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Crisis en Venezuela

La lucha por el oro de militares, guerrillas y criminales: el polvorín que complica una transición pacífica en el sur de Venezuela

Un informe recién publicado por el International Crisis Group advierte que guerrillas como el ELN y disidentes de las FARC, sindicatos criminales y fuerzas armadas venezolanas compiten por el control de las minas de oro y otros metales en los estados de Bolívar y Amazonas, fronterizos con Brasil, Colombia y Guyana. El informe propone buscar una solución pacífica al conflicto político en el país. Una intervención militar, advierten, puede tener un desenlace “caótico”.
1 Mar 2019 – 1:35 PM EST

En medio de la crisis política que vive Venezuela que alcanzó un punto de inflexión el pasado 23 de enero cuando Juan Guaidó se juramentó como presidente interino y recibió el respaldo de más de 50 países frente al gobernante Nicolás Maduro, que sigue aferrado al poder, un informe advierte a las naciones que buscan una solución al conflicto que tengan en cuenta el contexto de violencia que se vive en las zonas mineras de los estados sureños de Amazonas y Bolívar, ricos en oro y otros metales raros, donde diferentes grupos criminales, insurgentes y el ejército se disputan el control.

"Lejos de los centros de poder de Venezuela, donde se está llevando a cabo la lucha para decidir el futuro político del país, las vastas regiones tropicales al sur (ricas en oro y otros metales como coltán, diamante e incluso uranio) están expuestas a graves riesgos de intensificación del conflicto", advierte el informe del Internacional Crisis Group.

Según explica el documento, que se realizó tras entrevistar a más de 100 expertos, líderes comunitarios, militares, mineros y comerciantes de minerales retirados y actuales en las zonas fronterizas entre Venezuela y Colombia, Bolívar y Amazonas han llamado la atención de funcionarios chavistas ante la crisis de liquidez por el descenso en los ingresos petroleros y el colapso económico general del país. Allí, según indica el informe, grupos criminales violentos entre los que se encuentran los sindicatos, la guerrilla colombiana del ELN y disidentes de las FARC "vienen ejerciendo control sobre las comunidades mineras, a menudo en complicidad con las autoridades".


En ese contexto, los autores del informe recomiendan evitar la opción militar que se ha presentado como una posible vía para sacar a Maduro del poder y que no ha sido descartada por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, aliados de Guaidó. Una intervención extranjera, a su juicio, podría suscitar el apoyo de estos grupos insurgentes a la causa del gobierno de Maduro.

Los autores también desaconsejan imponer sanciones a la producción y explotación de oro, como propuso Estados Unidos el año pasado, porque creen que eso daría más poder a los traficantes sobre el comercio ilegal.


Ejército, guerrillas y grupos criminales locales

Según el informe, las comunidades locales que se dedican a la minería en estos estados con baja densidad de población, poca presencia del estado y con mayoría de población indígena, enfrentan grandes dificultades por los " grupos armados que buscan imponer la obediencia con tasas de homicidio que alcanzan picos extraordinarios".

Algunos pueblos mineros han sido víctimas de matanzas como la de 2016 cuando 17 mineros fueron asesinados cerca de la ciudad de Tumeremo en el estado Bolívar, o de una más reciente en una zona cercana en octubre de 2018 cuando 18 civiles murieron en un supuesto enfrentamiento entre militares y mineros.

El Internacional Crisis Group indica que las redes delictivas organizadas y los grupos armados ilegales han tomado el control de diferentes partes de los estados Amazonas y Bolívar donde, calculan, "le exigen obediencia a aproximadamente 300,000 mineros".

Además de los sindicatos (grupos criminales venezolanos), esas zonas también son controladas por movimientos transfronterizos de la guerrilla colombiana del ELN y por facciones disidentes de las FARC que, según el informe, "están ampliando su presencia a lo largo de una frontera con poca vigilancia, a raíz de sus tambaleantes procesos de paz”.

A esos grupos hay que añadir la influencia del ejército, la presencia más visible del estado en esas zonas. Según testimonios de testigos presenciales citados por el informe, existe "una confabulación entre grupos armados no estatales que realizan actividades criminales de protección alrededor de las minas y oficiales de la Guardia Nacional de Venezuela y el comando militar regional". "Exoficiales militares y de inteligencia afirman que la complicidad con estas operaciones alcanza los altos rangos del gobierno y las fuerzas armadas, quienes coordinan las ventas internacionales de oro del Arco Minero", se lee en el texto.

