“Nunca vi atropellos de esta magnitud”: un grupo denuncia ante la ONU las tácticas agresivas de ICE con Trump

Personas lanzadas al suelo y esposadas. Familias aterrorizadas por agentes enmascarados y vehículos no identificados como del gobierno. Una ciudadana estadounidense con nueve meses de embarazo esposada porque los agentes del gobierno pensaron que era indocumentada, en parte por su color de piel, según su defensa legal.

Estas situaciones forman parte de una queja interpuesta por un grupo de abogados, ciudadanos estadounidenses y una legisladora demócrata ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto en medio de una maquinaria de detenciones del gobierno de Donald Trump crecientemente agresiva y que en ocasiones se salta el debido proceso de ley.

Luis Carrillo, abogado migratorio de Los Ángeles que integra el grupo que interpuso el reclamo ante la ONU, habló con Univision Noticias acerca de lo que considera un “patrón de abuso” por parte del gobierno contra ciudadanos e inmigrantes.

“En mis 79 años no he visto atropellos de esta magnitud”, dijo Carrillo, quien defiende a nueve ciudadanos estadounidenses que han sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El puñado de casos que defiende Carrillo en California ayudan a ilustrar y entender lo que está sucediendo en todo el país en medio del despliegue de fuerzas de ICE y otras agencias federales para perseguir a inmigrantes indocumentados. A ello se han sumado las órdenes de enviar a miembros de la Guardia Nacional a resguardar instalaciones migratorias federales en ciudades lideradas por demócratas que resisten las medidas de Trump.

"Una decisión repugnante" de la Corte Suprema

En medio de esos operativos han quedado incluso ciudadanos estadounidenses que han sido arrestados temporalmente por agentes que toman en cuenta su color de piel y el lugar donde trabajan. Carrillo lo ve como consecuencia directa de una resolución emitida en septiembre por la Corte Suprema

“Estamos viendo un patrón de abuso en el que golpean a los migrantes y a los estadounidenses y luego presentan cargos falsos”, dijo. “La Corte Suprema le dio luz verde a los agentes de ICE y los agentes de la Patrulla Fronteriza para que pueden detener simplemente por el color de la piel, simplemente porque están buscando chamba en los Home Depots y porque hablan español. Es una decisión repugnante”, consideró Carrillo.

Carrillo se refirió a una decisión de la mayoría conservadora de la Corte Suprema en la que los jueces echaron abajo la resolución de la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong, quien había bloqueado los patrullajes indiscriminados de ICE y otras agencias en el sur de California.

Esa jueza había bloqueado los patrullajes porque, de acuerdo con su fallo, la administración de Trump "está realizando patrullajes itinerantes sin sospecha razonable y negando el acceso a los abogados".

La opinión de Carillo coincide con un escrito de disenso difundido en esa ocasión por Sonia Sotomayor, una de las tres juezas de la minoría liberal del máximo tribunal.

"No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca tener un trabajo mal pagado. En lugar de quedarnos de brazos cruzados mientras se pierden nuestras libertades constitucionales, disiento", escribió Sotomayor.

"Un deterioro de los derechos humanos de la minoría latina en EEUU", según abogado

Carrillo, junto con un grupo de aliados, llevó algunos de los casos que está defendiendo ante las cortes estadounidenses ante la ONU a través de un "llamamiento urgente" para que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos investigue presuntas violaciones a los derechos humanos por las fuerzas federales desplegadas por Trump en el sur de California.

Las violaciones, de acuerdo con la petición ante la ONU, habrían ocurrido durante violentas detenciones de ciudadanos estadounidenses por su color de piel y lugar de trabajo y contra inmigrantes indocumentados.

"Las acciones de los agentes de la policía federal en Estados Unidos han provocado un deterioro de los derechos humanos y violaciones de los derechos humanos de las personas de la minoría latina en Estados Unidos", dice el documento.

Unos de los casos que Carrillo está defendiendo ante las cortes en California y que además está incluido en la queja ante la ONU es el de Cary López Alvarado, una ciudadana estadounidense quien tenía nueve meses de embarazo cuando denuncia que fue detenida de forma agresiva por agentes migratorios en Hawthorne, un suburbio al oeste de Los Ángeles.

López Alvarado, de acuerdo con la queja, fue detenida el 8 de junio violentamente luego de que pidió a agentes federales mostrar una orden judicial para ingresar a una propiedad privada donde un trabajador que era perseguido por los funcionarios había entrado.

