A dos años del terremoto en Ecuador, se encienden las alertas por corrupción con los fondos de la reconstrucción

Dos años después de que un terremoto de 7.8 grados dejara más de 670 muertos, 248 desaparecidos y miles de damnificados, surgen cuestionamientos del manejo de los fondos para la reconstrucción. Desde contratos no cumplidos para la construcción de viviendas hasta indicios de un gran caso de lavado de activos en Ecuador.

QUITO, Ecuador. - Este lunes se cumplen dos años del devastador terremoto en Ecuador. El 16 de abril de 2016, un seísmo de 7.8 grados sacudió ese país, causando más daño a las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas. Su gran magnitud hizo que el movimiento se sienta en el sur de Colombia y el norte del Perú. Hubo 671 fallecidos, 248 desaparecidos y más de 6,000 heridos, unas cifras que lo convirtieron en uno d elos más destructivos en América del Sur.

Pese a que la reconstrucción de esas provincias avanza, en especial la atención a los damnificados que perdieron sus viviendas o que debieron repararlas, en este tiempo han surgido dos alarmas de corrupción: una relacionada con un desfalco en la construcción de casas e indicios del mayor caso de lavado de activos en ese país.

Univision Noticias tuvo acceso, en exclusiva, a detalles de ambos escenarios que salen a la luz en este aniversario.

Las casas que no se construyeron y el dinero que desapareció

Dos años después del terremoto, todavía hay familias que sobreviven en carpas. Así se lo confirmó a Univision Noticias el ministro encargado de Vivienda, Adrián Sandoya. El funcionario reconoce que, luego de la transición del gobierno de Rafael Correa a Lenín Moreno, la “reconstrucción estaba en stand by, un poco parada, con problemas”. La razón, en sus palabras, fue la existencia de contratistas “despreocupados, no tan motivados por querer construir o terminar muchas viviendas”.


Tras su ingreso al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), en junio de 2017, se vivió un vía crucis por la lentitud en la entrega de las casas. “Cuando llegamos, literal, casi nos queman con antorcha, tanto beneficiarios, como contratistas”.

Los datos dan cuenta del problema: la ejecución del presupuesto asignado para reparación y construcción era mínima. A mediados del año pasado se invirtió entre el 21% y 25% del monto total anual previsto. “Si yo en reconstrucción tenía una ejecución del 20%, era porque no estábamos pagando ni entregando vivienda”, admite Sandoya, quien desde enero de 2018 reemplaza en dicha Cartera de Estado a María Alejandra Vicuña, actual vicepresidente de la República.

Existe un listado de 44 contratistas incumplidos. De hecho, hay un informe de la Contraloría General del Estado en proceso de aprobación que predeterminaría indicios de responsabilidad penal en contra de exautoridades de Vivienda por las irregularidades en el proceso de contratación, ejecución y entrega de obras para los damnificados que se quedaron sin techo.

“Estoy más que seguro que los indicios de responsabilidad provienen de los contratistas incumplidos”, dice Fernando Pinto, coordinador general jurídico del Ministerio. Sucede que en esa lista hay quienes tienen “cero cumplimiento, no barrieron ni el terreno”. Los documentos lo corroboran.

El perjuicio económico supera los 15 millones de dólares. Son exactamente 15,033,939.32 dólares que no se destinaron a la construcción o reparación de viviendas, como estaba previsto. Por ejemplo, según la información oficial, a Pedro David Verduga Flor se le asignó levantar 156 casas y no entregó ninguna. El proveedor cobró 1,025.472 millones por un trabajo que no realizó. Otro ejemplo es el de Julio César López Pazmiño, quien debía construir 107 viviendas y tampoco hizo ni una. Él, tal como consta en la documentación, cobró 335,552 dólares; e incluso existe una denuncia en su contra presentada en la Fiscalía de Chone, provincia de Manabí. Hasta el momento, ese proceso no prospera, pues no existe registro alguno en el Sistema de la Función Judicial de Ecuador.

