"El gobierno dejó de hacer o presentar cargos penales por entrada ilegal para evitar la separación de familias", indicó Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. Pero si el padre tiene antecedentes criminales previos, lo más probable es que será detenido y separado de su hijo.

El centro, que empezó el servicio el 26 de octubre, sostiene que inició la medida porque se encuentra entre el "dilema" de respetar las decisiones del gobierno o proteger los derechos de un niño. La familia tiene tres hijos, uno menor de edad. El padre sostiene que recibió amenazas de muerte en su país por su activismo político.

El gobierno acusa al juez que tomó la decisión diciendo que esto afecta los esfuerzos para que los migrantes de la caravana sigan las leyes.

En Tijuana se concentran cientos de migrantes de la caravana que con número en mano esperan ingresar al lado estadounidense para que un agente migratorio les realice una entrevista.

Los centros de la agencia están saturados debido al aumento de ingresos de migrantes y la falta de espacio. Este tipo de liberaciones contradicen la política de 'tolerancia cero' del presidente Donald Trump, quien asegura haber puesto fin al 'catch and release'.

Tras los incidentes y el lanzamiento de gases lacrimógenos en la frontera, y viendo que el gobierno de Donald Trump no les pondrá fácil lograr su meta, muchos migrantes de la caravana que recorrieron miles de millas para llegar a Estados Unidos están cambiando de planes.