Blas Orantes, de 70 años de edad, recibió una orden de deportación en 1998 y aunque han pasado 20 años, él teme que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la ejecute pronto a pesar de que sus médicos le han recomendado que evite viajar por su delicado estado de salud: hace 6 años sufrió un accidente laboral que lo dejó con la columna fracturada.

Los menores quedaron bajo el cuidado de su hermana de 20 años de edad, pero el Departamento de Servicios Sociales le informó a la joven que si los niños no son enviados junto a su madre en Tijuana serán separados y llevados con diferentes familias. Ante la situación, los infantes viajarán en las próximas horas a México.

Les piden que se trasladen al nuevo sitio que fue habilitado como refugio temporal y que se encuentra a pocos metros del complejo deportivo Benito Juárez, en Tijuana. Algunos integrantes del éxodo masivo aseguran que prefieren permanecer acampando en la calle, donde no hay reglas como, por ejemplo, que les cierren las puertas en horas de la noche.

Un vocero de la organización, quien habló en nombre del padre de la menor, aseguró que es falso que la niña de 7 años de edad no haya comido ni tomado agua durante varios días. Se espera que este lunes en horas de la mañana se expida el certificado de defunción de la infante para poder comenzar con los trámites de repatriación a Guatemala.

A través de foros educativos resuelven dudas e informan a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) cómo pueden participar en la cumbre que busca la residencia legal para esta comunidad inmigrante.

Se estima que ya son más de 3,000 los centroamericanos del éxodo masivo que han tomado esta decisión, a pesar de las advertencias de las autoridades y activistas. En los albergues, los migrantes de la caravana se muestran impacientes por la lentitud del proceso para recibirlos en las garitas y muchos aseguran que de continuar esta situación no tendrán otra alternativa que cruzar a EEUU de manera ilegal.