La política migratoria de 'tolerancia cero' de Trump en 15 fotos

El presidente Donald Trump no ha requerido del apoyo del Congreso para implementar su dura política migratoria. Desde que llegó a la Casa Blanca, ha modificado la ley de inmigración a golpe de memorandos y acciones ejecutivas, una estrategia que ha puesto a 11 millones de indocumentados al borde de la deportación.

Por:Univision

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Contra la inmigración por decreto. Desde que asumió la presidencia, Donald Trump ha utilizado las órdenes ejecutivas para imponer las políticas de ‘tolerancia cero’ sin pasar por el Congreso. Con este instrumento ha intentado impulsar su proyecto de muro fronterizo, penalizar a las ciudades santuarios, establecer deportaciones expeditas, endurecer los requisitos de asilo, vetar la entrada de ciudadanos de países musulmanes, revisar el programa de visas H-1B y reducir la cuota para la entrada de refugiados. En la fotografía, la firma de la orden ejecutiva del 25 de enero de 2017, contra las ciudades santuarios y a favor del muro.

Pablo Martinez Monsivais/Ap

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Veto musulmán, menos asilados y menos refugiados. Después de asumir la presidencia, firmó una orden ejecutiva para prohibir la entrada de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana. En junio de 2018 la Corte Suprema decidió que ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, Corea del Norte y Venezuela tendrían restricciones de distintos tipos, algunas más severas que otras. En abril de 2018 el gobierno anunció que acelerará los casos de asilo para darle menos tiempo a los solicitantes de preparar sus casos y en septiembre informó que reducirá la cuota de refugiados de 45,000 a 30,000 en el año 2019.

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Castigo a las ciudades santuarios. La orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2017 decreta que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad nacional. Esto creó un conflicto entre el Ejecutivo y los estados que se niegan a compartir información sobre los indocumentados con las autoridades federales. En octubre de 2018, Trump amenazó con cortar fondos a las ciudades santuario como Denver, Colorado (en la fotografía).

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Plan de reforma migratoria del Partido Republicano. El 2 de agosto de 2017, Trump anunció su respaldo al proyecto de ley S.354 de los senadores republicanos Tom Cotton (Arkansas) y David Perdue (Georgia). Esta nueva legislación propone aumentar los arrestos, acelerar deportaciones, restringir el asilo, establecer un sistema migratorio por méritos y reducir la inmigración legal en un 50% en 10 años. En enero de 2018 trump rechazó un plan migratorio bipartidista que incluía una solución para los dreamers.

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El fin de DACA. El 5 de septiembre de 2017 el fiscal general Jeff Sessions anunció la decisión de Trump de anular la Acción Diferida de 2012 (DACA), un programa de la era Obama que protege de la deportación y permite obtener permisos de trabajo a unos 800,000 Dreamers que llegaron a Estados Unidos como menores. Ese mismo día los afectados protestaron en Washington DC (en la fotografía) y en el resto del país. El 31 de agosto de 2018 un juez federal de Houston dictaminó que la acción diferida es legal y continuará otorgando permisos de trabajo renovables cada dos años.

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Fuerza para deportar. El gobierno federal ha logrado acuerdos con administraciones locales para trabajar en colaboración y aumentar las expulsiones de inmigrantes indocumentados. En marzo de 2018 el fiscal general anunció que busca revertir fallos que han frenado unos 200,000 casos de deportación y en junio el presidente sugirió que se debería deportar sin jueces ni cortes o procesos judiciales. Según cifras de ICE, en los primeros meses del año fiscal 2018 hubo más expatriados que en los últimos tres años de Obama en el mismo período. En la fotografía Lucio Cervantes, un ciudadano mexicano deportado después de vivir 25 años en EEUU, a su llegada a la Ciudad de México en febrero de 2017.

Marco Ugarte/Ap

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“Compra estadounidense, contrata estadounidense”. El presidente firmó en abril de 2017 una orden ejecutiva con la que pretende controlar la asignación de visas H-1B para trabajadores extranjeros profesionales. Aseguró en un evento en Kenosha, Wisconsin, que las visas H-1B “deberían ser dadas a los solicitantes más preparados y mejor pagados, y nunca deberían ser usadas para reemplazar a estadounidenses".

