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Caboco Juruna desde el pueblo de Miratu en la reserva indígena Paquiçamba, en el Volta Grande do Xingu, pesca en el río Xingu. Esta parte del río ha estado bloqueda por la nueva represa Belo Monte lo que ha generado un importante daño a quienes viven de la pesca. Los Juruna están preocupados de que la construcción de la mina Belo Sun, en el Volta Grande, pueda afectar aún al propio río y su estilo de vida. 11 de diciembre de 2016.

Una comunidad de la Amazonía teme el impacto de una "monstruosa" mina de oro

Una comunidad de la Amazonía teme el impacto de una "monstruosa" mina de oro

El proyecto Volta Grande en el río Xingu está destinado a ser la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil. Pero los activistas temen el impacto ambiental sobre las comunidades indígenas.

Caboco Juruna desde el pueblo de Miratu en la reserva indígena Paquiçamb...
Caboco Juruna desde el pueblo de Miratu en la reserva indígena Paquiçamba, en el Volta Grande do Xingu, pesca en el río Xingu. Esta parte del río ha estado bloqueda por la nueva represa Belo Monte lo que ha generado un importante daño a quienes viven de la pesca. Los Juruna están preocupados de que la construcción de la mina Belo Sun, en el Volta Grande, pueda afectar aún al propio río y su estilo de vida. 11 de diciembre de 2016.

VOLTA GRANDE, Brasil-. Selva brumosa y parches de verdes haciendas rodean la ciudad de Ressaca, donde 300 familias viven de la extracción de oro, así como de la caza y la pesca.

Situado en el norteño estado amazónico de Pará, el destartalado pueblo minero de oro se encuentra a orillas del río Xingu, hogar de varias especies únicas de peces y tortugas, y vital para dos comunidades indígenas: los Arara y los Juruna.

Lejos de ser idílico, su nombre significa resaca en portugués. Pero se sitúa sobre uno de los mayores depósitos de oro del mundo.

Pero la vida aquí está a punto de dar un vuelco total después de que un proyecto de 388 millones de dólares de una mina de oro de propiedad canadiense obtuvo la aprobación para su construcción en los terrenos del pueblo.

La calle principal de Ressaca es una calle de barro que disecciona las desvencijadas casas de madera, un par de pequeñas tiendas y unos bares desde donde sale el estruendo de la música o los apagados sonidos de la última telenovela en la televisión. Todo esto pronto puede ser derribado y el pueblo podría ser trasladado a una nueva ubicación.

El 2 de febrero, las autoridades ambientales de Pará le concedieron a la compañía minera canadiense Belo Sun su licencia de funcionamiento. Con la licencia, Belo Sun puede comenzar la construcción del proyecto Volte Grande, destinado a ser la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.

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Sin embargo, esa misma semana, el proyecto fue criticado duramente. Tanto la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) como la oficina del fiscal general de Altamira presentaron una serie de demandas civiles contra Belo Sun por irregularidades en sus estudios de impacto ambiental. Una coalición de grupos ambientalistas y comunidades indígenas también condenó el proyecto, advirtiendo que la mina supone una amenaza para las personas que viven río abajo, ya que no hay ningún plan a largo plazo para el manejo de sus desechos tóxicos.

Los defensores del medio ambiente afirman que en el caso de un accidente en Belo Sun, las personas río abajo podrían sufrir la misma suerte que corrieron quienes quedaron atrapados en la catástrofe de 2015, cuando una represa de Bento Rodrigues que contenía 32 millones de metros cúbicos de residuos de una mina de hierro se rompió bruscamente provocando la mayor catástrofe ambiental en la historia de Brasil. Destruyó tres ciudades, provocó la muerte de 19 personas y contaminó 280 millas de río, lo cual tomó un año limpiar.

Tres semanas después de que la licencia fue aprobada, el tribunal de justicia de Pará suspendió el proyecto por 180 días, acusando a Belo Sun de compra ilegal de tierras públicas, y les ordenó reubicar adecuadamente las comunidades locales que serán desplazadas por el proyecto.

Pero los activistas creen que, bajo el clima político actual en Brasil, es sólo una cuestión de tiempo antes de que la acción sea derogada por el tribunal federal, lo que ha sucedido varias veces antes.

En un comunicado de prensa, Peter Tagliomonte, presidente y director ejecutivo de Belo Sun, dijo: "Estamos decepcionados por esta medida cautelar, sin embargo, estos obstáculos ya están previstos y esto se considera algo normal... Nuestro abogado local brasileño confía en que la decisión del tribunal será revocada en un recurso de apelación".

