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Duermen a la intemperie y toman agua de una laguna: el drama de centenares de guatemaltecos desplazados a 'tierra de nadie'

Más de 400 personas, la mitad de ellos niños, sobreviven desde hace una semana en carpas improvisadas en la zona limítrofe entre Campeche y Petén tras ser desalojados de su comunidad. No tienen suficiente alimentación ni medicinas. A medida que los días avanzan, la crisis humanitaria se perfila en el horizonte de la frontera.
9 Jun 2017 – 12:05 PM EDT

El guatemalteco Carlos Paredes Baas dice que no sabe qué día es hoy. El último que recuerda con certeza fue el viernes pasado, cuando llamó a sus dos hijos, recogió sus cosas, metió unas gallinas en unas cajas y se fue con su mujer y la gente de su comunidad a la frontera con México, antes de que llegara el Ejército a desalojarlos.

Viven allí desde hace una semana junto a otras 400 personas, la mitad de ellos, niños. Viven allí, entre el fango, los mosquitos y la lluvia, en unas carpas improvisadas (unos palos, unas lonas viejas) a un lado de las estacas y los alambres de púas que marcan el límite entre Petén y Campeche.

Amnistía Internacional dice que están en el lado mexicano de la frontera, pero las autoridades de ese país lo niegan y aseguran que están en el lado guatemalteco. Prácticamente en "tierra de nadie".

Muchos llegaron allí caminando. Han llevado consigo sus pertenencias y sus animales. Son miembros de la comunidad de Laguna Larga, un caserío de campesinos que se asentaron ilegalmente hace más de una década en el área protegida maya de Laguna del Tigre y que, por una orden judicial, fueron obligados a desplazarse el pasado 2 de junio.

“Recogimos y salimos, porque venían muchos (militares) y nos dio miedo”, cuenta Paredes en conversación telefónica.

Dice que la mayor preocupación de la comunidad son los niños, unos 214, y los ancianos, unos 30, según el último censo realizado por Amnistía Internacional, muchos de los cuales comienzan a presentar diarreas y enfermedades cutáneas.

En la frontera de la crisis humanitaria


De acuerdo con la representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en México, Paola Bolognesi, la situación humanitaria de los desplazados es “delicada”.

“Ha estado lloviendo mucho como resultado de un frente frío y la zona y el camino hacia el pueblo más cercano está lleno de fango. No hay suficiente alimentación o medicinas y estas personas hacen sus necesidades al aire libre y toman agua de una laguna cercana. Ya ha habido casos de diarreas y otras enfermedades asociadas a estas condiciones”, dijo a Univisión Noticias.

Explicó que, además, varias organizaciones humanitarias han tratado de brindar apoyo a los desplazados, mientras los residentes del poblado mexicano de El Desengaño, a unas tres millas de la frontera, han acudido también a darles socorro, pese a las condiciones climáticas.

La Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos Frontera Guatemala/México calificó la situación de “emergencia humanitaria y de refugio” y aseguró que el desplazamiento violó los derechos humanos de los campesinos y las normas establecidas por Naciones Unidas contra el desplazamiento forzoso.

De acuerdo con un tuit de la Policía Nacional Civil, la operación militar, en la que participaron más de 1,000 efectivos, 63 patrullas, un autobús y ocho camiones se realizó “en cumplimiento a orden de juez competente”.

El pasado 24 de marzo, el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Petén decretó el desalojo de la comunidad por encontrarse en el terreno de un área protegida, aunque la orden no se hizo efectiva hasta hace una semana.

El negocio de la tierra

Para Francisco Moya, director del Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad Pública de Guatemala, el desalojo de la comunidad revela un complejo trasfondo, que evidencia la incapacidad de los sucesivos gobiernos del país para solucionar el tema de la pobreza.

De acuerdo con Moya, en términos jurídicos, resulta legal el desalojo de esta comunidad, ya que por una normativa de la década de 1990 están prohibidos nuevos asentamientos en áreas consideradas reservas mayas.
A eso añade que la zona donde se encuentra está minada por el narcotráfico, es ruta de inmigrantes indocumentados y uno de los canales del contrabando de productos y de flora y fauna hacia México.

Otro de los problemas, dijo, es el cultivo extensivo de la palmera africana, que ha llevado al desplazamiento de centenares de comunidades en los últimos años y también que, muchas veces, las ocupaciones se han convertido en un negocio para todas las partes.

“Hay políticos que prometen a los campesinos que les darán las tierras si votan por ellos y luego, cuando ganan, no lo hacen, como parece haber pasado en este caso. También muchos campesinos ocupan tierras en áreas protegidas, exigen el terreno y luego, cuando tienen el título de propiedad, lo venden y se van a ocupar otro, lo que ha aumentado el margen de acción del gobierno”, explicó.

No obstante, recalcó que en el fondo de todo está el problema de la pobreza y la falta de oportunidades de las comunidades, que viven muchas veces al margen de la civilización. Opina más: cree que este tipo de soluciones, lejos de resolver esta situación, la agrava.

“Estos desalojos no van a resolver nada, porque al final solo reproducen la pobreza. Si los desalojas hoy, volverán a ocupar mañana. Se necesitan alternativa sólidas y estructurales que den una respuesta viable a este tema”, consideró.

En tierra de nadie

Mientras tanto, más de 85 familias guatemaltecas duermen hacinadas en 35 carpas improvisadas en la frontera norte de Guatemala, en la frontera sur de México.

Aunque según la representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados se encuentran en territorio mexicano, el Instituto Nacional de Migración de ese país (INM) asegura que están en suelo guatemalteco.

Como los límites en esa zona son difusos, nadie quiere hacerse responsable.

La Directora de Comunicación del INM, Aurora Vega, comentó a Univision que su organismo no ha recibido solicitudes de asilo por parte de los desplazados y que han intentado ayudarlos a través de una agencia humanitaria.

“Ellos no quieren refugio en México, quieren que su gobierno les devuelva sus tierras. Por tanto, eso no es tema que competa directamente a México”, sostuvo.

Paredes, por su parte, asegura que la comunidad ha sido intimidada por agentes del INM para que no se adentren en territorio mexicano. Dice que tienen miedo y que han pasado hambre.
Están en tierra de nadie. Y sin alternativas.


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