paredes, desperfectos en los sistemas de calefacción y de aire acondicionado. Sin embargo, debido a los altos costos de la vida mes a mes y el excluyente mercado inmobiliario, estos “detalles” pueden transformarse en una necesidad secundaria.

“Muchos de los encuestados priorizaron la vivienda y la comida, pues son las necesidades humanas más básicas”, repone Hernandez. “Había un poco más de margen respecto de cómo la gente negociaba la electricidad”.

De hecho, las familias –según el estudio– las familias desarrollaban varios métodos para mitigar las insuficiencias energéticas. Usaron, por ejemplo, calentadores eléctricos, los hornos o toneladas de revestimientos adicionales para mantener el calor dentro de la casa. Algunos no tenían la temperatura ambiental adecuada durante los apagones y utilizaban a bañeras de hielo. Otros usaron sus condiciones médicas en beneficio propio. “Envié una carta faxeada del doctor de mi hijo a la compañía de servicios, en la cual decía que ellos no podían cortarme la energía debido al asma que padecía el menor”, admitió un padre. “Así que por eso no me quitaron el fluido eléctrico”.

Estos padres demostraron mucha flexibilidad y capacidad inventiva en medio de la crisis, acota Hernandez. Pero varias de estas soluciones constituyen en sí mismas riesgos contra la salud: las velas usadas para iluminar contribuyen a la ocurrencia de fatales incendios, sobre todo en áreas azotadas por la pobreza, del mismo modo que los calentadores eléctricos, los hornos abiertos y otras alternativas peligrosas. En el verano, las enfermedades y las muertes relacionadas con el calor afectan desmedidamente a aquellos con más bajos ingresos, quienes no tienen acceso al aire acondicionado.

¿Qué ayudaría verdaderamente a las familias en estas condiciones? Hernandez sugiere el empleo de un sistema de calificaciones energéticas para todo tipo de propiedades, parecido al existente en Europa, donde los edificios deben publicitar su grado de eficiencia energética. Esto ayudaría tanto a que los arrendatarios como los dueños fueran más conscientes de los costos que podrían enfrentar antes de concertar un depósito.

Otro apoyo más permanente de los programas federales también contribuiría, del mismo modo que leyes estatales más rigurosas, estableciendo tarifas asequibles a los servicios y evitando interrupciones eléctricas. Códigos residenciales más severos, por su parte, obligarían a los propietarios a mantener actualizada la estructura de sus instalaciones, como pueden hacerlo los programas de reembolso de electrodomésticos de la ciudad.

Las conversaciones sobre política energética a menudo giran en torno a la eficiencia con respecto al medio ambiente. Pero Hernández espera que su investigación proponga otra narrativa, centrándose en el costo humano cuando las familias se ven obligadas a hacer sacrificios para satisfacer las necesidades básicas de energía. Los padres y los niños hambrientos pueden recurrir a la asistencia de alimentos y beneficios de SNAP. "Sin embargo, el equivalente en el plano energético no existe", indica.

Taylor descubrió ese hecho de primera mano cuando trató de encontrar apoyo benéfico para calefaccionar su casa. "Después de un tiempo, uno siente como que está mendigando”, añadió. "Creo que fui a nueve lugares y luego le dije a mi hija: ‘no lo haré más’”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.

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