El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló en un comunicado el lunes que las nuevas sanciones se impusieron en parte por la muerte ocurrida el mes pasado de un activista encarcelado, Brooklyn Rivera, quien criticó las políticas del presidente nicaragüense Daniel Ortega y de su esposa

Un juez federal detuvo una nueva propuesta migratoria de la administración de Donald Trump, la cual consistía en cobrar 100 mil dólares a empresas privadas por la emisión de la visa H-1B, al decidir que la medida es ilegal. Ante esta situación, el asesor legal de TelevisaUnivision, Armando Olmedo, habla sobre el impacto de esta medida, a quiénes podría beneficiar, entre otros puntos importantes para las empresas y los profesionales que dependen de este tipo de visados.

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Un nuevo revés judicial ha frenado reformas migratorias de la Casa Blanca orientadas al sector tecnológico y profesional. Esto luego de que un juez federal de la corte de Boston dictó una orden que anula la tarifa de $100,000 dólares que el presidente Donald Trump había impuesto a las nuevas solicitudes de la visa H-1B, visado destinado a trabajadores extranjeros altamente calificados.

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Una firma de inmigración con oficinas en Texas enfrenta una demanda federal por el manejo de casos migratorios. Su fundadora rechaza las acusaciones y asegura que la firma actúa de forma ética.

El gobierno defendía el cobro como una sanción migratoria, pero un juez concluyó que se trataba de un impuesto que requería autorización del Congreso

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos publicó una propuesta de reglamentación que busca limitar drásticamente la elegibilidad para obtener permisos de trabajo discrecionales. La medida impactará directamente a los inmigrantes que se encuentran en el país bajo el amparo de un permiso de permanencia temporal (parole), acción diferida o aquellos liberados bajo una orden de supervisión. De aprobarse la norma final, los solicitantes no solo deberán comprobar una estricta necesidad económica para laborar, sino que además el gobierno revisará minuciosamente sus antecedentes penales antes de emitir cualquier autorización.