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“Quieren que sonriamos y obedezcamos”: Cuando los números no son suficientes para alcanzar la igualdad en política

Bolivia encabeza las clasificaciones en participación política femenina en América Latina gracias a una norma que garantiza candidaturas igualitarias. Sin embargo, muchas representantes no pueden ejercer sus derechos plenamente. El acoso es una constante en el país y la impunidad se mantiene a pesar de una ley pionera para combatirla.
22 Ene 2018 – 2:58 PM EST

LA PAZ, Bolivia. - Durante sus casi dos años de concejala, a Juana Quispe la insultaron, la obligaron a correr por la plaza de su pueblo en presencia de su hijo de diez años y hasta le echaron cemento en los ojos. El 4 de abril de 2010, Quispe fue elegida concejala en Ancoraimes, un municipio boliviano de 13,000 habitantes en la ribera del lago Titicaca, plaza fuerte del Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales.

Ella, mujer campesina e indígena aimara como la gran mayoría de la población en la zona, se postuló en una lista independiente. Desde el primer pleno municipal, sus oponentes políticos utilizaron todo tipo de medios de hostigamiento para que dimitiese. Durante dos años, ella se dedicó a denunciar la violencia política de la que fue víctima y a tratar de desempeñar el cargo para el que la votaron. Hasta que apareció asesinada en La Paz el 12 de marzo de 2012.


“Mujeres han venido, tres mujeres me querían hacer renunciar. Yo les dije: no voy a hacerlo, no. Prefiero morir. Yo estaba con mi hijo de diez años, que me vea mi hijo, ¿cómo me van a matar ustedes? Yo estoy dispuesta para morir hermanas” . La voz grabada de la concejala suena como una profecía en el despacho de Valquiria Lira, la abogada que lucha por que no se cierre el caso por el homicidio de Quispe. Es parte de una cuña de radio que se emitió un año después del homicidio. “Yo no quiero pagar a los jueces, prefiero pagar a la prensa”, ironiza la letrada al explicar por qué la defensa invirtió en ese aviso para que la opinión pública no se olvidara del caso.

Meses después de que fuese estrangulada, presuntamente por un sicario al servicio de sus oponentes políticos, el Parlamento boliviano aprobó la Ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, la primera del mundo que ponía nombre a esos delitos y los introducía en el Código Penal. Pero, el asesinato de Quispe sigue impune. El exalcalde y dos exconcejales de ese municipio, del oficialista Movimiento al socialismo (MAS) fueron imputados como presuntos autores intelectuales del crimen, pero casi seis años después del homicidio aún no ha comenzado un juicio oral contra los acusados.

Cinco años después de la aprobación de la ley contra la violencia política hacia las mujeres y, tras un nuevo ciclo electoral, Bolivia se ha convertido en el país de América Latina con más mujeres en el poder legislativo, pero ellas están lejos de poder ejercer sus cargos en igualdad.

Impunidad

Gracias a un complejo sistema incluido en la reforma electoral de 2010 que garantiza candidaturas paritarias a todos los niveles territoriales del legislativo, el 50.6% de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como se conoce al Parlamento, y el 51% de los concejales de todo el país son mujeres. Sin embargo, nadie cumple condena por el asesinato de Juana Quispe y, tras cinco años con la ley en vigor, no se ha registrado una sola sentencia penal por los delitos de acoso y violencia política, a pesar de que para ellos la ley contempla penas de más de diez años en los casos con agravantes.

“A la fecha no tenemos ni una sentencia clara, condenatoria, que muestre jurisprudencia clara y legítima de que exista el acoso político”. Lo dice Christiam Nattes, abogado de otra víctima de violencia política, Bertha Quispe, la alcaldesa de un pequeño municipio del oriente de Bolivia que comparte apellido pero no relación familiar con la concejala asesinada.


