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Si mi esposo regresa a Nicaragua, lo matan o lo desaparecen, dice esposa de migrante en manos de ICE

Martínez Picado es uno de las decenas de activistas nicaragüenses que desde el año pasado se han manifestado en contra del gobierno de Daniel Ortega y han sido perseguidos por la policía para acallarlos. Ahora, el hombre que fue perseguido y detenido durante las protestas en Nicaragua, se enfrenta a la deportación.
5 Feb 2019 – 1:46 PM EST

El nicaragüense John Evari Martínez Picado se entregó a las autoridades fronterizas de inmigración el 26 de septiembre del año pasado tras cruzar la frontera en la zona de El Paso, Texas, donde pidió asilo. Fue arrestado y luego enviado a un centro de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Nuevo México.

El 17 de diciembre se presentó ante un juez de inmigración, “pero no le creyó su caso y le dio una orden de deportación”, cuenta su esposa Regina Méndez, al otro lado del teléfono, desde Nicaragua. Por ratos se le quiebra la voz narrando su historia. Luego de una pausa, en voz baja y al borde del llanto, dice: “Si mi esposo regresa a Nicaragua, dos cosas pueden pasar: que lo maten o desaparezca”.


La historia de Martínez Picado es una entre decenas de otros casos de asilo de activistas nicaragüenses que desde el año pasado se manifiestan en contra del gobierno de Daniel Ortega y son perseguidos por la policía para acallarlos.

El comienzo de la pesadilla

Las protestas contra Ortega comenzaron en abril del año pasado después de que el gobierno promulgó una ley que aumentaba los impuestos y cambiaba el sistema de pensiones para intentar rescatar el fallido sistema de seguridad social manejado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

“Desde el 19 de Abril nos dispusimos a apoyar a los jóvenes estudiantes universitarios en la lucha contra el régimen dictatorial Ortega-Murillo”, cuenta Martínez en una carta. “Como matrimonio tomamos la decisión de atender el llamado de los jóvenes de la universidad que está a unas cuadras de nuestra casa, con víveres, medicamentos, entre otros, e hicimos clandestinamente nuestra casa un pequeño centro de acopio de esta universidad”, agrega.

Martínez también narra que pusieron a disposición de la causa un vehículo de su propiedad, “un carro rojo con el que llevábamos víveres a los universitarios, así como trasladar heridos al único hospital que abrió sus puertas” a los manifestantes.

Cuatro días después de sumados a las protestas, Martínez fue arrestado. “Mi esposo estuvo preso en El Chipote, donde por gestión de don Marcos Carmona, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) logró salir. Lo fueron a tirar en una calle, por la Iglesia Del Carmen, todo golpeado, con su ropa rota, como indigente”, dice Méndez.


Camino al asilo

Tras ser liberado, cuenta Méndez, la pareja siguió apoyando a los manifestantes con alimentos, pero "debido a los diferentes asedios y persecuciones de grupos paramilitares y afines al gobierno en los barrios" que los acusaban de proporcionar pólvora y armas, la pareja decidió salir de Managua y poner rumbo a Malpaisillo, en León, de donde él es originario.

"Una vez estando en ese municipio, mi esposo y otro grupo de personas valientes decidieron alzar su voz e iniciaron las marchas pacíficas en ese municipio que, a esa fecha por temor y falta de iniciativa, el pueblo callaba su voz y no salían a las calles a denunciar los atropellos y pedir justicia”, explica la mujer.

Pero, según su relato, en las semanas siguientes, aumentaron los asedios. “Amenazaron de muerte a mi esposo, le inventaron delitos y comenzaron a aparecer notas debajo de la puerta de la casa amenazando con quemarla, fotos de nuestros hijos, expusieron la placa de nuestro carro, entre otras, hasta llegar al límite de llegar la policía a allanar la casa buscando armas”, denuncia Méndez.

Ese fue el momento en el que decidieron que él tenía que irse del país.

“Seis días antes de salir, el 3 de septiembre, él tuvo un intento de asesinato. Se escondió debajo de un puente porque la policía lo iba a matar. Vendimos una casa para pagarle al coyote que lo llevó hasta la frontera con Texas, donde cruzó el 26 de ese mes, se entregó y pidió asilo”, explica Méndez.

Le negaron el caso

Casi tres meses después, el 17 de diciembre, Martínez se presentó delante de un juez. “Él fue a los Estados Unidos en busca de ayuda, se entregó pidiendo ayuda, refugio. Pidió asilo, pero el juez que atendió su caso dijo que las pruebas que él llevaba no eran suficientes. No las creyó y le dijo que pudieron haber sido inventadas. Yo le dijo que el miedo a la muerte no puede ser inventado, tampoco lo que está pasando en nuestro país”, asegura la mujer.

De acuerdo con el debido proceso migratorio, Martínez tenía 30 días para apelar la decisión del juez, Brock E. Taylor. “Él lo hizo el 14 de enero. Presentó la apelación, pero ahora resulta que el administrador del Centro Otero II, en Nuevo México, donde mi marido se encuentra, dice que los documentos de la apelación nunca llegaron a la corte, que están perdidos y que el proceso de deportación se encuentra activo”, cuenta Méndez.

“Lo quieren deportar el 22 de febrero”, dice, nuevamente con la voz quebrada. “Dicen que ya no hay nada que hacer. Por eso se aisló en el “hoyo” (zona de aislamiento del centro de detención) en huelga de hambre para resistir. Pero yo le vuelvo a decir, si lo deportan, me lo matan o me lo desaparecen y nunca más lo volveré a ver”, advierte entre lágrimas.

Quién es el juez Taylor

El juez de inmigración Brock E. Taylor fue nombrado por el exfiscal general, Jeff Sessions, en octubre del año pasado, dos meses antes de fallar en el caso Martínez.

Taylor se sumó a la lista de los poco más de 400 jueces en el marco de la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump en la frontera, que entre otros objetivos se encuentra limitar los casos de asilo, en particular aquellos cuyos solicitantes ingresan al país por zonas no autorizadas por la Patrulla Fronteriza.

El juez Taylor obtuvo una licenciatura en artes en 2001 de la Universidad Brigham Young, una maestría en Políticas Públicas en 2005 en la Universidad de Duke, y en 2005 un doctorado en la facultad de derecho de la Universidad de Harvard.

Entre 2012 y hasta 2018, Taylor se desempeñó como asistente del abogado de los Estados Unidos en la Fiscalía de Estados Unidos en Nuevo México, y entre 2010 y 2012 fue abogado-asesor de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.

Entre 2005 y 2008, el juez de inmigración Taylor de desempeñó como analista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), se lee en su biografía publicada en una de las páginas del Departamento de Justicia.

Univision Noticias pidió a ICE un reporte sobre el estado Martínez Picado. Al cierre de esta nota no hemos recibido respuesta.

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