Una jueza federal ha bloqueado el intento de la administración Trump de reasignar fondos federales de Seguridad Nacional, retirándoselos a los estados que se niegan a cooperar con determinadas acciones federales de control migratorio.
Jueza federal ordena a la administración Trump restituir fondos de emergencia a estados demócratas
El fallo dictado el lunes por la jueza federal Mary McElroy consolidó una victoria para la coalición de 12 fiscales generales que demandaron a la administración a comienzos de este año, después de ser advertidos de que sus estados recibirían recortes drásticos en subvenciones federales debido a su condición de jurisdicciones “santuario”.
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El fallo dictado el lunes por la jueza federal Mary McElroy consolidó una victoria para la coalición de 12 fiscales generales que demandaron a la administración a comienzos de este año, después de ser advertidos de que sus estados recibirían recortes drásticos en subvenciones federales debido a su condición de jurisdicciones 'santuario'.
En total, el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) recortaron más de 233 millones de dólares a Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Rhode Island, Vermont y Washington. El dinero forma parte de un programa de 1,000 millones de dólares cuyas asignaciones deben basarse en evaluaciones de riesgo, y que luego los estados transfieren en gran medida a departamentos de policía y bomberos.
Los recortes se anunciaron poco después de que otro juez federal, en un litigio distinto, determinara que era inconstitucional que el gobierno federal exigiera a los estados cooperar en acciones de control migratorio como condición para recibir fondos de FEMA para desastres.
Qué dice el fallo de la jueza
En su fallo de 48 páginas, McElroy concluyó que el gobierno federal estaba valorando el grado de cooperación policial de los estados en materia migratoria para decidir si reducir los fondos del Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional y otros similares.
"¿Qué otra cosa podrían ser las decisiones de los demandados de recortar fondos a programas específicos de contraterrorismo mediante cifras redondas y llamativas, incluido eliminar de un tajo los millones de las cantidades otorgadas, si no arbitrarias y caprichosas? No hace falta un título en Derecho ni en Matemáticas para deducir que ninguna fórmula plausible y racional podría producir este resultado", escribió McElroy.
La jueza, nombrada durante la presidencia de Trump, ordenó además al Departamento de Seguridad Nacional restablecer las asignaciones de fondos previamente anunciadas para los estados demandantes.
"El abuso temerario de los demandados en su función de administrar subvenciones federales resulta especialmente preocupante, dado que se les ha confiado una de las responsabilidades más solemnes: proteger a nuestra nación y a sus ciudadanos", escribió McElroy. "Aunque las complejidades del derecho administrativo y las condiciones de las subvenciones federales puedan parecer abstractas para algunos, los fondos en disputa sostienen programas vitales de contraterrorismo y aplicación de la ley".
La jueza citó de forma expresa el reciente ataque en la Universidad de Brown, en el que un atacante mató a dos estudiantes e hirió a otros nueve, como un ejemplo de situación en la que el programa federal de 1,000 millones de dólares resulta clave para responder a una tragedia de ese tipo.
"Tomar como rehén la financiación de programas como estos basándose únicamente en lo que parecen ser los caprichos políticos de los demandados es inconcebible y, al menos en este caso, ilegal", escribió la jueza con sede en Rhode Island en su resolución, emitida poco más de una semana después del tiroteo en Brown.
Reacciones a la decisión de la jueza
Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, afirmó en un comunicado que el departamento planea impugnar la orden.
"Este sabotaje judicial amenaza la seguridad de nuestros estados, condados y ciudades, y debilita a toda la nación", dijo McLaughlin. "Lucharemos para restablecer estas reformas críticas y proteger vidas estadounidenses".
Mientras tanto, los fiscales generales que demandaron a la administración celebraron la decisión.
"Esta victoria garantiza que la administración Trump no pueda castigar a los estados que se niegan a colaborar con su cruel agenda migratoria, en particular negándoles fondos que salvan vidas y que ayudan a prepararse y responder ante desastres y emergencias", declaró en un comunicado la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell.
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