El restaurante mexicano Birriería Ay Arandas, ubicado en la Calle Culebra, en San Antonio, ha registrado una disminución de cerca del 40% de sus clientes desde que se empezaron a implementar las medidas migratorias de la administración de Donald Trump. Mario López, dueño del lugar, asegura que amigos suyos en Chicago que también tienen establecimientos de comida viven la misma situación.

Ante el temor de la comunidad migrante por la presencia de autoridades federales, algunos negocios como restaurantes y barberías comienzan a sentir la baja en la clientela en algunos poblados de Nueva Jersey.

Jefferson, un inmigrante que llegó desde Colombia a Estados Unidos el 19 de enero, a través de la aplicación CBP One, teme por su permanencia en el país después de que la administración de Donald Trump cancelara la plataforma. Ahora, el hombre, que dice que no puede regresar a su país por amenazas contra su vida, está en un limbo en el que no sabe si es objetivo de deportación.

Desde el inicio de los operativos migratorios en el Valle Central, decenas de trabajadores agrícolas han optado por no regresar a sus lugares de trabajo por miedo a ser detenidos. Esto, además de afectar a aquellos que siguen con sus labores y deben hacer el trabajo de los demás, influye en los hogares, a los cuales no les llega la comida a la mesa.

Mike Boudreaux, alguacil del condado Tulare, aseguró que sí colaborará con agencias federales en operativos migratorios; sin embargo, aclaró que no perseguirán a aquellos inmigrantes indocumentados que están en el área trabajando, sino a aquellos considerados criminales, que pueden ser un peligro para el resto de la comunidad.

Desde créditos asociativos con tasas preferenciales hasta apoyos psicológicos, sociales y legales se han anunciado desde el 26 de enero por parte de diferentes representantes del gobierno de Gustavo Petro, con el propósito de que cada migrante deportado pueda trabajar, progresar y vivir plenamente en su país de origen.