La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, mantiene en suspenso la propuesta de ley HB1441 , la cual exigiría órdenes judiciales para que los agentes estatales colaboren con ICE. En ciertas situaciones, esta ley permitiría el traslado de detenidos bajo órdenes federales a organizaciones que trabajan con inmigrantes en la entidad. Asimismo, se plantea una restricción para que elementos federales no puedan actuar en ciertos lugares públicos, a menos que cuenten con una orden judicial válida.
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Tras la muerte de al menos 15 mexicanos en centros de detención de ICE, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum ordenó a la red consular en EEUU realizar visitas diarias para supervisar condiciones y garantizar derechos humanos. Cónsules en California afirman que ya refuerzan estas acciones, mientras autoridades reiteran canales de apoyo para connacionales detenidos.

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Un hombre hondureño de 49 años, residente en Texas y paciente de diabetes, teme perder su pie derecho debido a una infección causada por un grillete electrónico colocado por ICE. El dispositivo le fue impuesto en enero pasado, durante una cita de seguimiento. Ante la gravedad de su estado, el afectado exige a las autoridades y médicos que intervengan de inmediato, mientras un abogado de inmigración explica los recursos legales disponibles para enfrentar esta situación.
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Crece el temor entre la comunidad inmigrante debido a que algunas personas son víctimas de amenazas de denuncia ante ICE , provenientes de su entorno cercano o laboral. Esta práctica ha sido catalogada como acoso laboral o violencia doméstica, por lo cual las autoridades recalcan la importancia de denunciar. No obstante, muchas víctimas optan por el silencio ante el miedo a la deportación. Organizaciones defensoras de los derechos del inmigrante les brindan orientación para saber cómo reaccionar.
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Un juez federal en Baltimore detuvo la conversión de un almacén en centro de detención de ICE para 1,500 personas en Maryland. El fallo señaló inconsistencias y falta de reportes en el proyecto, que ya había implicado más de 100 millones de dólares en fondos públicos.

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La política local de Houston se encuentra en un punto de ebullición tras el llamado de la concejal Alejandra Salinas a no ceder ante las presiones del gobernador Greg Abbott. El conflicto surge por una nueva ordenanza que limita la colaboración de la policía de Houston con ICE, la cual ha puesto en riesgo 110 millones de dólares en fondos estatales.

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