Muchas de las personas que han hecho parte de las protestas por la muerte George Floyd coinciden en que parte de los 1,860 millones de dólares que están destinados para operaciones administrativas de esta autoridad deberían ser invertidos en programas comunitarios, de educación y salud.

Un numeroso grupo de personas llegaron a la vivienda del alcalde de Los Ángeles para pedirle que reduzca el presupuesto que la ciudad tiene destinado para la policía. Durante el inicio de esta jornada de protestas no se han registrado actos violentos y las autoridades se encuentran custodiando lugares donde hay aglomeraciones de manifestantes.

Desde la tarde de este miércoles, de manera pacífica y custodiados por las autoridades, activistas y miembros de la comunidad cumplen con el octavo día de manifestaciones en contra del racismo, los casos de brutalidad policial en el condado y el incidente que cobró la vida de un hombre en Minneapolis. El gobernador Gavin Newsom se reunió con comerciantes y el alcalde Eric Garcetti para plantear estrategias que logren evitar actos violentos y vandálicos en las protestas.

A pesar de las altas temperaturas y con pancartas en mano, activistas y miembros de la comunidad recorren diversas calles, en diferentes ciudadesm para manifestar el rechazo a lo ocurrido con George Floyd y para pedir un alto permanente a la violencia y la discriminación. Varios de los asistentes a las movilizaciones hicieron un llamado a no generar disturbios y llevar las actividades de manera pacífica.

Ante las crecientes críticas de los manifestantes sobre el actuar de los agentes de la ley, Eric Garcetti hizo el llamado que tiene como fin evitar disturbios y heridos. Por otro lado, las autoridades del condado de Los Ángeles advierten que los toques se continuarán implementando hasta nuevo aviso.

Miembros de distintos grupos religiosos han decidido unirse para pronunciarse frente al caso que ha desatado protestas en todo EEUU. Se espera que este miércoles, durante una conferencia de prensa, pidan castigos justos para los oficiales involucrados en el incidente y leyes que garanticen igualdad y el respeto a los derechos de las comunidades.