Para la reconstrucción, el Miduvi contaba con un total de 483 millones de dólares. Con ese monto debían concretarse 45 455 obras, entre casas, reparaciones, infraestructuras, expropiaciones. Y para ello se firmaron más de mil contratos. Dos años después de la tragedia, se han entregado 38 599 obras y faltan cerca de 6 900 para alcanzar la meta. 75 000 damnificados se inscribieron para recibir ayuda pero, por temas presupuestarios, según el Ministro, solamente se atendió entre un 50% y 60%. “Las personas que no fueron beneficiadas de la reconstrucción estarán en el programa Casa para Todos (plan habitacional del Gobierno de Lenín Moreno)”, promete. También ofrece que quienes todavía viven en carpa serán una prioridad en las próximas contrataciones.

Adrián Sandoya acepta que la mayor parte de los recursos se gastó en 2016. Ahora, quedan menos fondos. Precisamente el boom de la reconstrucción, en mayo de ese año, empezó con el Reglamento para la Recuperación Habitacional de los Damnificados del Terremoto del 16 de abril. Esa norma permitió que se entregue, sin garantías, el 70% de anticipo a los contratistas; hecho que, a su vez, abonó el terreno para que se queden con el dinero sin entregar las casas. En esa línea, desde el Miduvi se ejecutan procesos legales para recuperar el dinero que desapareció. A 12 de los 44 proveedores se les inició el trámite para que le devuelvan al Estado un total de 4 553 014, 54 dólares por dejar sin techo a quienes ese sábado de abril lo perdieron todo.

Desactivación de controles tributarios y lavado de activos

El devastador terremoto en la costa de Ecuador también pudo ser el pretexto perfecto para viabilizar el más grande caso de lavado de dinero de la historia del Ecuador. El expresidente Rafael Correa firmó el Decreto 1073 el 10 de junio del 2016, casi dos meses luego de la catástrofe y aprobó el reglamento para la aplicación de la Ley de Solidaridad con la que se buscaba ayudar a los damnificados.


Esta norma básicamente establecía nuevos impuestos a los ingresos de los ecuatorianos por sus bienes inmuebles, sobre las utilidades y ordenaba el incremento al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 14%. El objetivo de las reformas tributarias fue ayudar a la reconstrucción de las dos provincias afectadas: Manabí y Esmeraldas.

Sin embargo, en ese decreto hay una disposición transitoria que, hace dos semanas, encendió las alertas en las máximas entidades de control: la Asamblea Nacional, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Contraloría General del Estado. La norma, según el asambleísta de CREO, César Carrión, viabilizó un lavado de patrimonio que pudiera estar relacionado a supuestos actos de corrupción de la época del gobierno de Rafael Correa que recientemente se empiezan a investigar.

Luego de cinco meses de investigación, Carrión llegó a esa conclusión porque en el decreto se desactivan los controles penales y de lavado de activos. Correa dispuso que, a pretexto del terremoto, cualquiera pueda presentar declaraciones patrimoniales nuevas o sustitutivas ante la autoridad en impuestos en Ecuador, el Servicios de Rentas Internas (SRI), desde el 2009 hasta el fin del 2016. El expresidente anuló los delitos tributarios contemplados en el Código Penal de Ecuador y en lavado de activos.

Entonces, recuerda el asambleísta, se produjo una avalancha de declaraciones patrimoniales. El SRI informó que 5,810 contribuyentes realizaron 8,385 declaraciones nuevas y sustitutivas que representaron 3,927 millones de dólares.

César Carrión asegura que esta riqueza se encontraba escondida o al margen de la ley desde 2009 y coincide con el desarrollo de investigaciones internacionales, en especial por el caso Odebrecht y Panama Papers. “El decreto evidencia la astucia del régimen de Rafael Correa que pretendió revertir las normas legales y constitucionales”, dice.

El Asambleísta, quien pertenece a la bancada opositora liderada por el excandidato a la Presidencia, Guillermo Lasso, lamenta que la tragedia por el terremoto haya sido aprovechada para este propósito.

Esta denuncia no ha pasado desapercibida. Las entidades de control ya iniciaron investigaciones. La UAFE, encargada de prevenir y erradicar el lavado de activos, recibió el caso y apoyará en las investigaciones del legislador.

La Contraloría General del Estado abrió dos exámenes especiales. Uno a las declaraciones patrimoniales juramentadas del titular del SRI, Leonardo Orlando, para saber si hubo incrementos no justificados. Y otro al propio SRI por la aplicación del reglamento y a las 8,385 declaraciones patrimoniales que fueron presentadas por el Decreto firmado por Rafael Correa.

Las imágenes que nos deja el potente terremoto en Ecuador

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