En una movilización que partió de la Antorcha de la Amistad y pasó por la Torre de la Libertad, los manifestantes expresaron su desacuerdo con las políticas sobre inmigración del presidente, la visita de Jeff Sessions a Miami-Dade tras no ser considerada santuario y los hechos violentos registrados en Charlottesville, Virginia, durante las manifestaciones de grupos de ultraderecha como Ku Klux Klan.

El fiscal general, Jeff Sessions, manifestó que estaba en el condado con el fin de decir que cumple los requisitos y es elegible para recibir fondos. Los recursos federales serían de 500,000 dólares, aunque autoridades esperan percibir más dinero. El alcalde, Carlos Giménez, quien se convirtió en el primero en Estados Unidos en cambiar las políticas por las amenazas de Donald Trump sobre recortes a ciudades santuario, no dio declaraciones ni tomó preguntas de la prensa. El estatus actual implica acatar la solicitud de Washington acerca de la retención por 48 horas adicionales en la cárcel a indocumentados detenidos. Sessions también arremetió contra Chicago y lamentó la demanda de la ciudad al Departamento de Justicia por el recorte de fondos federales.

El fiscal general estará en el Puerto de Miami y haría una intervención a las 3:00 de la tarde de este miércoles, en la que lo acompañaría el mandatario Carlos Giménez. Mike Hernández, director de comunicaciones de la alcaldía del condado, manifestó que Sessions "quiere explicarle al resto del país los beneficios de cooperar con el gobierno federal sobre los arrestados por autoridades locales que tienen historial criminal".

Anthony Michael Castro volvió a ver a su papá, Pascual, durante una reunión privada de 45 minutos, la primera de varias que estarían programadas antes de darle al progenitor la custodia definitiva. El menor estadounidense de 5 años de edad y de origen mexicano fue encontrado encadenado, maltratado y desnutrido en la casa donde estaba bajo el cuidado de sus tíos.

La misiva invalida el argumento de que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) es irregular, como lo ven diez fiscales generales y un gobernador que amenazaron con demandar al Gobierno si no se anula antes del 5 de septiembre la medida que protege de la deportación a por lo menos 800,000 jóvenes inmigrantes indocumentados.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, anunció este lunes que se presentó la acción legal y señaló que no pondrá en riesgo a las comunidades. El estado, el primero en desafiar las políticas sobre inmigración de Donald Trump, se sumó a la ciudad San Francisco.