En fotos: Una represa y mina de oro amenazan la vida indígena en el río Xingu de Brasil

Oposición a la mina "monstruosa"

José Pereira Cunha, de 52 años, el vicepresidente de una pequeña cooperativa de mineros de oro en el pueblo de Ressaca, se niega a creer las promesas de Belo Sun de compensar a la comunidad o de aceptar su participación en el proyecto, y advirtió que todo estaría perdido una vez que la mina comenzara su operación. "Si se pone en marcha, esta casa quedará 200 metros bajo tierra. Va a ser un enorme agujero", dijo, señalando el suelo de su casa, una casa simple de cemento de un dormitorio con un techo de madera.

"Tenemos que parar este monstruo, este demonio, porque queremos mantener nuestra autonomía", añadió.

Los pequeños mineros, extremadamente independientes, como Pereira, han existido durante décadas en Brasil. El sector informal emplea alrededor de 200,000 personas en Brasil. Aunque las leyes regulan el uso del mercurio altamente tóxico que los mineros utilizan para extraer oro, a menudo son difíciles de aplicar debido a la falta de financiación para los organismos del gobierno y las dificultades logísticas de llegar a las minas en lo profundo de la selva.

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La canadiense Belo Sun Mining Ltd forma parte de Forbes & Manhattan Investment Group, un banco mercantil que gestiona varias empresas mineras y otras empresas en todo el mundo. La mina proyectada tendrá cuatro kilómetros de diámetro, y se prevé que extraiga un estimado de 60 toneladas de oro a lo largo de un período de 12 años, superando ampliamente a la otrora famosa mina de oro brasileña Serra Pelada –que se hizo famosa gracias a la épica serie de fotografías de Sebastiao Salgado, que mostraban los obreros mientras trabajaban como hormigas en el lodo de la mina a cielo abierto.

Serra Pelada fue clausurada oficialmente en 1992 después de habérsele extraído un total de 30 toneladas de oro a lo largo de su existencia. Una vez que la mina de oro de Belo Sun esté agotada, se espera que haya acumulado 231 millones de toneladas de residuos, incluyendo mercurio, arsénico y cianuro, aunque el Instituto Socio Ambiental (ISA) con sede en Brasil pone la cifra en 504 millones de toneladas. Eso equivaldría a una montaña de tierra tóxica tan alta como el Pan de Azúcar de Río, situada a poco más de una milla de la ribera y de su frágil ecosistema selvático.

En su pleito contra Belo Sun, la Fundación Nacional del Indio de Brasil afirmó que los niveles de arsénico en los residuos de la presa serán 37 veces superiores al nivel permitido por las regulaciones ambientales.

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Los críticos señalan que la licencia ambiental emitida a Belo Sun se basó en estudios realizados en 2009, tres años antes de que el río Xingu fuera completamente transformado por la represa hidroeléctrica de Belo Monte, que se encuentra a dos millas al norte de donde se construirá la mina de oro.

El complejo de Belo Monte, la tercera represa más grande del mundo, fue terminado en el año 2015, desplazando a más de 20,000 personas y reduciendo el flujo del río Xingu en un 80%. La represa cambió irreversiblemente la vida de las comunidades indígenas que sobrevivían en gran medida mediante la pesca, según los activistas.

Los cambios en el ecosistema fueron tan graves que Norte Energia, el consorcio encargado de la represa, tuvo que realizar un estudio de impacto ambiental a seis años para ver si las comunidades que vivían junto al río podían seguir viviendo allí. Aunque ese estudio comenzó hace sólo un año, las autoridades ambientales del estado de Pará dieron su visto bueno a la mina de oro.

El proyecto también ha sido criticado porque la electricidad generada por la represa Belo Monte suministrará energía a la mina de oro.

La compañía canadiense ha trabajado durante años en la mina Volta Grande. A partir de 2010, Belo Sun comenzó silenciosamente a comprar tierras en la región, empleando a los lugareños como trabajadores poco cualificados y creando iniciativas de alcance social.

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En una visita a Ressaca y la comunidad vecina de Ilha da Fazenda una semana antes de que se aprobara la licencia de Belo Sun, la mayoría de los lugareños parecían apoyan el proyecto bajo la creencia de que recibirían empleos y una indemnización por parte de la compañía minera más adelante.

Presagios indígenas

A menos de ocho millas río abajo desde Ressaca se encuentra Paquiçamba, la reserva de la tribu indígena Juruna. Otras 15 millas son el hogar de una tribu aislada que no ha tenido ningún contacto efectivo con el mundo exterior y es excepcionalmente vulnerable a las intrusiones modernas tales como enfermedades humanas.

