La madre de Henry Villatoro, detenido en Virginia y señalado de ser líder de la MS-13, asegura que su hijo no tiene ningún vínculo con la pandilla. En una entrevista exclusiva con Univision, expresó su temor de que sea deportado a El Salvador y recluido en el CECOT. El hispano fue arrestado tras un operativo conjunto de varias agencias, pero los cargos en su contra fueron retirados por pedido de la fiscalía. Te puede interesar: Familia de inmigrante detenido en Guantánamo exige respuestas: llegó a EEUU con 'parole' humanitario.

Los negociadores por parte del gobierno de El Salvador ofrecieron a Donald Trump la cárcel del CECOT para enviar supuestos pandilleros. Incluso habló de un descuento en el precio, a condición de que Estados Unidos le enviara a un grupo de miembros de la MS-13 encarcelados en Estados Unidos y pendientes de juicio en Nueva York. Parte de ellos fueron señalados por la fiscalía estadounidense como negociadores de la pandilla con el gobierno de Bukele.

Dos nuevos jueces resolvieron que el presidente Trump no puede usar la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar del país de forma expedita y sin el debido proceso a quienes alegue que son miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.

El joven venezolano de 20 años, que vivía en Houston, fue deportado a El Salvador en marzo por el gobierno de Trump, a pesar de tener una solicitud de asilo pendiente. Una jueza ordenó su retorno a Estados Unido argumentando que se violó un acuerdo legal.

El juez federal de distrito Alvin Hellerstein determinó este martes que la administración del presidente Donald Trump usó inapropiadamente la Ley de Enemigos Extranjeros, cuando intentó expulsar a presuntos miembros del Tren de Aragua. El magistrado dio una orden temporal a favor de dos personas que iban a ser enviadas a El Salvador, pero que fueron regresadas a Nueva York desde Texas. Mira también: Corte mantiene vigente el ‘parole’ humanitario para 500,000 inmigrantes: análisis.

El caso de Kilmar Ábrego García revela cómo el gobierno de Trump ha buscado vincular a inmigrantes indocumentados con grupos criminales basándose en poca o nula evidencia, para luego ordenar sus deportaciones sin el debido proceso, de acuerdo con críticos y activistas.