En esta ocasión son los familiares de las víctimas de la brutalidad policial quienes exigen menos inversión en esta autoridad y mayores recursos para programas sociales. Ante esta polémica, Patrick Lynch, presidente de la Asociación Benevolente de Policía, argumentó su desacuerdo al decir que con menos oficiales la comunidad podría estar más expuesta a la criminalidad.

La iniciativa se llama '8 Can’t Wait', es liderada por un grupo de activistas y tiene como objetivo lograr que las fuerzas de ley incluyan en sus reglamentos la prohibición de técnicas violentas de inmovilización, el reporte de oficiales que abusen de su autoridad y la implementación de medidas de reducción de conflictos y minimizar el uso de armas de fuego contra los sospechosos.

En medio de una conferencia de prensa, los juristas, acompañados de algunos activistas, explicaron que la acción judicial busca la prohibición de este tipo de balas y del gas lacrimógeno en medio de manifestaciones. Argumentan que sus usos han dejado a decenas de personas gravemente heridas.

Estas personas, que participaban en una movilización en contra de la brutalidad policial y el racismo, deberán enfrentar cargos por vandalismo, asalto agravado, daño a la propiedad pública y resistencia a una detención. Los monumento de Cristóbal Colón y Juan Ponce de León fueron pintadas con aerosol rojo y en ellas escribieron diversos mensajes.

La familia de Jahmel Leach, de 16 años, asegura que el joven fue severamente golpeado tras ser detenido el pasado 1 de junio en El Bronx. La denuncia surge en medio del análisis del reporte de la Junta de Revisión de Quejas Civiles sobre el trato a menores de edad por parte de uniformados de la Gran Manzana.

Por ejemplo, en Austin, Texas, se ha retomado la investigación en el caso de Javier Ambler, un afroestadounidense que falleció hace 14 meses tras recibir cuatro descargas con pistolas taser por parte de oficiales locales, quienes hoy en día permanecen en libertad. Por otro lado, el movimiento ‘Black Lives Matter' ha decidido entablar una demanda colectiva contra el LAPD por aparente uso excesivo de la fuerza en el arresto de al menos 700 manifestantes durante las recientes protestas.