Organizaciones comunitarias y familiares de detenidos por autoridades migratorias presentaron una demanda en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), acusándolo de violar las leyes federales de inmigración en sus operativos. En total, son 22 los casos con los cuales están justificando la acción legal; 10 son de habitantes de Illinois y 12 del estado de Missouri. “Pedimos que se sigan las leyes”, asegura la abogada Diana Rashid.

La doctora Rasha Alawieh, una ciudadana libanesa con visa H-1B, fue detenida la semana pasada al llegar al Aeropuerto Internacional Boston-Logan, a pesar de una orden judicial que bloqueaba temporalmente su expulsión.

Kristi Noem dividió su tiempo entre conocer las operaciones en el puerto migratorio al sur de California y formar parte de un ejercicio de seguridad con la tripulación de la embarcación militar Elm, en San Diego, California. Más tarde, anunció la extensión del muro fronterizo en Arizona.

La guerra de Trump en contra de los indocumentados fue declarada el primer día de su segundo gobierno. Estados Unidos, según el discurso (o la narrativa del presidente), había sido invadido por un ejército de extranjeros ilegales que se había regado por todos los estados, ciudades y pueblos del país y había que detenerlos y expulsarlos. Pero no mencionó el debido proceso.

Una niña de 10 años, ciudadana de Estados Unidos y además con un tumor en el cerebro, se tuvo que regresar a México porque sus padres fueron deportados, acusa una organización de Texas. Esto se sabe hasta ahora de la detención.

Yolanda Pérez, madre inmigrante detenida por agentes de ICE en El Monte, fue liberada bajo fianza del Centro de Detención de Otay Mesa, en San Diego tras pasar dos semanas bajo custodia.