Fiscal mexicano dice que EEUU deportó sin notificar a "homicida en serie", pero ICE ofrece otra versión

En 2012, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) llevaron a Santiago ‘N’, un ladrón convicto que vivía sin papeles en California, hasta la frontera con México. Jamás imaginaron que siete años después sabrían de él nuevamente por un multihomicidio en Tijuana. La Fiscalía de Baja California lo acusa de asesinar a sus suegros y a tres personas más, y de enterrarlos en el patio de su casa.

Santiago ‘N’, de 36 años, fue detenido después de que sus declaraciones cayeron en contradicciones y una aplicación en el celular de sus suegros llevó a los detectives hasta su vivienda en la colonia Obrera. Un perro policía ayudó para que exhumaran sus cadáveres y terminó encontrando otros tres cuerpos.

Este miércoles, las autoridades buscaban a más víctimas, una de las cuales sería una mujer deportada que vivió en esa propiedad usada como fosa clandestina.

Se trata de "un homicida en serie” que consumía metanfetamina habitualmente y llevaba autos robados a su domicilio para desmantelarlos, alegan las autoridades. Este espeluznante caso ha dado varios giros desde que inició como un reporte de desaparición de los padres de su pareja, Jesús Rubén López Guillén, de 70 años; y María Teresa López, de 65, quienes radicaban en Los Ángeles, California.

Ellos viajaron a Tijuana el 10 de enero para recibir unos 120,000 pesos (6,400 dólares) por rentas acumuladas durante dos años. Su yerno los cobró en su nombre y en su declaración inicial él aseguró que los ancianos habían sido secuestrados y los criminales estaban pidiendo un rescate. Era mentira.

Cuando se reportó el hallazgo de los cadáveres de esta pareja, el fiscal general de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, lanzó esta teoría en una conferencia de prensa: nada de esto habría pasado si el gobierno de Estados Unidos les hubiese notificado en 2012 que habían dejado en Tijuana a un criminal convicto.

“Nosotros siempre hemos discutido mucho que cuando deportan a una persona de Estados Unidos y viene de alguna prisión con antecedentes penales, no somos informados como autoridad de esas deportaciones (…) Se complica mucho la localización de estos individuos: usan otros nombres, usan un alias y al final de cuentas es un problema constante que se tiene”, reclamó el funcionario el viernes.

Su declaración ha levantado ámpula en ambos lados de la frontera porque la política migratoria de Donald Trump se ha centrado precisamente en la deportación de aquellos que han cometido crímenes o “bad hombres”. Pero los críticos del presidente alegan que este enfoque ha terminado por criminalizar a los migrantes y negar asilo a quienes vienen huyendo de la violencia en sus países.

No han sido pocos los delincuentes o sospechosos de crímenes que han terminado bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en años recientes. Desde el año fiscal 2017, que abarca el inicio de la administración Trump, oficiales migratorios deportaron a más de 276,000 mexicanos que cometieron algún delito, esto es casi el 70% del total, según cifras que ICE proporcionó a Univision Noticias.

Desde el 11 de enero pasado, la dependencia expulsó a 36,364 mexicanos, de los cuales 22,412 (61% del total) tenía historial delictivo, precisó ICE.

ICE asegura que sí reporta a los criminales

Lauren Mack, vocera de ICE en San Diego, cuestionó los argumentos del fiscal Ruiz Hernández, asegurando que sí se comunican con oficiales migratorios mexicanos al deportar a sus connacionales.

“Agentes de ICE se reúnen con funcionarios mexicanos del Instituto Nacional de Migración (INM) en la garita de San Ysidro (en San Diego, California) cuando realizan deportaciones a México. El proceso de deportación se lleva a cabo en un entorno controlado y en estrecha coordinación con los funcionarios del INM, (quienes) analizan los casos antes de aceptarlos en México”, detalló Mack en un comunicado enviado a esta redacción, en el cual responde a las críticas del procurador general de Baja California.

“Además, los oficiales de ICE rutinariamente brindan a los funcionarios de inmigración mexicanos información que indica si un individuo tiene antecedentes penales en Estados Unidos”, agregó la portavoz.

La dependencia insiste en que su trabajo se enfoca en sacar del país a delincuentes. Señala que del 1 de octubre de 2018 al pasado 30 de septiembre, sus agentes realizaron 267,258 deportaciones, un aumento en comparación con 256,085 registradas en el año fiscal 2018. La dependencia señala que el 91% de estos individuos tenía condenas o cargos penales pendientes en el momento de su arresto.

Según ICE, estos son algunos de los casos penales ligados en 2019 a estos migrantes:

• Más de 1,900 homicidios
• Más de 1,800 secuestros
• Más de 12,000 delitos sexuales
• Más de 45,000 ataques agravados
• Más de 67,000 delitos relacionados con drogas
• Más de 10,000 crímenes vinculados a armas de fuego
• Más de 74,000 por conducir ebrio o drogado

En ese mismo período expulsó a 5,497 pandilleros, poco menos que en 2018.

Uno de éstos fue Carlos Alfredo Luna Guebara, un salvadoreño de 26 años que era miembro de la pandilla Barrio 18. Lo deportaron el 15 de mayo de 2019. “Era un fugitivo buscado en su país natal por homicidio agravado, conspiración para cometer un asesinato y pertenecer a grupos terroristas”, advierte ICE en un informe sobre criminales devueltos a sus países.

En este caso, ICE lo entregó a funcionarios salvadoreños para que se enfrentara a la justicia de su país.