FILADELFIA- La exsecretaria del Departamento de Educación de Puerto Rico, Julia Keleher se entregó el 15 de enero a las autoridades federales en Filadelfia, confirmó su abogada, María Domínguez.
Se entrega en Filadelfia exsecretaria del Departamento de Educación de Puerto Rico, Julia Keleher
Esquema de soborno, fraude electrónico y privar al pueblo de servicio honesto son las acusaciones que enfrenta Keleher, anunció el Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico Stephen Muldrow.
Por:Univision
Fue arrestada por primera vez el 10 de julio de 2019 por defraudar al gobierno federal por varios esquemas y enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y robo de fondos federales.
El 1ro de abril, la jefa de una de las agencias de gobierno más criticadas en la Isla del Encanto había presentado su renuncia al gabinete de confianza del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
El 15 de enero el Negociado Federal de Investigaciones diligenció dos órdenes de arresto, una de ellas en un complejo de vivienda, en el área de Santurce en la zona metropolitana del país.
Se supo que uno de los arrestados fue Ariel Gutiérrez Rodríguez, quien es propietario de Trillion Realty Group, una firma de bienes raíces que gestiona transacciones en Ciudadela en Santurce.
La firma de Gutiérrez Rodríguez habría gestionado una transacción hipotecaria de Keleher en Ciudadela.
La acusación formal alega que el propósito de la conspiración era que Keleher usara su posición oficial como Secretaria de Educación para enriquecerse solicitando y aceptando artículos de valor de otros, y para que otros se enriquecieran obteniendo acciones oficiales favorables de Keleher a través de la corrupción.
El acusado Ariel Gutiérrez-Rodríguez facilitó la recepción de beneficios financieros por parte de Keleher en relación con su arrendamiento y compra de un apartamento en el complejo de apartamentos Ciudadela en Santurce, Puerto Rico, a cambio de que Keleher firmara una carta que pretendía entregar 1,034 pies cuadrados de la Escuela Padre Rufo a una empresa privada.
La acusación presentada el 14 de enero de 2020, por un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico, incluye nueve cargos.
El caso está siendo procesado por el abogado litigante José Capó-Iriarte y el fiscal federal adjunto Alexander Alum.
Si se los encuentra culpables, los acusados enfrentan posibles condenas de hasta 10 años por conspiración y soborno de programas federales, y hasta 20 años por fraude electrónico.
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