San Francisco, primera urbe en demandar a Trump por su orden ejecutiva contra las ciudades santuario

LOS ÁNGELES, California.- El fiscal de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, demandó este martes al presidente de EEUU, Donald Trump, y a su gobierno por considerar que la orden ejecutiva que amenaza con retirar fondos federales a las ciudades santuario es "inconstitucional" y "antiestadounidense".

San Francisco –una ciudad declarada santuario– recibe 1,200 millones al año en fondos federales que se utilizan para servicios de salud, nutrición y seguridad, de acuerdo la Fiscalía.

"Esta demanda no es un paso que demos a la ligera", dijo Herrera, quien consideró que era necesario para "defender a la gente de esta ciudad", así como el estado y el país de lo que llamó "sobreuso salvaje del poder que tiene un presidente".

Tanto el fiscal como el alcalde, Ed Lee, han estado en contacto con otras urbes que ofrecen amparo a indocumentados antes de tomar esta decisión y esperan que otras ciudades sigan su iniciativa y presenten demandas similares.

Trump firmó el pasado miércoles dos órdenes ejecutivas relacionadas con seguridad fronteriza e inmigración. En una de ellas se especifica que las ciudades declaradas santuario -que rechazan colaborar con las autoridades federales en operaciones contra la inmigración irregular- podrían dejar de contar con financiación federal.

Según datos de la Fiscalía, San Francisco cuenta con alrededor de 30,000 residentes indocumentados.

"La orden ejecutiva del presidente no es solo inconstitucional, es antiestadounidense. Es por eso que nos oponemos. Somos una nación de inmigrantes y una tierra de leyes. Debemos ser los 'guardianes de nuestra democracia' que el presidente Obama nos urgió que fuéramos en su discurso de despedida", manifestó Herrera.

A juicio del fiscal, las acciones del presidente Trump demuestran "poco respeto" por la Constitución de EEUU.

Esa enmienda determina que el gobierno federal solo tiene los poderes especificados en la Carta Magna, el resto son competencias estatales.

Según un análisis de tres profesores de Leyes de la Universidad de California en Irvine –que publicó recientemente el diario The Washington Post–, las ciudades y las universidades públicas "están usando su autoridad constitucional al declararse santuarios”.

“Trump insiste en que sí puede obligar a los estados y las ciudades a participar en su plan de deportar a los inmigrantes indocumentados. Pero esto ignora la décima enmienda de la Constitución de Estados Unidos que -según ha dicho en varias ocasiones la Corte Suprema- prohíbe que el gobierno federal ‘tome comando’ de los gobiernos estatales y locales para hacer cumplir estatutos federales”, explicaron los expertos.

La demanda pide a los tribunales que determinen que San Francisco cumple con las leyes federales y por tanto tiene derecho a recibir los fondos federales.

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Herrera indicó que San Francisco comenzó a aplicar políticas de amparo a indocumentados hace 28 como respuesta a la vulnerabilidad de los residentes en esa situación, quienes no denunciaban abusos -como violencia doméstica- porque tenían miedo de que les fueran a deportar.

El caso fue presentado en la Corte Federel del Distrito Norte de California esta mañana en contra del presidente Trump, Estados Unidos, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, y la fiscal general de EEUU en funciones, Dana Boente.