La parálisis republicana en la Cámara de Representantes es una crisis en tiempo de crisis

Los republicanos de la Cámara de Representantes destituyeron a su líder, Kevin McCarthy, y han pasado semanas intentando, sin éxito, elegir a otro para sucederlo como presidente de la Cámara Baja. Eso ha dejado a ese cuerpo legislativo imposibilitado de hacer su trabajo, paralizando toda la actividad, ya que el Senado no puede aprobar leyes sin la Cámara.

¿Es esta una “crisis constitucional”? ¿O algo menos significativo?

El cargo de presidente de la Cámara de Representantes es estratégico y poderoso, con un papel enorme en la elaboración de leyes. Según las reglas de la Cámara Baja, se trata del principal funcionario del cuerpo legislativo y está encargado de numerosos deberes y responsabilidades por ley.

El presidente llama al orden a la Cámara Baja, remite los proyectos de ley a los comités, nombra a los miembros de los comités, dictamina sobre las cuestiones de orden y da la palabra a los miembros en el pleno. Estos deberes y responsabilidades mantienen a la Cámara ocupada en la consideración, discusión y aprobación de proyectos de ley.

En resumen, el presidente es fundamental para la administración de los asuntos de la Cámara de Representantes.

Además, según la Ley de Sucesión Presidencial, aprobada para complementar el artículo 2 de la Constitución, el presidente también ocupa el segundo lugar en la sucesión a la presidencia, después del vicepresidente, en caso de incapacidad del presidente.

Por ahora, la Cámara Baja tiene un presidente temporal, el representante Patrick McHenry, un republicano de Carolina del Norte, pero académicos y expertos están divididos sobre si las reglas de la Cámara de Representantes permiten que la persona en ese rol cumpla con todos los deberes críticos de su presidente.

Debido a que la situación no tiene precedentes y las reglas son ambiguas, McHenry parece reacio a ejercer algo más que los poderes mínimos necesarios para elegir un nuevo presidente.

Por lo tanto, la Cámara sigue en el limbo, y es necesario buscar una solución a medida que se acercan los plazos presupuestarios y una guerra entre Israel y Hamas amenaza con extenderse a otros frentes. Como estudiosa tanto del derecho constitucional como de la política, creo que se podría considerar que Estados Unidos se encuentra en una crisis constitucional, una crisis que, si no termina, podría provocar crisis mayores en el futuro.

¿Qué es una “crisis constitucional”?

El de “crisis constitucional” es en gran medida un concepto indefinido, aunque los académicos generalmente coinciden en algunas de sus características.

Un factor común en la mayoría de los acontecimientos históricos descritos como crisis constitucionales es que los procesos constitucionales para resolver conflictos fracasan o no tienen respuestas preparadas. Por lo general, las crisis constitucionales surgen cuando el poder legislativo y el presidencial se encuentran en conflicto sobre la legalidad o adecuación de una acción o política en particular.

Cuando el Congreso y el presidente llegan a tal punto muerto, uno de los poderes podría ejercer la fuerza para lograr el resultado preferido.

Esto se aplica no sólo a Estados Unidos sino también a otros países. En el caso del enfrentamiento del presidente ruso Boris Yeltsin con el Parlamento en 1993, por ejemplo, el mandatario desplegó al ejército ruso para atacar la sede de la Duma y arrestar a sus miembros.

En Estados Unidos, en 1832 y 1833, el conflicto entre el gobierno federal y un gobierno estatal llevó al presidente Andrew Jackson a amenazar con el uso de la fuerza militar para garantizar que se respetara la ley federal en Carolina del Sur durante la llamada “crisis de anulación”.

En esa crisis, Carolina del Sur afirmó que un estado podría bloquear unilateralmente una ley federal que imponía aranceles a las importaciones. Creyendo que las acciones de Carolina del Sur amenazaban la unión y el orden constitucional, Jackson propuso enviar tropas federales al estado para cobrar los aranceles. Esta amenaza de fuerza condujo finalmente a la capitulación de Carolina del Sur.

Es evidente que el enfrentamiento republicano en el Congreso no alcanza el nivel de una crisis que pueda implicar la fuerza militar. Sin embargo, en la medida en que una crisis constitucional implique la parálisis de la maquinaria gubernamental sin una solución fácilmente disponible en la Constitución, la situación actual en la Cámara de Representante podría calificar como una verdadera crisis constitucional.

Congreso paralizado

Debido a que el presidente de la Cámara de Representantes es un cargo constitucional cuyo ocupante es el segundo en la fila para la presidencia, el papel es parte de la maquinaria constitucional estadounidense.

La Constitución contempla claramente que habrá un presidente al frente de la Cámara Baja, aunque no defina sus funciones, que vienen determinadas por las propias reglas del cuerpo legislativo. Esas reglas han evolucionado con el tiempo para elevar al presidente a un papel central en las funciones legislativas del Congreso. Y sin un presidente, no está claro que el Congreso pueda cumplir sus funciones constitucionales. Al mismo tiempo, no existe ningún remedio constitucional para resolver el actual estancamiento.

Para poder aprobar legislación, ambas cámaras del Congreso deben acordar el lenguaje legal y presentar el proyecto de ley al presidente para su aprobación.

Sin embargo, sin la Cámara Baja, el Congreso no podrá financiar al gobierno federal, que requiere autorización presupuestaria anual del Congreso para su financiamiento. Como el empleador más grande del país, el hecho de que el gobierno federal no pague los salarios de sus empleados causará trastornos financieros a millones de personas, incluso si el pago retroactivo está disponible después.

Las agencias reguladoras críticas que mantienen el agua limpia, el aire respirable, las carreteras y puentes seguros y el sistema financiero del país operando de manera justa y efectiva podrían verse estancadas en el cumplimiento de sus deberes legales para con la nación.

Otras preocupaciones nacionales apremiantes, como la crisis de opioides, continuarán sin una legislación federal para abordarlas. Los esfuerzos por apoyar a Ucrania e Israel en sus batallas contra Rusia y Hamas se verán obstaculizados.

La paralización del gobierno federal implica una nación paralizada, con consecuencias nacionales y globales potencialmente nefastas para la economía, el medio ambiente y la política exterior de Estados Unidos. La ausencia de un presidente, quien si bien es un solo individuo también es el eje del Congreso, podría producir una crisis peligrosa en nuestra democracia constitucional.

Cuanto más dure este estancamiento, mayor será la amenaza al orden constitucional.

* Stefanie Lindquist es profesora de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Estatal de Arizona.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el artículo original aquí.

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