Se difunden imágenes del momento exacto de la colisión entre un avión y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia. En Colombia, un avión militar se estrelló con 125 personas a bordo. Y un inmigrante fue detenido acusado del asesinato por la muerte de una estudiante en Chicago.

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A diferencia de los operativos masivos del pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) despliega ahora operativos de precisión para localizar objetivos específicos en ciudades clave. Los especialistas en inmigración de N+ Univision señalan que estos encuentros g eneran múltiples arrestos colaterales de inmigrantes que solo cometieron faltas administrativas civiles. Con más presupuesto y personal, las autoridades intensifican estas acciones tácticas para desescalar conflictos locales mientras mantienen la presión migratoria.

La familia de una estudiante asesinada expresa su profunda decepción por las políticas que permitieron a un inmigrante venezolano indocumentado permanecer en “libertad” tras arrestos previos. Aunque la Patrulla Fronteriza liberó a José Medina en 2023, el sistema judicial procesó a José Medina meses después por robo de mercancía sin dictar prisión preventiva. Expertos legales aclaran que las cortes raramente detienen a personas por delitos menores, independientemente de su estatus migratorio.

La administración de Donald Trump solicita a una corte de Maryland levantar la orden que impide la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García antes del 17 de abril. Los fiscales federales rechazan cualquier intento de bloquear su expulsión permanente del país. Aunque el inmigrante expresa su disposición de viajar a Costa Rica, el Gobierno planea enviarlo a Liberia, en el continente africano, marcando un precedente inusual en la ejecución de órdenes de salida obligatoria.

El Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) confirma que las autoridades han procesado a 132 menores deportados durante el último año a pesar de su previa protección legal. Estos niños y adolescentes contaban con el estatus especial de inmigrantes juveniles por ser víctimas de abuso o abandono en sus países de origen. La eliminación de este beneficio bajo la administración actual afecta a más de 150,000 jóvenes que aún esperan procesar su residencia permanente en los Estados Unidos.

La organización CATO entabla una demanda masiva contra el Gobierno Federal por un presunto cobro irregular de más de 1.000 millones de dólares a inmigrantes. La denuncia sostiene que las autoridades aceptaron pagos por permisos de trabajo y regularizaciones de estatus sabiendo que no prestarían dichos servicios. De prosperar el litigio, este proceso constituiría el mayor caso de fraude en la historia del sistema de inmigración de los Estados Unidos, exponiendo graves fallas administrativas.