null: nullpx

La exfiscal de Venezuela acusa a Maduro de casi 9,000 asesinatos en operativos de "limpieza social"

Luisa Ortega Díaz denunció este jueves ante la Corte Penal Internacional que el gobierno chavista es responsable además de 17,000 detenciones arbitrarias, cientos de casos de tortura y de ataques "sistemáticos" contra los ciudadanos.
16 Nov 2017 – 09:32 PM EST
Comparte
Cargando Video...

La destituida fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denunció este jueves en la Corte Penal Internacional que el presidente Nicolás Maduro, apoyado por algunos de sus funcionarios, ordenó a policías y militares la ejecución de casi 9,000 asesinatos de ciudadanos.

Ortega explicó que recurrió a esta instancia porque "en Venezuela no hay justicia" e inició su enumeración por año: "En el 2015 fueron asesinadas 1,777 personas. Fueron asesinadas por funcionarios policiales y militares. En el año 2016, 4,667 personas (murieron) bajo las mismas condiciones, y hasta el mes de junio de este año se registró el asesinato de 1,846 personas. Todas bajo las órdenes del Ejecutivo, amparados en un plan que persigue el gobierno de limpieza social".

Sumó además a otras 505 personas que murieron bajo la Operación Liberación del Pueblo (OLP), un plan implementado por el gobierno de Maduro para combatir la violencia criminal que se vive en cualquier calle de Venezuela, pero que ha sido denunciado por sus irregularidades y por la impunidad en la actuación de los cuerpos de seguridad. Incluso los habitantes de los barrios que han recibido a la OLP aseguran que además de los policías, intervienen miembros de los colectivos, grupos de paramilitares afines al chavismo y que imponen sus propias leyes con el apoyo del estado.


Junto a Maduro, la fiscal incluyó en su denuncia a Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa; Nestor Reverol, ministro de Interior y Justicia; Gustavo Gonzlaez López, director de los Servicios de Inteligencia (Sebin), y contra Antonio Benavides Torres, jefe del gobierno del Distrito Capital.

De ellos, aseguró que además de asesinatos, son responsables de cientos de casos de tortura, de más de 17,000 detenciones arbitrarias y ataques contra la población civil. "No es posible que (en Venezuela) se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad", dijo Ortega Díaz, quien aseguró que entregó en La Haya meas de mil elementos probatorios de sus denuncias, entre experticias, reconocimientos médicos legales y psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas

"Nosotros estamos solicitando que se libre orden de captura internacional contra Nicolás Maduro y las demás personas que denunciamos hoy y que lo han acompañado en la ejecución de estos crímenes de lesa humanidad", señaló a las puertas de la Corte.

Desde que escapó de Venezuela en agosto, la fiscal Ortega Díaz ha denunciado al gobierno de Maduro en foros internacionales. Apenas una semana después de su huida del país, llegó a una cumbre de fiscales de Mercosur y enumeró distintos casos de corrupción en los que estaba involucrado el presidente y algunos de sus más cercanos funcionarios. Habló de que Maduro había registrado una empresa en México para realizar manejos irregulares en la compra de alimentos que son subsidiados por el Estado a los ciudadanos y relacionó a Diosdado Cabello, el segundo del gobierno chavista, con el escándalo de sobornos de la constructora brasilera Odebrecht.

Ortega fue destituida de su cargo el pasado 5 de agosto, como primera medida de la Asamblea Constituyente que gobierna Venezuela con poderes absolutos. Para ese momento, el TSJ ya había dictado la prohibición de su salida del país y el congelamiento de sus bienes.

Desde su nombramiento, en diciembre de 2007, Ortega fue una de las grandes aliadas del chavismo dentro del aparato del Estado. Pero en marzo de este año pasó a la disidencia, tras denunciar la ruptura del orden democrático en Venezuela cuando el TSJ despojó de sus funciones al Parlamento de mayoría opositora.

Ortega ha denunciado en varias ocasiones que el gobierno de Nicolás Maduro había desatado una persecución en su contra porque maneja información sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos que podría comprometerlo. "Quieren con esto esconder las pruebas de ( el caso de la empresa brasileña) Odebrecht, esconder las pruebas de la violación de derechos humanos que se ha dado en este país, los seguiré denunciando", dijo, el mismo día que debió escapar, escoltada y en moto, de la sede del Ministerio Público.

Loading
Cargando galería
Comparte
RELACIONADOS:América LatinaVenezuela

Más contenido de tu interés