En una visita realizada en diciembre a la aldea de Miratu, en la reserva Juruna, la comunidad se encontraba en un estado de aprensión. Miratu es una aldea tranquila al pie de una ladera de barro rojo que cae hacia el río, cuyas aguas están ahora permanentemente bajas. En la ribera opuesta se encuentra la reserva de Araras, otra comunidad indígena que ya está abrumada por las invasiones en sus terrenos y la deforestación ilegal.

Los Juruna –el nombre significa "reyes del río"– ahora consideran el río prácticamente muerto. No hay saneamiento en su aldea y dependen en gran medida de las dádivas de Norte Energia, el consorcio propietario de Belo Monte. Les dan pollos, una cantidad de gasolina racionada cada semana y semillas para sembrar cultivos.

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Cuando se le preguntó acerca de la proyectada mina de oro de Belo Sun, los Juruna describieron cómo la compañía se había implantado en la región y realizado un proceso de consulta rápida con ellos, pero sólo después de que los líderes de la comunidad habían ido a la capital del estado de Belén en 2013 para denunciar a la empresa por no ponerse en contacto con ellos.

"(Cuando llegaron por primera vez) dijeron que no había indios viviendo aquí", dijo airadamente Leliani Jacinta Pereira, una mujer de 29 años miembro de la tribu Juruna y ex lideresa. La compañía finalmente hizo una visita, pero los Juruna rechazaron el proyecto, diciendo que representaba una amenaza potencial aún mayor que la represa de Belo Monte.

"Ellos dijeron que no seríamos afectados, sin embargo, sí lo seremos; va a llegar mucha gente a la región", añadió Leliani Jacinta.

Para los Juruna, la mina de oro representa un doble golpe.

Desde que se finalizó Belo Monte, la vida para los Juruna y los Arara ha sido difícil. Las poblaciones de peces han sido diezmadas. Norte Energia gastó millones en compensar a las comunidades afectadas por la presa: donaciones mensuales de efectivo de hasta 10,000 dólares se le entregaron a cada aldea por un período de dos años, y se ejecutaron proyectos de infraestructura, incluyendo la construcción de hospitales y el acondicionamiento de los servicios básicos de saneamiento en las aldeas –aunque muchos proyectos permanecen inconclusos.

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El régimen de compensación causó otros problemas, sembrando disputas intertribales, dividiendo las aldeas y provocando un alarmante aumento en el alcoholismo, la prostitución y las enfermedades a una escala nunca antes vista en las comunidades afectadas.

Crisis política

El proyecto Volta Grande llega en un momento crítico para Brasil conforme el país sufre agitación política y económica. El crecimiento económico actualmente es del 0.2%, mientras que los cimientos de las instituciones políticas de Brasil están en entredicho a causa de una investigación sobre corrupción conocida como Lava Jato (Lavado de Autos), que involucra a una de las empresas de construcción de propiedad privada más grandes del país. El escándalo ya ha derribado a numerosos políticos y varios ejecutivos han sido arrestados o están siendo investigados.

Según algunos expertos, la actual crisis política ha sido utilizada como ventaja para impulsar leyes impopulares en el Congreso, que se encuentra dominado por grupos de presión de la agroindustria y la minería.

Según Phillip Fearnside, de 69 años, destacado experto en derecho climático y ambiental en el Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (INPA), Brasil está a punto de aprobar una serie de leyes que equivalen a un desmantelamiento masivo de antiguas salvaguardias ambientales y de protecciones de las tierras indígenas. En un artículo publicado a comienzos de este año, Fearnside describió cómo una serie de polémicas leyes encaminadas a aliviar a la burocracia del país y atraer la inversión extranjera ya han sido aprobadas.

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Entre las nuevas leyes más alarmantes están la creación de una nueva entidad federal, el "Programa de Asociaciones para Inversión" (PPI), destinado a racionalizar las inversiones privadas en proyectos de infraestructura.

El PPI tiene el poder de anular cualquier objeción proveniente de la Fundación Nacional del Indio, la autoridad federal ambiental, IBAMA, y cualquiera de las autoridades municipales, haciendo caso omiso en la práctica a cualquier obstáculo ambiental que pueda interponerse en el camino de una inversión.

La deforestación también aumentó en 2016, con un alza de 29% frente al año anterior, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil. El estado de Pará es el epicentro de muchos de los problemas del país, con la mayor tasa de deforestación ilegal en el país, uno de los más altos índices de homicidios y el mayor número de defensores del medio ambiente y las tierras asesinados en 2015, según Global Witness.

Empleos y beneficios

En Altamira, muchas personas se encuentran sin trabajo y con ganas de otro auge como el que experimentaron durante un período de cinco años cuando Belo Monte llegó al pueblo.

