La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles pidió una reforma y el gobierno estatal informó que destinará 30 millones de dólares para financiar los servicios legales de los amparados. El fiscal del estado, Xavier Becerra, instó a buscar ayuda de abogados y no de notarios para enfrentar la eliminación de la medida migratoria que protege a unos 800,000 dreamers.