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El diálogo en Nicaragua dejó acuerdos sobre derechos humanos pero aún nada de adelanto de elecciones

Un maratónica jornada no tocó la propuesta gorda de los obispos: elecciones en 2019 para acortar el actual periodo presidencial que oficialmente termina en 2021. El dialogo se extiende hasta el lunes.
16 Jun 2018 – 2:44 PM EDT

MANAGUA, Nicaragua-. Tras ocho horas de reunión a puertas cerradas el viernes, el “Diálogo Nacional” en Nicaragua por fin llegó a sus primeros acuerdos sobre derechos humanos. Justo cuando estaba al borde del fracaso.

Pero la maratónica jornada no tocó la propuesta gorda de los obispos de la Conferencia Episcopal: la democratización del país y el anticipo de elecciones en 2019 para acortar el actual periodo presidencial que oficialmente termina en 2021. El dialogo se continuo el sábado, pero después de varias horas decidieron suspenderlo hasta el lunes.

El gobierno de Daniel Ortega y la 'Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia', que aglutina a los grupos que exigen su salida del poder, acordaron el ingreso al país de manera "inmediata" de organismos mundiales de derechos humanos, y la creación de una comisión para la eventual remoción de los tranques ciudadanos que obstaculizan las principales vías del país.

Por la mañana del viernes, se reanudó el “Diálogo Nacional” tras su suspensión el 31 de mayo, enfocado en esclarecer los crímenes de esta matanza que alcanza 170 muertes confirmadas y más de mil heridos.


Al principio, el gobierno de Daniel Ortega no aceptó ninguna de las propuestas de la Alianza Civica que exigían la invitación al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), y a la Unión Europea (UE). Los obispos se mostraron alarmados ante la falta de consenso. El gobierno presentó una contrapropuesta que exigía únicamente el levantamiento de los tranques callejeros y dejaba por fuera la invitación a los garantes internacionales en materia de derechos humanos. Esto provocó una grave crisis en la mesa de conversaciones. Las alarmas se encendieron en el país. Se temía que, si el diálogo fracasaba, la violencia policial y paramilitar se desenfrenaría todavía más.

“Hay que esclarecer la verdad, establecer eventuales responsables de lo que ha ocurrido y hacer justicia. Aquí se ha roto la justicia y hay que restablecerla. No se puede construir una nueva sociedad sobre la inseguridad y la impunidad”, dijo Monseñor Silvio Báez.

Báez recordó que si el “Diálogo Nacional” no daba “pasos positivos” a un mes de su instalación, el cuerpo colegiado de la iglesia católica se retiraría como garante. Ese plazo se cumplía este sábado de 16 de junio.

El cardenal Leopoldo Brenes exhortó al gobierno “a reflexionar” durante la hora de almuerzo, cuando fue pausada la sesión plenaria. Al regreso, prometieron a la ciudadanía una solución y revelar la respuesta escrita que el presidente Ortega le había enviado a los obispos referente al otro punto peliagudo del diálogo: La democratización del país y el anticipo de elecciones.

La pausa duró ocho horas. Fuentes de la Conferencia Episcopal describieron una tensa sesión de negociaciones. Pasadas las ocho de la noche, la transmisión televisiva fue reanudada. Los obispos anunciaron el acuerdo: El gobierno cedía el ingreso de la CIDH, el alto comisionado para Derechos Humanos de la ONU y la Unión Europea, pero también conseguía involucrar a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), timoneada por Luis Almagro, al proceso.

El acuerdo también establece la creación de una “Comisión de Verificación y Seguridad”, en cuyas funciones tendrá la elaboración de un plan “para la implementación a la brevedad posible para la remoción de los tranques”.

Fue una concesión para el gobierno. Sin embargo, el universitario Lesther Alemán aseguró que “los tranques no se desmontan mientras no existan garantías en este país de seguridad”, y la violencia policial y paramilitar no cese.


“El tema de la democratización para Nicaragua es prioridad y mientras no veamos esos signos, los tranques no se destrancan”, advirtió además Alemán, quien en la primera sesión del diálogo el mes pasado se hizo famoso cuando encaró a Ortega.

Ortega sin respuestas concretas elecciones

Después de concluir con los acuerdos en el plano de derechos humanos y el reclamo de justicia por las víctimas, la Conferencia Episcopal anunció la respuesta de Ortega a su hoja de ruta para la democratización del país.

Los obispos se habían reunido de forma privada con el mandatario hace una semana para saber “de su propia boca si tiene voluntad política real” para acometer los cambios. Le presentaron el proyecto de democratización que incluía el adelanto de elecciones presidenciales, legislativas y municipales al 29 de marzo de 2019, y reformas constitucionales, como la separación e independencia de poderes públicos, la despartidarización del poder judicial así como el saneamiento a fondo del sistema electoral.

Ese acuerdo incluye la renuncia y sustitución de todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), y el cambio de estructura y dirección de nuevas autoridades electorales municipales y departamentales.

Las reformas constitucionales contemplan la no reelección presidencial, nuevos períodos para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y nuevos procedimientos para las autoridades que requieran de la aprobación de la Asamblea Nacional.

La carta de Ortega se mantuvo en secreto y fue revelada por los obispos la noche del viernes. Su respuesta fue leal al estilo del mandatario: Evasiva y sin respuestas concretas. Envuelta en una retórica con invocaciones “al altísimo” propuso la creación de "una comisión tripartita” —tres representantes del Ejecutivo y tres de la Alianza Cívica— “para analizar las propuestas que surjan del Diálogo Nacional”. Es decir que no aceptó de entrada la democratización del país planteada, tal como lo exige la ciudadanía que lleva nueve semanas de insurrección cívica en las calles.

El gobierno tampoco respondió de forma clara al emplazamiento ciudadano de desarticular los grupos paramilitares que siembran terror y muerte en las ciudades, pese a que una de las recomendaciones del informe preliminar de la CIDH lo demanda. El jefe de bancada del partido de gobierno y operador político de Ortega, el diputado Edwin Castro, dijo al salir del “Diálogo Nacional” que desarticular los grupos irregulares “corresponde a todos”. La sesión plenaria del diálogo continuará este sábado en medio de un país atrincherado contra el gobierno y en vilo ante la incesante represión.

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