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Massachusetts se une a la lluvia de demandas contra de Trump por el veto migratorio a países de mayoría musulmana

El estado se unirá a la querella de la ACLU, abogados particulares y el estado de Washington contra la acción ejecutiva que bloquea la entrada a EEUU a personas de siete países de mayoría musulmana.
1 Feb 2017 – 5:06 AM EST

El lunes, la fiscalía de Washington anunció que se sumaba a la lluvia de demandas contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que veta el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Este martes lo ha seguido la fiscalía general de Massachusetts.

Maura Healey, fiscal general de ese estado, declaró en rueda de prensa que el decreto de Trump es "perjudicial, discriminatorio e inconstitucional" y anunció que su oficina se unirá a la demanda presentada el sábado por la ACLU de Massachusetts y los abogados de inmigración que intentan revocar la orden ejecutiva, informó el sitio Slate.

"Nadie está por encima de la ley", destacó Healey, cuando se le preguntó qué mensaje enviaría al presidente. "Debemos estar preparados para actuar en todo momento si alguien actúa de manera ilegal o inconstitucional", apostilló.


El sitio de la fiscalía general del estado también ha publicado el anuncio de Healey, quien el sábado pasado acompañó a los manifestantes que fueron al aeropuerto de Boston a protestar por la controversial acción ejecutiva.

La orden ejecutiva de Trump prohíbe temporalmente la entrada al país de refugiados y ciudadanos de Irak, Irán, Siria, Sudán, Yemen, Libia y Somalia, naciones de mayoría musulmana. Aunque el presidente y el vocero del gobierno, Sean Spicer, han afirmado que no se trata de una acción contra una religión en particular, el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, una figura próxima a Trump, reconoció en una entrevista que éste le solicitó buscar una manera de hacer lícita su promesa de prohibir la entrada de musulmanes en el país.


El veto de Trump generó caos y confusión en los aeropuertos de todo el país este fin de semana, por el rechazo a cientos de viajeros, incluidos los titulares de Green Cards.

Este lunes Trump despidió a la fiscal general interina de los Estados Unidos Sally Yates que se negó a defender la orden en la corte.

El sábado por la noche, jueces de Nueva York, Virginia, Seattle y Boston se movieron rápidamente para denunciar partes de la orden y detener las deportaciones. En el caso particular de Boston, la acción legal permitirá la entrada a aquellos inmigrantes que contaban con autorización para entrar en el país una semana antes de emitida la orden de Trump.

En fotos: Protestas e indignación en aeropuertos tras el veto a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana

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La oficina de Healey intentará ampliar ese margen mientras se dirime si el decreto debe ser finalmente anulado en su totalidad.

La demanda de la fiscalía de Massachusetts argumenta que el decreto de Trump, aparte de violar la Quinta Enmienda de la Constitución de EEUU al discriminar a las personas por su religión o país de origen sin suficiente argumentación, representa "un cambio radical y preocupante de los principios fundacionales de esta nación, desalienta o impide viajar y emigrar a la Commonwealth, y obstaculizaría el libre intercambio de información, ideas y talentos, Instituciones educativas de renombre".

Healey dijo que su despacho se unirá a un pleito presentado originalmente en nombre de dos profesores iraníes de ingeniería en la Universidad de Massachusetts-Dartmouth. Mazdak Pourabdollah Tootkaboni y Arghavan Louhghalam quienes fueron detenidos el sábado en su camino de regreso de una conferencia en Marsella, Francia, a pesar de su estatus de residentes legales permanentes.

Incluso el gobernador republicano de Massachusetts, Charlie Baker, hizo una tibia declaración de apoyo a la acción legal el lunes, cuando declaró a la estación de radio local WGBH que, en su opinión, el pleito "es la manera mejor y más importante que podemos apoyar el estado de derecho".


Aparte de las demandas de la ACLU, de abogados particulares y las fiscalías de Washington y Massachusetts, también este martes el fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, se plegó a la querella general contra la orden ejecutiva de Trump al considerarlas "inconstitucional, ilegal y fundamentalmente antiamericana.

En medio de las medidas judiciales contra el gobierno federal, la jueza Ann M. Connelly emitió el pasado sábado un amparo que detuvo los procesos de deportación, aunque la Casa Blanca insistió que la decisión judicial no cambia el sentido de la orden ejecutiva que afecta a refugiados y ciudadanos de los siete países citados.



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