¿Cuál será el destino de Juan Orlando Hernández ahora que no es presidente de Honduras?

Los ocho años de Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras, plagados de escándalos, llegaron ayer a su fin con la toma de posesión este jueves de Xiomara Castro, que fue impulsada a una resonante victoria en las elecciones de noviembre por una ola de sentimiento anti-Hernández que recorrió el país.

Pero en lugar de alejarse de la atención pública, Hernández sigue siendo el centro de atención en Honduras, ya que se especula que podría ser objeto de una acusación por tráfico de drogas en los próximos días.

La noche del jueves, en una serie de tuits dirigidos a la representante estadounidense Norma Torres, que pidió que Hernández fuera acusado inmediatamente y extraditado a Estados Unidos, el ahora exmandatario dejó claro que no caerá en silencio ni sin luchar.

"[Norma Torres] no se deje engañar por falsos testimonios de narcos", dijo Hernández en uno de una serie de tuits. Continuó diciendo que los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluida la DEA, sabían que estaba "totalmente comprometido a detener el uso del territorio de Honduras para actividades ilícitas."

Sin embargo, Hernández parece ignorar que es la DEA, en conjunto con fiscales del Distrito Sur de Nueva York, quienes han hecho las acusaciones que él califica de mentiras.

Si es acusado, Hernández podría seguir los pasos del exlíder de Panamá, Manuel Noriega, quien fue alabado como aliado de la DEA hasta que fue acusado por fiscales estadounidenses y posteriormente condenado por cargos de narcotráfico.

¿Extradición?

Aún no está claro cómo y cuándo podría ocurrir eso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos podría no querer presionar de inmediato al nuevo gobierno de Castro anunciando públicamente los cargos legales en contra de Hernández, dicen expertos.

En su lugar, el gobierno de Biden podría dar a Castro la oportunidad de mostrar su buena fe extraditando a Hernández sobre la base de una solicitud de extradición confidencial.

"Es posible que ya hayan obtenido una acusación sellada, y una acusación sellada no está obligada a ser desvelada hasta que la persona esté detenida", dijo David Weinstein, exfiscal federal en Miami.

Pero los fiscales también podrían no querer esperar demasiado y permitir que Hernández se refugie en otro país.

Hernández y la DEA

La DEA comenzó a investigar a Hernández por sus vínculos con el narcotráfico aproximadamente en 2013, cuando ganó su primera campaña a la presidencia, supuestamente con la ayuda de millones de dólares en sobornos de narcotraficantes, incluido Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Los fiscales dicen que Hernández, junto con su hermano, el diputado Juan Antonio 'Tony' Hernández, participó en el "tráfico de drogas patrocinado por el Estado".

Entre 2015 y 2017, los dos hermanos supuestamente aseguraron "grandes sumas de dinero de la droga para las campañas del Partido Nacional a cambio de proteger a los narcotraficantes", según los fiscales.

Un traficante, Nery López Sanabria, fue asesinado en la cárcel tras conocerse que planeaba cooperar con la DEA contra los hermanos Hernández. Otro, Alexander Ardón se entregó en marzo de 2019 y prestó un testimonio tremendamente perjudicial en el juicio de Tony Hernández. Probablemente sería uno de los principales testigos contra Juan Orlando Hernández.

Hernández ya ha sido nombrado como co-conspirador no acusado en tres casos de tráfico de drogas, incluyendo el de su hermano, Tony, quien fue condenado por tráfico de drogas y armas relacionadas en octubre de 2019, y sentenciado a cadena perpetua el año pasado.

En busca de la inmunidad

El jueves por la tarde, tras la toma de posesión de Castro, Hernández juró vía zoom su nuevo cargo en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), que se extiende automáticamente a los jefes de Estado de la región al dejar sus puestos.

Según los estatutos del PARLACEN, cada parlamentario goza de la inmunidad que tendría un legislador en su país de origen, así como de la inmunidad diplomática dentro de los estados miembros.

En la actualidad, los legisladores hondureños sólo gozan de inmunidad judicial en relación con "una acción desarrollada en el ejercicio de la función legislativa". Pero las acusaciones contra Hernández no tienen nada que ver con las funciones legislativas y, por tanto, no debería gozar de ningún tipo de inmunidad en Honduras.

Sin embargo, eso no impedirá que la Corte Suprema de Justicia hondureña emita un fallo favorable a Hernández en caso de que el tema llegue a plantearse. La Corte Suprema, que decide si concede o no una solicitud de extradición, ha demostrado ser leal a Hernández. Los nuevos jueces no serán elegidos hasta principios de 2023.

Refugio en el extranjero

Ir al sur podría ser la mejor opción para Hernández. Dos expresidentes de El Salvador fueron despojados de la inmunidad de la que gozaban por el PARLACEN en los últimos cinco años: Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

Ambos buscaron refugio en Nicaragua, donde el presidente del país, Daniel Ortega, les concedió la ciudadanía para protegerlos de la extradición. La Constitución nicaragüense prohíbe la extradición de ciudadanos nicaragüenses.

Sobre el papel, el conservador Hernández es el opuesto ideológico de Ortega. Pero a principios de este mes Hernández asistió a la toma de posesión de Ortega para un cuarto mandato consecutivo tras unas elecciones denunciadas como una farsa por observadores independientes.

Hernández estuvo acompañado por los líderes más controvertidos y autoritarios de la región, incluido el venezolano Nicolás Maduro, contra el que Hernández había arremetido en el pasado pero a quien ahora estrechó la mano felizmente.

"Es cierto que, además de fortalecer una relación personal con Ortega y [la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo], quería garantizar que Nicaragua se convirtiera en un refugio de última hora", dijo Víctor Meza, director del organismo de control hondureño CEDOH.

"Sin duda es un final que yo calificaría de patético", agregó.

La defensa de Hernández

Además de llamar la atención sobre los elogios que recibió en su día de las agencias estadounidenses, Hernández suele exponer su historial como presidente como prueba de su inocencia. Antes de llegar a la presidencia, ayudó a impulsar en el Congreso una reforma constitucional que permitía la extradición de traficantes hondureños a Estados Unidos. Entonces, durante sus ocho años como presidente, 27 traficantes fueron extraditados y la cantidad de cocaína que pasaba por el país se redujo significativamente.

Pero los fiscales acusan a Hernández de intentar proteger a ciertos traficantes de la persecución o la extradición mientras sacrifica a otros para dar la apariencia de un compromiso con la lucha contra el narcotráfico.

Hernández también ha intentado convertir en parte de su defensa las conversaciones grabadas en secreto entre narcotraficantes que se han presentado en los procesos judiciales y en las que se le menciona. Entre sus tuits del jueves, Hernández dijo que las grabaciones secretas de la DEA "prueban que los narcos mienten en la corte federal, pues reconocen en privado que conmigo perdieron su impunidad".

También publicó una detallada carta de 10 páginas en la que refuta todas las acusaciones en su contra. Lejos de tenerlo en el bolsillo, las grabaciones demostraron que "los narcos sabían y reconocían que no tenían ningún trato con Juan Orlando Hernández, que no podían ni acercarse a él, que sabían que iban a ser procesados por él y que conspiraron para matarlo", dijo Hernández.