¿Veto migratorio parte dos? Cerrar la frontera sur "solo agravará los problemas"
La amenaza lanzada por el presidente Donald Trump de cerrar la frontera con México para detener la oleada de migrantes centroamericanos que huyen de sus países y buscan de asilo en Estados Unidos podría ser retada en las cortes tal y como ocurrió en febrero de 2017 con el veto a la entrada de ciudadanos de varios países musulmanes.
En aquella ocasión y tras una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), al menos tres jueces federales bloquearon el polémico veto por lo que denominaron "daño irreparable” causado por la medida, principalmente a refugiados con estatus concedido, así como a titulares de visas vigentes o residentes legales permanentes en Estadios Unidos de los países afectados.
Algo similar puede ocurrir esta vez, si Trump cumple la amenaza y decide cerrar la frontera con México, un hecho inédito pero que el mandatario viene prometiendo desde hace varios meses en su esfuerzo por imponer su política migratoria de 'tolerancia cero'.
"Las amenazas de Trump en la frontera y el corte de la ayuda a los países centroamericanos (como castigo por no detener las oleadas de inmigrantes en busca de asilo) pueden ser ilegales y, desde luego, una tontería", dice Stephen Yale-Loehr, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, en Nueva York y coautor de un tratado de 21 leyes de inmigración
Yale-Loehr añade que el mandatario “ha amenazado con cerrar la frontera entre Estados Unidos y México y cortar la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras”, pero advierte que “cerrar la frontera puede ser ilegal”, y la suspensión o corte de la ayuda puede ser “una tontería”.
La advertencia
El viernes Univision Noticias reportó que el gobierno de Trump está reteniendo cientos de millones de dólares de ayuda que el Congreso aprobó para Centroamérica, lo cual podría poner en peligro los esfuerzos para desarrollar una mayor cooperación con los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala para detener el flujo de migrantes, según diplomáticos y expertos en ayuda extranjera.
La falta de fondos ya está provocando el recorte de varios programas y el despido de los empleados en la región. La retención de fondos se produce después de repetidas amenazas por parte de Trump de recortar las ayudas para Centroamérica debido a su frustración por el creciente número de migrantes que llegan a la frontera sur.
Desde mediados de 2013, durante el gobierno de Barack Obama, miles de inmigrantes procedentes del denominado Triángulo del Norte huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza y buscan asilo en Estados Unidos. Pero en los últimos meses el número de refugiados es tal que ha puesto en jaque al gobierno de Trump.
Desafío legal
Para Yale-Loehr, “los desafíos legales a una declaración sobre la frontera dependerán de lo que haga el presidente”. Y agrega que, si Trump cierra la frontera y prohíbe el paso a los titulares de tarjetas verdes (greeen card) y ciudadanos estadounidenses, podría generar el mismo tipo de demanda entablada en febrero de 2017, cuando afectó a extranjeros de países de mayoría musulmana.
“La primera versión de la prohibición de viaje del presidente, que prohibía la entrada a Estados Unidos a los titulares de la tarjeta verde y los no inmigrantes de ciertos países, planteó esas preocupaciones”, agregó. “Sobre la base de la crítica pública y los recursos judiciales, el gobierno rápidamente revirtió el curso y eximió a los titulares de la tarjeta verde de la prohibición de viajar”, apuntó.
Yale-Loehr dijo además que "si el presidente Trump emitiera una declaración fronteriza más estrecha, que diga que nadie puede solicitar asilo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, podría decirse que violaría la Ley de Inmigración que permite a cualquier persona que llega al país solicitar asilo”.
Demandas en proceso
El viernes de la semana pasada Trump amenazó a través de su cuenta de la red social Twitter que “si México no detiene de inmediato TODA la inmigración ilegal que ingresa a Estados Unidos a través de nuestra frontera sur, la CERRARÉ”.
La amenaza se suma a la orden emitida el 20 de diciembre cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un programa que obliga a solicitantes de asilo esperar en México hasta que sus audiencias estén siendo vistas en las cortes de inmigración.
Según Yale-Loehr, si Trump ordena cerrar la frontera “no podría detener a todos los solicitantes de asilo, ya que aún podrían intentar ingresar a Estados Unidos ilegalmente o por fuera de los puertos de entrada autorizados”, situación que no detendría la crisis denunciada por el gobierno.
“Cualquier esfuerzo por cerrar la frontera entre Estados Unidos y México, o cortar la ayuda (a los países centroamericanos) está condenado al fracaso”, dice el profesor de leyes de la Universidad de Cornell. “Es como dejar de financiar la investigación del cáncer con la teoría de que se producirán menos cánceres. Se necesita más ayuda extranjera en Centroamérica para que menos personas de esos países huyan a Estados Unidos”, apuntó.
Yale-Loehr señala además que “Trump ha heredado un problema complejo” y advierte que si el presidente cumple sus amenazas “solo agravará los problemas".
Preparativos en curso
Este lunes la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, envió un memorando al Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Kevin McAleenan, indicándole los pasos que la agencia debe tomar para enfrentar la “creciente crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur”.
"El DHS hará todo lo que esté a su alcance para ponerle fin" a la crisis, dijo Nielsen. "No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el Congreso no actúe, por lo que todas las opciones están sobre la mesa”, advirtió.
La semana pasada McAlleenan dijo que la crisis humanitaria en la frontera había llevado a la agencia a un punto de quiebre, y urgió al Congreso a tomar medidas inmediatas para permitir la detención y deportación acelerada de migrantes, entre ellos menores de edad.
Una ley sobre protección de tráfico humano de 2008 (TVPRA) impide la deportación acelerada de menores que no sean de países fronterizos (México y Canadá) y exige que sea un juez de inmigración quien decida sus futuros en Estados Unidos. Y un Acuerdo Judicial (Flores) de 1997 prohíbe al gobierno privar de libertad a menores de edad. Ambas protecciones legales tienen a Trump con las manos atadas en la frontera.
“Inmediatamente redistribuiremos cientos de agentes del CBP en la frontera para responder a esta emergencia. Buscaremos urgentemente refuerzos adicionales dentro del DHS para aprehender a aquellos que buscan ingresar a Estados Unidos”, agregó.
Nielsen también instruyó al CBP para que expanda el Protocolo de Protección al Migrante (MPP), programa activado en diciembre que regresa a México a solicitantes de asilo para que esperen al otro lado de la frontera que sus casos sean resueltos por las cortes de inmigración estadounidenses.