La defensa de López sostiene que los agentes de la Patrulla Fronteriza que la esposaron violentamente "no tenían pruebas para acusar a Alvarado de ningún delito, ya que no interfería con los arrestos de otras personas, sino que solicitaba a los agentes que se identificaran y presentaran una orden judicial".

En lugar de mostrar una orden judicial, los agentes "encadenaron" a la mujer por el vientre pese a su avanzado embarazo, "lo que le causó dolor físico y daño emocional” y derivió presuntamente según la denuncia en un "parto prematuro".

La firma de Carrillo exige al gobierno 1 millón de dólares por los daños causados contra la mujer. Los agentes, dice la demanda, “usaron fuerza excesiva e irrazonable contra ella, la maltrataron y la esposaron”.

Una ciudadana "arrestada sin fundamento legal", denuncia su defensa

Otor caso se produjo durante una redada de ICE en el verano pasado en el centro de Los Ángeles, cuando Trump ordenó un despliegue federal en la ciudad. Andrea Vélez, una joven ciudadana estadounidense, fue detenida por agentes encapuchados de ICE.

El caso de Vélez también aparece en la queja ante la ONU y es otro de los casos que Carrillo está defendiendo a nivel local para exigir reparaciones. En el documento presentado ante la ONU, el caso de Vélez es descrito como uno entre "miles" que están multiplicándose en California y en otras regiones de Estados unidos.

"Especialmente desde principios de junio de 2025, cuando comenzó un régimen de terror contra las comunidades latinas en Estados Unidos por orden de la administración Trump", dice el documento.

De acuerdo con la queja, agentes federales arrestaron a Vélez luego de que su madre la dejó en su lugar de trabajo en el centro de Los Ángeles, sin saber que cerca de ahí estaba llevándose a cabo un operativo migratorio.

"Un agente de ICE enmascarado corrió hacia ella y la tiró al suelo. Vélez no era sospechosa de ningún delito y se dirigía al trabajo. Después de que el agente de ICE la empujara al suelo, los agentes la arrestaron sin fundamento legal. Su madre y la hermana de 17 años de Andrea llamaron al 911 para denunciar el secuestro de Andrea", dice la queja.

Vélez luego pidió auxilio a los agentes del Departamento de Policía, que se encontraban cerca del sitio donde estaba siendo esposada. "Llegaron y no investigaron el secuestro de Andrea", dice el documento.

"Incluso después de que esta escapara de la camioneta de ICE y corriera hacia los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles para pedir ayuda. Los agentes del LAPD no la ayudaron y permitieron que los agentes de ICE se la llevaran", sostiene el texto.

Una vez bajo custodia de ICE, la joven permaneció encarcelada durante dos días acusada de cargos criminales que luego fueron desestimados por carecer de sustento, de acuerdo con Carrillo.

Un joven con discapacidad detenido "por error"

El 11 de agosto, varios agentes armados y encapuchados rodearon el vehículo en el que viajaba un joven con discapacidad de 15 años, ciudadano estadounidense, en Arleta, California, junto con su madre.

De acuerdo con la queja interpuesta ante la ONU, en la que se incluye una narración de las acciones contra el joven, cuyo nombre ha sido reservado por la defensa, el menor fue esposado y detenido brevemente por los agentes federales afuera de la escuela secundaria a la que asiste.

“Posteriormente, el joven fue liberado bajo el pretexto de una identidad equivocada, ya que los agentes buscaban a un pandillero adulto”, dice la queja.

De acuerdo con la demanda interpuesta contra el gobierno federal en California, los agentes que detuvieron al joven en un punto le apuntaron con armas mientras su madre trataba de explicar que no era la persona a la que estaban buscando, un individuo presuntamente vinculado con la banda salvadoreña MS-13.

Según la denuncia ante la ONU, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), “afirmó falsamente” luego de la detención que los agentes en realidad buscaban a un sospechoso que era pariente del adolescente discapacitado. “Estas falsas afirmaciones se utilizaron para justificar la inconstitucionalidad”, dice la denuncia.

En una queja interpuesta a nivel local, la firma de Carrillo, que también pide una indemnización millonaria para la familia del joven, sostuvo que la persona a la que buscaban los agentes ni siquiera es pariente del menor.

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