Reforma Migratoria

Persecución, cárcel y deportación: la radiografía del plan migratorio presentado por el congresista republicano Kevin McCarthy

La reforma migratoria de McCarthy no incluye ningún tipo de beneficio o programa para legalizar a ningún grupo dentro de los 11 millones de indocumentados que viven en el país, ni siquiera a los 700,000 dreamers protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA).
13 Oct 2018 – 2:29 PM EDT

El representante republicano Kevin McCarthy (California) publicó el viernes en su página web el plan migratorio bautizado con el título ‘Construir el Muro, Aplicar la Ley de 2018’, una solitaria versión de un proyecto de ley escrito con los principios esgrimidos y defendidos por el presidente Donald Trump desde el inicio de la campaña que lo colocó en la Casa Blanca.

El plan pide 23,400 millones de dólares para impulsar la reforma migratoria de Trump.

McCarthy, líder de la bancada republicana de la Cámara de Representantes, anunció el martes la presentación del proyecto de ley, a pesar de que el día anterior el presidente del Congreso, Paul Ryan (republicano por Wisconsin) había anunciado que plantearía un debate sobre reforma migratoria inmediatamente después de las elecciones de medio término pautadas para el martes 6 de noviembre.

Al número dos del partido oficial, que busca reemplazar a Ryan –quien anunció que se retirará en 2019– no le pareció la oferta del congresista por Wisconsin y optó por presentar un duro proyecto de ley que, ni republicanos ni demócratas le auguran éxito, pero advierten que el presidente usará el fracaso para culpar a los demócratas de no haber hecho lo suficiente para aprobarlo, y con ello cumplir con sus promesas de campaña.

El plan de McCarthy se basa en una fiel interpretación de la política de 'tolerancia cero' impulsada por Trump desde que asumió el poder.

La política migratoria de 'tolerancia cero' de Trump en 15 fotos

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De qué se trata

La reforma migratoria de McCarthy no incluye ningún tipo de beneficio o programa para legalizar a ningún grupo dentro de los 11 millones de indocumentados que viven en el país, ni siquiera a los 700,000 dreamers protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA).

El proyecto de ley basa su contenido en la asignación de fondos para la construcción del muro fronterizo en la frontera con México, la principal promesa de campaña de Trump. Además, solicita la creación de partidas presupuestarias para “garantizar el cumplimiento de la ley federal de inmigración”, pero sólo en materia de seguridad.

El congresista McCarthy justifica su iniciativa en una visión negativa de la inmigración, resaltando cifras proporcionadas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) referente a procedimientos de detención registrados en 2017, tales como la detención de 127,000 extranjeros con cargos o condenas penales y el arresto de presuntos pandilleros “responsables de más de 76,000 delitos de drogas peligrosas, 48,000 delitos de asalto, 11,000 delitos de armas, 5,000 delitos de agresión sexual, 2,000 delitos de secuestro y 1.800 delitos de homicidio.

No hay un solo reconocimiento al aporte de los 11 millones de indocumentados a la nación, algunos de ellos con más de 30 años en el país, hogares establecidos, hijos estadounidenses y que no tienen ningún tipo de antecedente criminal.


Visión negativa

McCarthy supone en las justificaciones de su plan que cualquier indocumentado que entra a Estados Unidos ilegalmente “podría representar una amenaza para la seguridad pública”. Con ello, refuerza la orden ejecutiva que Trump promulgó el 25 de enero del año pasado, donde decretó que la presencia ilegal constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de estados Unidos, convirtiéndola en una prioridad de deportación.

El proyecto de ley incluye una prohibición para que los inmigrantes indocumentados tengan derecho a voto y recomienda cambiar la interpretación de partes de la Ley de Inmigración para obligar a los municipios, ciudades, condados y estados y que “ninguna entidad gubernamental federal, estatal o local, y ninguna persona, pueda prohibir o restringir de alguna manera al Estado federal o estatal, o la entidad del gobierno local, funcionario u otro personal que cumpla con las leyes de inmigración”.

También le daría amplios poderes par que cualquier agente local, estatal o federal que, en el ejercicio de la ley de inmigración, pueda hacer consultas o interrogar a cualquier individuo para obtener información con respecto a dicho individuo o cualquier otro individuo respecto a su estado migratorio en el país.

