La experiencia de los años de Bush: así puede el presidente resucitar la tortura

El presidente Donald Trump volvió a defender el miércoles en una entrevista que la tortura funciona y es un método aceptable de interrogatorio y la Casa Blanca considera volver a abrir cárceles fuera de Estados Unidos.

En noviembre, le dijo al The New York Times que se había quedado “impresionado” por la firmeza con la que el general James Mattis, su actual secretario de Defensa, le había dicho que los abusos no funcionaban.

Pero la opinión de Mattis puede contar poco si el gobierno Trump decide volver a utilizar algunas de las tácticas que la administración Bush utilizó en secreto tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que el Congreso ha rechazado en 2015 con apoyo bipartidista.

El Congreso ha prohibido formalmente el uso de la tortura, definido como uso de prácticas fuera de los manuales del ejército como el ahogamiento simulado ( waterboarding) o la privación de sueño, pero la Administración tiene maneras de soslayar la definición de la ley.

El fiscal es la clave

Durante las sesiones de confirmación en el Senado, el nuevo jefe de la CIA, Mike Pompeo, no quiso descartar el uso de la tortura y la vuelta a los centros de detención fuera de Estados Unidos para interrogar a prisioneros sin las garantías que tienen en el país. Pero la figura esencial en los próximos años será el fiscal general, Jeff Sessions.

Durante el gobierno de Bush, las prácticas de tortura fuera del manual de técnicas aceptadas fueron aprobadas en secreto por el fiscal general de entonces, Alberto Gonzales. Pese a que el Departamento de Justicia había denunciado públicamente el uso de la tortura en 2004, Gonzales escribió un documento en secreto donde autorizaba el uso del ahogamiento simulado del prisionero o las llamadas posiciones “de estrés” durante horas.

Entonces la persona dentro del gobierno que intentó frenar aquellos instintos fue James Comey, el actual director del FBI y que era el segundo de Gonzales. Comey se acabó marchando del gobierno después de varios enfrentamientos sobre el uso de prácticas no convencionales de interrogatorio o espionaje.

Gonzales, que ahora es decano en una Universidad en Tennessee, visitó en diciembre la torre Trump dentro de la ronda de entrevistas para posibles fichajes de la nueva Administración.

El voto de Sessions

A principios de este mes, Sessions dijo que en su audiencia ante el Senado que ni e l waterboarding ni otras formas de tortura son aceptables porque “el Congreso ha tomado acciones”.

Así es, pero Sessions, que era senador por Alabama, votó que “no” a esa prohibición en 2015. De hecho, estuvo entre la minoría de minoría. La enmienda fue aprobada por 78 votos a 21. Entre los republicanos, 31 votaron a favor de la prohibición; Sessions estuvo entre los 21 que votaron en contra.

Además, en respuestas escritas a más preguntas de los senadores, Sessions dijo que estaría abierto a revisar técnicas fuera de las permitidas y no quiso descartar el uso de prisiones secretas.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo este jueves que Trump puede revisar las prácticas de interrogatorio “a través de órdenes ejecutivas”.

“Lo hará siguiendo las recomendaciones de gente como el general Mattis y el director de la CIA Mike Pompeo… Está dispuesto a escuchar sus opiniones sobre la eficacia de esas técnicas y los resultados que consiguen… La legalidad es que, una vez que has confirmado su eficacia, puedes trabajar dentro de la ley, sea con los manuales, las leyes o las órdenes, para reflejar lo que quieres”, dijo el portavoz en un briefing en el avión rumbo a Filadelfia, donde el presidente se reunió con republicanos en un cónclave del partido.

El margen

Cualquier cambio legislativo en el Congreso sería largo y tendría la oposición de parte de los republicanos, encabezados por John McCain, que fue prisionero de guerra en Vietnam y que ya ha salido a decir que “la tortura no volverá a Estados Unidos”.

Pero Trump sigue teniendo margen para aplicar los manuales y puede hacerlo por órdenes del Departamento de Justicia o por decretos del presidente.

De hecho, el presidente George W. Bush, dirigido entonces sobre todo por el vicepresidente Dick Cheney, aprobó en 2007 un decreto para seguir utilizando técnicas fuera de los manuales incluso después de una decisión del Supremo de 2006 que la convención de Ginebra sobre el trato de prisioneros era aplicable también a los detenidos de Al Qaeda. Así creó las prisiones secretas en Europa del Este y Oriente Próximo. Obama prohibió estos lugares con otro decreto en 2009.

En el caso de Bush, la rebelión en contra de estas técnicas vino de parte de los funcionarios y agentes de la CIA. Pero la presión de arriba fue suficiente para mantener parte de aquellas prácticas.

Entonces la insistencia en gestionar un sistema paralelo para sospechos de terrorismo venía del vicepresidente. El actual, Mike Pence, no ha querido condenar el uso del waterboarding desde que ha sido elegido, pero la presión ahora vendría sobre todo de Trump. Ningún miembro de la Administración Bush defendió tan abiertamente en público el uso de la tortura.