El informe lamenta que las fuerzas armadas de Venezuela no solo no han conseguido evitar la violencia, sino que, "según numerosos testimonios de testigos, han alentado y aprovechado el saqueo de minerales en un corredor terrestre que comienza en la frontera con Colombia y se extiende hacia Brasil y Guyana".

El informe traza un mapa del control de las operaciones mineras ilegales por parte de los grupos irregulares en cuyas garras han caído muchos trabajadores:


  • Los sindicatos delictivos venezolanos controlan grandes extensiones en el estado Bolívar y dirigen operaciones mineras ilegales hasta la frontera con Guyana, donde consiguen tomar control de las comunidades locales gracias a la “intimidación y la violencia extrema”, según el Crisis Group. En la frontera con Brasil, los sindicatos están bajo la amenaza de las guerrillas colombianas.
  • Mineros citados por el informe apuntan que el ELN grava las operaciones mineras ilegales y otras actividades relacionadas, como el transporte de suministros a las minas y subcontrata a otros actores armados para sus operaciones. La guerrilla colombiana controla, según testigos citados por el documento, un corredor de oriente a occidente de las principales regiones mineras del sur de Venezuela, en el estado Bolívar y a lo largo de la frontera con Guyana, y ha buscado el contacto con comunidades en el municipio de Gran Sabana, cerca de Brasil.
  • Los disidentes de las FARC del frente Acacio Medina controlan el área de Puerto Colombia-San Felipe, en el lado colombiano del río Negro, y operan en el municipio de Río Negro en el lado venezolano. Se dice que los disidentes de las FARC también dirigen las minas de Yapacana en Amazonas, indica el estudio.

Recomendaciones: no a la intervención militar ni a las sanciones al oro

Según el documento, todos los grupos criminales y guerrilleros cobran impuestos sobre la extracción y el transporte de minerales, calculando el monto que adeudan los mineros en función al tamaño de sus operaciones. "Los mineros, a su vez, suelen hacer pagos en oro. Los sindicatos ejecutan sumariamente a aquellos que no pagan la cuota acordada, mientras que las guerrillas tienden a darle más tiempo para que realicen el pago", se lee en el texto.

Además, el texto refleja rivalidades entre facciones que "infestan todas estas relaciones ilícitas y provocan enfrentamiento entre las partes".


"La violencia criminal, represión estatal, escasez extrema y el contrabando en las regiones mineras del sur representan problemas cruciales de seguridad y una grave amenaza para la estabilidad regional", indica el texto que advierte que los residentes de estas comunidades también son afectados por los efectos en su salud y en el ambiente de los derrames de mercurio y por una epidemia de malaria.

No obstante, señalan que esta realidad no se conoce tanto debido al aislamiento de estas comunidades, a "un estado opresivo" y a la presencia de "las fuerzas de seguridad" que las silencian.

Entre las conclusiones del informe, el International Crisis Group descarta una intervención de fuerzas extranjeras en Venezuela para destituir a Maduro ya que, a su juicio, " podría suscitar el apoyo de estos grupos insurgentes a la causa del gobierno actual y, en el peor de los casos, perpetuar un conflicto de baja intensidad".

Además, el informe considera que los llamados a una intervención militar extranjera en Venezuela "solo sirven para incitar a estos grupos a luchar contra los ejércitos extranjeros y a proteger a sus patrones dentro del gobierno de Maduro".

Por último, piden que Estados Unidos se abstenga de imponer sanciones a la producción y las exportaciones de oro para castigar y aislar financieramente al gobierno y las élites venezolanas, como propuso el año pasado. A su juicio, eso podría resultar en un aumento del control de los traficantes sobre el comercio.

"El destino de Bolívar y Amazonas está vinculado de forma indisoluble al futuro político de Venezuela y a la cuestión de cómo y cuando saldrá de su crisis actual", concluye el informe. "Pero el sufrimiento y el aislamiento extremo de las comunidades locales, así como las amenazas que representan las riquezas mineras y las facciones armadas en toda la región deben poner al sur de Venezuela como el centro del interés por el futuro del país".

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