Bertha Quispe sobrevivió al acoso. Pero durante varios meses de 2016 su municipio, Collana, fue un infierno. Allí le tapiaron la entrada a la Alcaldía; allí secuestraron durante horas a otra concejala después de que ella denunciara su situación; allí no pudo entrar su equipo de gobierno durante meses; allí el conflicto se zanjó con tres miembros de una comisión interinstitucional hechos rehenes y con la retirada de la demanda penal que hizo la alcaldesa. Hoy vuelve a ocupar el despacho para el que la votaron y desarrolla su responsabilidad con relativa normalidad.


La Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), la organización promotora de la Ley 243 y unas de las primeras instancias de denuncia para las políticas que sufren violencia y acoso, recibió 89 denuncias que afectan a 116 víctimas entre enero de 2016 y septiembre de 2017. “Son las que se animan a denunciar, porque tenemos datos de que hay muchos más casos”, explica su directora ejecutiva, Bernarda Sarué, que asegura que muchas prefieren evitar una escalada en el conflicto. De esas 89 denuncias, 20 fueron por vía penal, pero ninguna se ha resuelto hasta el momento.

Las causas del acoso político son variadas, comenzando porque concejalas y diputadas tienen un suplente que obligatoriamente tiene que ser de sexo contrario y que, en caso de dimitir, asume el cargo. Algunas presiones se producen por esa razón, explica Sarué. Pero apunta a otra más importante: en muchas ocasiones las mujeres “se niegan a firmar ciertos documentos” que implican procedimientos irregulares. “A mayor nivel de educación de nuestras compañeras concejalas, mayor acoso y violencia”, apostilla. Parecido opina la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, la mujer con más poder político del país. “Hay muchas mujeres concejalas que han sufrido violencia o acoso sólo por el hecho de denunciar hechos de corrupción en su propia instancia legislativa o en el órgano ejecutivo”, asegura.


El acoso no es un fenómeno único del ámbito local, aunque sea allí donde adopta formas más brutales. La diputada Jimena Costa, de Unidad Nacional y quien fuera jefa de la principal bancada opositora en 2015, sostiene que el 75% de las mujeres de la Asamblea Legislativa sufre alguna forma de acoso. Se refiere a un estudio que mencionan varias fuentes consultadas para este reportaje pero que no ha sido publicado, y además aporta su propio testimonio. “Yo también he sido víctima de acoso dentro de mi propia bancada, por supuesto, por un par de senadores que vienen de la política de hace muchos años: Arturo Murillo y Óscar Ortiz, que quieren todavía que las mujeres entremos y nos sentemos y sonriamos y obedezcamos a lo que nos mandan”, sostiene.

No hace falta indagar mucho en la prensa nacional para percibir que, para las mujeres, ser autoridad pública es una actividad de alto riesgo. En junio de 2016 falleció Herminia Mamani, concejala del MAS en el pueblo de Viacha que había denunciado acoso político. Meses antes había sido atropellada y había acusado de sus heridas a Rubén Chambi, diputado suspendido de su propio partido.

En 2012, Dagimar Rivera, una concejala de Guayamerín, municipio fronterizo con Brasil, fue asesinada por sicarios en un karaoke de su propiedad. Había denunciado al alcalde por un caso de presunto nepotismo.


Las dificultades para convertir una participación numérica irrebatible en una igualdad sustantiva donde las mujeres pueden desempeñar sus cargos sin temor se reflejan en una brecha entre el poder legislativo, donde operan las leyes para garantizar la presencia de las mujeres, y el poder ejecutivo. De 337 municipios que tiene Bolivia, sólo 29 tienen alcaldesa y las nueve regiones están gobernadas por varones. Y, aunque Evo Morales nombró el primer gabinete de ministros paritario de la historia del país en 2010, desde este año sólo se sientan junto a él cuatro ministras en un Gobierno con veinte carteras.

Gabriela Montaño cree que “la paridad ha ganado un enorme espacio también en la sociedad, en lo simbólico”. Y eso, dice, hará que “de aquí a unos años la gente también demande, aunque no esté tan normado, aunque no sea tan mandatorio, que haya candidatas a la Alcaldía o a la Gobernación”.

Este reportaje es parte del proyecto multimedia Where Women Make The Laws, financiado por el European Journalism Centre y la Fundación Bill & Melinda Gates.

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