Durante los años de auge de la construcción de la represa, la población de la ciudad aumentó de 100,000 a 160,000, se multiplicaron las tiendas y los hoteles, y los negocios generalmente eran buenos. La prostitución también se disparó – la demanda era tan alta entre los trabajadores empleados por Norte Energia, según cuenta la historia, que las trabajadoras sexuales contactaron a Norte Energia y le pidieron que les pagara a sus empleados en diferentes momentos a lo largo del mes para que ellas no se vieran abrumadas los días de cobro.

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Para el año 2015, cuando la construcción del dique principal terminó, la población disminuyó a 110,000, y en cuestión de semanas, hubo un gran aumento del desempleo, un aumento de la violencia y una crisis de salud.

La misma semana que José Pereira advirtió sobre la miseria inminente que traería la mina, el director nacional de Belo Sun, Mauro Barros, de 32 años, y su gerente de desarrollo social, Juliana Magalhaes, de 33 años, dieron sus versiones de la historia en una prolija oficina con aire acondicionado situada en las afueras de la extremadamente cálida Altamira, la ciudad con gran auge que recibió la atención internacional con la construcción de la represa de Belo Monte.

Magalhaes desestimó las acusaciones formuladas contra Belo Sun por los lugareños de Ressaca. "Han estado allí durante décadas, pero los derechos del subsuelo nunca han sido de ellos", dijo.

"Reclamarlo como una forma de vida es algo que han utilizado como argumento para aferrarse y luchar contra una entidad que es mucho más poderosa que ellos mismos", añadió.

Cuando se le preguntó acerca de los riesgos para los pueblos indígenas que habitan río abajo, Magalhaes dijo que la mina no representaría una amenaza. "Podrían beneficiarse de este proyecto; las regalías que irán a la municipalidad podrían invertirse en carreteras, la producción de cacao, la salud e incluso el turismo ecológico", dijo.

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Barros aseguró que la compañía había hecho su diligencia debida, con "los mejores expertos e ingenieros del mundo con décadas de experiencia".

Los críticos del proyecto señalan que el ingeniero que aprobó el estudio técnico del Proyecto Volta Grande, Samuel Paes Loures, es el mismo experto que firmó la construcción de la mina de Samarco en la localidad de Mariana, donde una grieta dejó a tres pueblos enterrados bajo el lodo y provocó la muerte de 19 personas. Paes se encuentra actualmente en juicio por homicidio.

Según el informe de Belo Sun, la mina inyectará más de 300,000 dólares diarios a la economía local. Entretanto, el gobierno recibirá alrededor de 1.6 millones de dólares en regalías anuales durante los 12 años de la explotación de las minas. Brasil también recibirá alrededor de 21.5 millones de dólares en impuestos anuales distribuidos a nivel municipal, estatal y federal.

La compañía anticipa ganancias de 665 millones de dólares de Volta Grande, según la presentación en su sitio web.

Los empleados de Belo Sun subrayan que han hecho hasta lo imposible por seguir las reglas y mantener un diálogo transparente y abierto con las comunidades que viven en el río.

"En 2015 nos reunimos con los líderes (Jurunas), les mostramos dónde iba a estar ubicado el pozo y se mostraron muy interesados… Hemos investigado su modo de vida, los impactos sobre éste y cómo mitigar los daños", dijo el gerente para Brasil de Belo Sun, Mauro Barros.

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Para Belo Sun, el proceso de consulta no era primordial, por lo menos legalmente, debido a una peculiaridad de la ley medioambiental de Brasil. Los grandes proyectos de desarrollo ubicados a más de 6.2 millas (10 kms) de una comunidad indígena no son considerados un riesgo y, como tal, la decisión final sobre el proceso de otorgamiento de licencias ambientales se produce a nivel estatal.

"Hicimos un gran esfuerzo teniendo en cuenta que no estamos obligados a hacer la consulta porque el proyecto está a más de 10 kilómetros de distancia", agregó Barros.

Las autoridades medioambientales de Pará han defendido el proyecto durante años. Según las autoridades estatales y Belo Sun, la concesión minera se encuentra a 7.5 km de la aldea de Miratu, la más cercana. Sin embargo, ISA y los Juruna, dicen que la distancia es casi exactamente de seis millas (9.7 km).

Pero los defensores de los derechos humanos sostienen que, independientemente de la regla de los 10 kilómetros, Brasil es signatario de la convención de la Organización Internacional del Trabajo, que exige que todos los "pueblos tradicionales" deben tener el consentimiento libre, previo e informado.

Christian Poirier, director de Amazon Watch, una organización ambientalista con sede en Estados Unidos que ha trabajado en la región durante años, dice que las diferencias marginales en los cálculos son, en gran medida, irrelevantes. "No hay ningún plan para la eliminación de los desechos de las minas, es una bomba de relojería", dijo.

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