Las 11 empresas fabricantes de armas a las que el gobierno de México demandó en un tribunal federal de Estados Unidos por su presunta responsabilidad en la crisis de violencia que enfrenta el país latinoamericano serán representadas en un solo bloque, después de que el juez Dennis Saylor aceptara la petición de los acusados.
Juez da luz verde para que fabricantes de armas enfrenten demanda del gobierno de México como un solo bloque
El juez Dennis Saylor aceptó la petición de las compañías demandadas en un inédito proceso judicial que involucra al gobierno de un país fundamental para el comercio y seguridad de Estados Unidos con una de las principales industrias estadounidenses.
Video Gobierno mexicano demanda a las compañías de armas de EEUU y las acusa por la violencia causada en el país
La decisión es el último avance en el proceso judicial: una demanda considerada sin precedentes en la que el gobierno mexicano acusa a los fabricantes de “diseñar, comercializar, distribuir y vender armas de una manera en la que saben que habitualmente están armando a los carteles de drogas en México”, según consta en uno de los documentos presentados ante el tribunal.
Los fabricantes, de acuerdo con el gobierno mexicano, son responsables de producir “entre el 70% y el 90%” de las armas incautadas por las autoridades mexicanas y “están completamente al tanto del tráfico masivo” de sus productos.
En la demanda, México pide una serie de medidas para obligar a las empresas a reducir el tráfico ilegal de armas y, según cálculos basados en los puntos explicados en la demanda, busca al menos 10,000 millones de dólares en daños, aunque tal cantidad no se menciona explícitamente en el texto.
Los demandados, entre los que están las principales compañías de la industria de armas de Estados Unidos, argumentaron que el acuerdo de formar un solo bloque es “la manera más eficaz” para el proceso judicial, como explican en la petición aprobada por el juez.
La naturaleza de la demanda, inédita por su naturaleza e implicaciones, abre incógnitas sobre los alcances de un pleito judicial que involucra a los principales actores de una de las más poderosas industrias de Estados Unidos con México, el país con el que comparte casi 3,200 kilómetros de frontera, su principal socio comercial y una pieza fundamental para sus estrategias en seguridad e inmigración.
“La reacción de la administración Biden a esta demanda puede ser muy significativa”, sostiene Jeff Abramson, analista de seguridad de la Arms Control Association, una organización no partidista que analiza la industria armamentística del país.
“Aunque el gobierno de Estados Unidos no se menciona en la demanda, la administración ha pedido al Congreso que derogue la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas [que protege a los fabricantes de ser implicados en los delitos cometidos por sus productos] y ha defendido la prohibición de las armas de asalto”, explica el analista.
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Abramson, además, llama la atención a un elemento ausente en la demanda: la venta legal de armas de Estados Unidos al Ejército mexicano y la omisión de compañías como Sig Sauer, una compañía alemana que vende armas al gobierno estadounidense que acaban en manos de soldados y policías de países latinoamericanos a través de pactos de seguridad.
“Sig Sauer es una de varias empresas alemanas que, según sugieren los observadores del comercio de armas, ha establecido fábricas en Estados Unidos para exportar armas a países latinoamericanos, bajo contratos estadounidenses, que no serían aprobados si las ventas se hubieran originado en Alemania”.
La decisión marca una nueva fecha para el proceso judicial que abrió el documento de 139 páginas que el gobierno de México presentó ante el tribunal federal el pasado 4 de agosto.
Las compañías de armas tienen hasta el 22 de noviembre para presentar su primera intervención frente al tribunal. De cumplirse con las fechas previstas, el gobierno mexicano tendrá hasta el 31 de enero de 2022 para responder a la intervención.