En cuanto a las jurisdicciones o ciudades santuario, el proyecto de McCarthy dice que no serán elegibles para recibir ningún tipo o clase de fondos federales, una amenaza que Trump ha esgrimido desde que llegó a la Casa Blanca.


Arrestos y deportaciones

La reforma migratoria de McCarthy amplía los poderes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para emitir órdenes de retención de extranjeros “de conformidad con la confirmación biométrica u otros registros de la base de datos federal” y señala que el secretario del DHS puede determinar si un extranjero “tiene motivos razonables para creer que es inadmisible o deportable”, una decisión que hasta ahora la determinan los jueces de inmigración.

También incluye que el DHS puede decidir que una persona sea deportada si ha hecho declaraciones voluntarias o ha proporcionado evidencia confiable que indica que el individuo se trata de un extranjero inadmisible o deportable de Estados Unidos.

En otra sección del proyecto de ley, McCarthy otorga las protecciones debidas para que cualquier agente de la ley municipal, local, de condados o estatales que lleven a cabo funciones en cumplimiento de la ley federal de inmigración, no puedan ser “demandados, castigados con sanciones punitivas, compensatorias o monetarias”.

La iniciativa amplía las prioridades de deportación y prácticamente coloca en el banquillo a los extranjeros que cometan cualquier tipo de falta o delito menor, convirtiéndolos automáticamente en “inasmisibles” sujetos a ser arrestados sin derecho a fianza mientras duren sus procesos de deportación.

“No se puede otorgar ninguna fianza, excepto a un extranjero que establezca mediante evidencia clara y convincente que el extranjero no es un riesgo de fuga o un peligro para otra persona o la comunidad”, se lee en el documento.

El plan también incluye severas penas de cárcel, en algunos casos de 10 o más años, el reingreso indocumentado a Estados Unidos luego de una deportación (reentry), una falta que por ahora se castiga con la expulsión de por vida.

“Durante décadas, la incapacidad de Estados Unidos para asegurar nuestras fronteras y detener la inmigración ilegal ha alentado a millones de personas a emprender un peligroso viaje para llegar aquí en violación de nuestras leyes, y ha creado enormes lagunas en los canales legales que utilizamos para dar la bienvenida a los inmigrantes a nuestro país”, dijo Macarthy en un comunicado. "La elección del presidente Trump fue una llamada de atención a Washington. El pueblo estadounidense quiere que construyamos el muro y apliquemos la ley”, agregó.


Rechazo bipartidista

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) rechazó la iniciativa de ley de McCarthy. "Seamos claros: este proyecto de ley es una postura política descarada antes de la elección y un desprecio total por la forma en que los votantes quieren que el gobierno use el dinero de sus contribuyentes", dijo Lorela Praelli, directora de política migratoria de la entidad.

“Recompensa a Trump por su brutal fuerza de deportación, represión y política de separación familiar. Además, el proyecto de ley está plagado de violaciones constitucionales que ignoran completamente los derechos civiles y humanos de los inmigrantes”, agregó.

Praelli dijo además que “la verdadera intención de estos proyectos de ley es potenciar la fuerza de deportación de Trump y la agenda contra los inmigrantes. Es inhumano, inaceptable y los votantes lo recordarán en noviembre".

“Pensamos que cualquier legislación que sólo incluya el tema de la frontera y deje afuera, por ejemplo a los 700,000 dreamers protegidos por DACA, no es una solución a los problemas del sistema migratorio”, dijo a Univision Noticias Wadi Gaytán, vocero de la Iniciativa Libre, un grupo conservador que se define como una organización de base no partidista y sin fines de lucro que promueve los principios y valores de la libertad económica para empoderar a la comunidad hispana en Estados Unidos.

“Además, no llevaría suficiente apoyo para que pase en el Senado y sea firmado por el presidente”, agregó.

La oficina del senador Bob Menéndez (demócrata por Nueva Jersey) dijo que la oferta de McCarthy “es para poner algo y hacer campaña, es tirarle carne roja a la base republicana sabiendo de antemano que los demócratas y los republicanos moderados no lo van a respaldar. Y permitirle después al presidente que ataque a los demócratas del fracaso de su propio partido”.

“Sin un acuerdo bipartidista previo sobre una reforma migratoria, no hay nada, no hay nada”, concluyó.

EN FOTOS: Una deportación de ICE, paso a paso

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