La abogada Claudia Bernal dice que se trata de una propuesta formal del Departamento de Seguridad Nacional, que pretende expandir los métodos que se utilizan actualmente para obtener información biográfica de los inmigrantes "e inclusive de no inmigrantes". La experta explica cómo podría dicho proyecto impactar la privacidad de las personas.

Registros de iris y voz, huellas de las palmas de las manos, pruebas de ADN y reconocimiento facial serían algunos de los requisitos que se solicitarían para quienes deseen permanecer legalmente en el país. Activistas afirman que la información podría ser utilizada para “calificarnos y descalificarnos” y dicen temer por lo que pueda llegar a pasar con los datos recolectados. Más información aquí.

La abogada Claudia Bernal habla de la norma que publicó en agosto USCIS sobre las personas con TPS y que pudieran regresar a EEUU gracias al advance parole. Afirma que a través de dicha regla estas personas ya no podrán hacer uso de este permiso de viaje como una entrada legítima con propósito de hacer su ajuste de estatus.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) informó recientemente que aquellos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que salgan del país con un documento de viaje emitido por el Departamento de Seguridad Nacional conservarán el mismo estado migratorio que tenían al momento de viajar. La abogada Yancy Montes explica las implicaciones de dicha medida.

La oficina de inmigración USCIS anuncia recortes en gastos que retrasaran los tiempos de tramite y espera de procesos migratorios. Ante esto, un abogado de inmigración nos dice cuales son los tramites que debe de realizar lo más pronto posible para evitar quedarse sin trabajo o estatus.

Las personas que presenten una solicitud de asilo a partir del 25 de agosto tendrán que esperar un año para pedir un permiso de trabajo. Por otra parte, quienes han permanecido en el país por más de un año y hasta ahora presentan un asilo no serán elegibles para este permiso. En ese caso, un juez o un oficial de inmigración serán quienes determinen que los interesados califican para una excepción.