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Fin de los TPS. Desde finales de 2017 Trump ha anunciado el fin de varios programas TPS (que conceden estatus legal temporal a extranjeros que no pueden regresar a sus países debido a un conflicto armado o un desastre natural). Cuando concluya el tiempo que ha dado el gobierno a los inmigrantes de regularizarse quedarán en riesgo de deportación al menos 2,500 nicaragüenses, 200,000 salvadoreños, 56,000 hondureños, y 60,000 haitianos. En la fotografía de enero de 2018 Saccha Etienne, una mujer de origen haitiano que protestó contra la medida en la Pequeña Haití, Miami, al sur de Florida.

David Maris

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Redadas masivas. En octubre de 2017 Trump envió una carta a los líderes del Congreso donde detalló su intención de aumentar las redadas, uno de los objetivos de su reforma migratoria. Desde enero de 2018 han sido intervenidas por ICE entre otras la cadena de tiendas Seven Eleven en 17 estados, una fábrica de trailers en Texas, una planta de tomate con sedes en Nebraska y Minnesota, una empresa de carne en Ohio y otra de jardinería en ese mismo estado (en la fotografía, tomada el 5 de junio de 2018).

John Minchillo/Ap

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El muro por los Dreamers. En enero de 2018 la Casa Blanca publicó los principios básicos del plan migratorio de Trump: más poder para el departamento de Seguridad Nacional, la criminalización de indocumentados, la expulsión expedita de inmigrantes, el fin de la reunificación familiar y $25,000 millones para planes de seguridad fronteriza, entre ellos el muro en la frontera con México. A cambio de esto incluiría la legalización de 1.8 millones de Dreamers.

KEVIN LAMARQUE/Reuters

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Revisión de ciudadanías, reapertura de casos de deportación y aceleración de los procesos migratorios. Un operativo activado el 19 de septiembre de 2017 por el Departamento de Justicia puso bajo sospecha alrededor de 315,000 ciudadanías por naturalización. En junio de 2017 el gobierno confirmó que está reabriendo en las cortes de inmigración casos de deportación que habían sido cerrados. En enero de 2018 el fiscal general Sessions anunció que se activaría un sistema que evaluará el desempeño de los jueces para acelerar los casos acumulados.

Joe Raedle/Getty Images

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Fin de la política de ‘catch and release’. En abril de 2018 Trump firmó un memorando con una serie de órdenes para acabar con la política de 'capturar y liberar', que consistía en que luego de ser capturados los inmigrantes eran procesados y liberados con un grillete mientras avanzaba el proceso con las autoridades migratorias. La medida busca establecer nuevos espacios para mantener encerrados a los indocumentados y acelerar los procesos de deportación.

John Moore/Getty Images

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Militares contra la caravana de migrantes. En marzo de 2018 unos 1,000 centroamericanos comenzaron a recorrer juntos el territorio de México con el fin de alcanzar la frontera con EEUU. Trump respondió a la caravana firmando en abril un memo donde ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur con México. En la foto, la Guardia Nacional de Arizona cuando fue enviada a apoyar a la Patrulla Fronteriza. Su asistencia, coordinada por los gobernadores de estado, solo puede ser logística ya que el personal militar no puede hacer labores policiales.

CAITLIN O'HARA/AFP/Getty Images

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Indocumentados criminalizados y niños detenidos. A principios de junio de 2018, más de 2,000 niños inmigrantes estaban detenidos sin sus padres, luego que estos fueran procesados como criminales. Luego de un sinnúmero de críticas, Trump revirtió la medida con una orden ejecutiva. El gobierno elabora un plan para salir del acuerdo Flores de 1997, que prohíbe la encarcelación de menores de edad. La fotografía del 17 de junio, distribuida por la Patrulla Fronteriza, muestra a varios grupos de niños sin sus padres en un centro de procesamiento de inmigrantes en Río Grande City, Texas.

CBP/Handout via REUTERS

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Rechazar a los que sean una 'carga pública'. En septiembre de 2018 la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, anunció un plan para dificultar las residencias y ciudadanías a inmigrantes que no puedan costear sus gastos básicos. Salvo en determinadas excepciones, el uso de beneficios ofrecidos por el estado en salud, vivienda o alimentos serán considerados en los procesos migratorios para garantizar que “los inmigrantes no se conviertan en una carga para los contribuyentes". En la fotografía dos inmigrantes hispanas de compras en una tienda de Roxbury, Boston, en 2017. El 70% de los clientes de ese local se abastece con cupones de alimentos.

Boston Globe via Getty Images