Buscando un lugar idóneo para que su nieta pueda tener una buena infancia, esta mujer tuvo que desembolsar 6,000 dólares a una agencia de bienes raíces para asegurar un apartamento mientras llegaba la ayuda pública.

La reclamación busca acabar con las exigencias del arrendador contra 80 inquilinos de edificios en Brooklyn, la mayoría latinos. La organización Legal Aid Society dice que los años de discriminación y prácticas ilegales del propietario hicieron que intervinieran en el caso.

El mandatario Carlos Hernández se pronunció a favor de la inquilina, quien estaba siendo sacada del edificio donde reside porque hizo una denuncia por un cobro irregular que había hecho el propietario.

Si les parecían latinos les pedían documentos migratorios y los acosaban para que se fueran y poder aumentar la renta.

Lina Vásquez denunció que el dueño de la propiedad Chalet notificó el cobro de 100 dólares por cada departamento a causa de una supuesta multa de recolección de basura que enviaba la administración de la ciudad. El alcalde Carlos Hernández desmintió la situación y dará este jueves buenas noticias a la familia afectada.

Bajo la ley del estado, está prohibido que los arrendatarios cuestionen a los probables inquilinos sobre su estatus migratorio.