Bajo el cambio de regla planeado, publicado en el Registro Federal por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, aquellos con visas H-1B y ciertas otras visas de trabajo temporal tendrían que abandonar el país tan pronto como termine su empleo, un golpe potencial para las principales empresas tecnológicas estadounidenses que dependen en gran medida de trabajadores extranjeros

“ Se equivocaron de persona”, relató Ángel Ríos, un mexicano de 43 años con más de dos décadas de residencia en Estados Unidos, denunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) lo arrestaron por equivocación en una gasolinera de Phoenix. Los oficiales lo interrogaron sobre sus pertenencias y familia antes de admitir la confusión y dejarlo en libertad. El incidente ocurre mientras el afectado realiza un trámite legal para obtener una visa en el país.

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Alla Nowowiejski, de 44 años, abogada de inmigración radicada en Houston, fue arrestada acusada de estafar a inmigrantes que buscaban visas y cambios de estatus. Según los documentos presentados ante la corte federal, la acusada habría presentado documentos con información prefabricada y firmas no autorizadas. De ser hallada culpable, enfrentará penas que podrían alcanzar hasta 20 años de prisión por cargo, además de la revocación de su licencia profesional.

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El recurso judicial alega que USCIS no cumplió con la exigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) de publicar primero los cambios de reglamento y tomar en cuenta la opinión del pueblo en el reflamento fInal.

La abogada Anamaría Rivera explicó en Hablemos de Inmigración, que las nuevas sanciones por solicitar asilo habiendo ingresado con visa de turista no afectan a quienes ya obtuvieron la residencia permanente. Durante la sesión de consultas, la especialista abordó el impacto de la extensión del TPS en licencias comerciales, el monitoreo de pagos en el portal de USCIS y la importancia de tramitar correctamente las salidas voluntarias del país.

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En Washington, el Departamento de Estado plantea que padres no estadounidenses presenten pruebas de ciudadanía o estatus migratorio al solicitar pasaportes para sus hijos nacidos en Estados Unidos. La propuesta aún está bajo análisis.

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